El sindicato exige plazas estables, movilidad compensada y reconocimiento profesional para las educadoras infantiles de los colegios públicos
La Federación de Enseñanza de CCOO de la Región de Murcia ha denunciado la precariedad laboral y el “abandono” que, según sostiene, sufren las educadoras infantiles destinadas a las aulas de dos años de los colegios públicos. El sindicato reclama a la Consejería de Educación que convierta estos puestos en plazas estructurales, regule unas condiciones de movilidad justas y reconozca plenamente las funciones desempeñadas por estas profesionales.
CCOO formuló estas reivindicaciones junto a la Plataforma de Escuelas Infantiles 0-3 pública y privada de la Región de Murcia durante una concentración de protesta convocada para visibilizar las condiciones en las que se está desarrollando la incorporación de las aulas de dos años a los centros públicos de Infantil y Primaria.
Los colectivos convocantes sostienen que la extensión de este servicio educativo no ha venido acompañada de una planificación laboral adecuada. Según la documentación difundida por el sindicato, las educadoras desempeñan funciones permanentes dentro de los colegios, pero continúan dependiendo de nombramientos temporales que se repiten curso tras curso.
CCOO afirma que la Consejería ha vuelto a ofertar estos puestos mediante nombramientos no estructurales por cuarta vez. Para el sindicato, esta fórmula mantiene en la temporalidad a trabajadoras que llevan años desarrollando las mismas tareas y cubriendo necesidades que ya forman parte de la organización ordinaria de los centros educativos.
La organización considera que esta situación contradice la importancia que la propia Administración atribuye a la escolarización temprana. Las aulas de dos años forman parte del primer ciclo de Educación Infantil, una etapa decisiva para el desarrollo emocional, cognitivo, lingüístico y social de los menores, pero las profesionales encargadas de su atención no dispondrían de la estabilidad ni del reconocimiento que exige esa responsabilidad.
“Estamos cansadas del ninguneo profesional al que nos tienen sometidas, no lo merecemos, somos un colectivo clave en el desarrollo temprano de los menores”, ha afirmado Elena Fernández, delegada de CCOO Enseñanza y representante del personal de apoyo educativo.
Las acusaciones y valoraciones proceden de CCOO y de la Plataforma de Escuelas Infantiles. En la documentación remitida no consta la respuesta de la Consejería de Educación a las denuncias sobre temporalidad, desplazamientos, tutorías o ausencia de negociación.
Desplazamientos de hasta 40 kilómetros asumidos por las trabajadoras
Uno de los principales problemas denunciados afecta a las itinerancias entre colegios. CCOO asegura que algunas educadoras tienen asignado un centro base, pero deben desplazarse durante su jornada a otros colegios situados a 20, 30 e incluso 40 kilómetros de distancia.
Según el sindicato, estos desplazamientos se realizan con vehículos particulares y sin que la Administración abone el combustible, el kilometraje, el desgaste del automóvil o el tiempo empleado en los trayectos. Las trabajadoras asumirían así con sus propios recursos el coste de una movilidad impuesta por la organización del servicio.
CCOO califica estas itinerancias como “abusivas” y reclama una regulación clara que determine cuándo pueden establecerse, cómo deben compensarse económicamente y de qué manera se contabiliza el tiempo de desplazamiento dentro de la jornada laboral.
La organización advierte de que el problema no se limita al gasto soportado por las profesionales. Cuando una educadora abandona temporalmente su centro para atender otro colegio, la compañera con la que comparte el aula puede quedar sola al frente del grupo de niños y niñas de dos años.
Esta situación rompe lo que el sindicato denomina la pareja educativa, un modelo basado en la presencia coordinada de dos profesionales para atender las necesidades del alumnado. A estas edades, las tareas educativas se combinan con la alimentación, el aseo, el descanso, la adaptación al centro y la atención individualizada, lo que exige una dotación suficiente durante toda la jornada.
CCOO sostiene que la ruptura de esa pareja pedagógica puede comprometer la calidad de la atención y aumentar la carga de trabajo de quien permanece en el aula. También considera que la organización mediante desplazamientos entre colegios responde a una insuficiencia estructural de personal que la Consejería estaría intentando cubrir sin crear todas las plazas necesarias.
El sindicato reclama que cada aula disponga de los profesionales previstos de forma estable y que las bajas, vacantes o necesidades sobrevenidas se cubran mediante personal adicional, sin recurrir a desplazamientos que debiliten la atención en el centro de origen.
La movilidad tiene además consecuencias sobre la conciliación y la organización personal de las trabajadoras. La necesidad de utilizar un vehículo propio, recorrer decenas de kilómetros y asumir tiempos de viaje variables añade incertidumbre a jornadas ya condicionadas por la atención directa a menores de corta edad.
Los colectivos convocantes insisten en que la implantación de las aulas públicas de dos años no puede apoyarse en el esfuerzo económico y personal de las educadoras. A su juicio, una política presentada como ampliación de derechos educativos debe sostenerse también sobre condiciones laborales dignas para quienes la hacen posible.
Tutorías sin reconocer y negociación bloqueada con Educación
CCOO denuncia igualmente que las educadoras infantiles no tienen reconocido formalmente el ejercicio de la tutoría de las aulas de las que se responsabilizan diariamente. Según la organización, esta función se atribuye administrativamente a personal docente cuya presencia obligatoria en el aula se limitaría a dos horas semanales.
El sindicato considera que existe una contradicción entre la responsabilidad efectiva asumida por las educadoras y el reconocimiento formal de sus funciones. Estas profesionales permanecen a tiempo completo con el alumnado, mantienen la relación cotidiana con las familias y atienden la evolución de los menores, pero no figuran como tutoras del grupo.
Para CCOO, esta situación representa una falta de reconocimiento profesional y dificulta el funcionamiento ordinario de las aulas. La organización reclama una regulación que defina con precisión las competencias de educadoras, maestras y equipos directivos, evitando que la realidad diaria dependa de interpretaciones distintas en cada colegio.
La asignación de la tutoría afecta a cuestiones como la coordinación con las familias, el seguimiento del alumnado, la elaboración de información educativa y la participación en la organización pedagógica del centro. El sindicato entiende que quien asume de manera continuada estas tareas debe contar con un reconocimiento acorde con su responsabilidad.
Otro de los puntos denunciados es el bloqueo de la negociación con la Consejería de Educación. CCOO afirma que la Administración se niega a reunirse con los sindicatos para establecer instrucciones claras sobre el funcionamiento de las aulas de dos años y resolver la aplicación de la Resolución de 16 de junio de 2010 de la Dirección General de Centros.
La organización considera imprescindible abrir una mesa de negociación que aborde la estabilidad de las plazas, las funciones profesionales, la movilidad, la compensación de desplazamientos, la composición de los equipos educativos y los mecanismos de sustitución.
La ausencia de unas instrucciones homogéneas puede provocar, según CCOO, diferencias entre centros y dejar decisiones relevantes en manos de soluciones improvisadas. El sindicato exige que el servicio funcione bajo criterios públicos, conocidos y negociados, tanto para proteger los derechos laborales como para asegurar una atención educativa equivalente en todos los colegios.
CCOO y la Plataforma reclaman la paralización inmediata de las dinámicas que califican de precarias. Su propuesta pasa por convertir los puestos temporales en plazas estables, cubrir adecuadamente las necesidades de cada aula y garantizar que ningún desplazamiento obligatorio sea asumido económicamente por las trabajadoras.
También exigen restaurar la pareja educativa durante toda la jornada, reconocer las funciones realmente desempeñadas por las educadoras y establecer un marco de negociación permanente con sus representantes.
El conflicto pone de manifiesto las dificultades que acompañan a la ampliación del primer ciclo de Educación Infantil cuando el crecimiento de la oferta no se acompaña de plantillas estables y de una regulación suficiente. Para CCOO, la dignificación de las aulas públicas de dos años exige superar una concepción asistencial y reconocer plenamente su dimensión educativa.
El sindicato sostiene que estas profesionales desempeñan una labor esencial durante una etapa especialmente sensible del desarrollo infantil. Por ello, reclama a la Consejería que deje de sostener el servicio mediante nombramientos temporales, desplazamientos sin compensar y responsabilidades que no aparecen reconocidas formalmente.
La protesta pretende mantener la presión sobre la Administración regional hasta que se abra una negociación y se adopten medidas concretas. CCOO insiste en que la mejora del servicio no puede descansar únicamente en ampliar el número de aulas, sino que debe incluir empleo público estable, equipos completos y unas condiciones laborales compatibles con la calidad educativa que necesitan los niños y niñas de dos años.
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