El estudio económico dimensiona 12,5 jornadas equivalentes frente a una plantilla actual de 17 trabajadores en el servicio
El futuro contrato del agua de Caravaca de la Cruz no solo contempla una nueva estructura tarifaria y un canon de 10 millones de euros destinado a deuda municipal. La documentación económico-financiera analizada por LasNoticiasRM también abre un frente laboral de primer orden: el estudio que sirve de base a la futura concesión dimensiona una plantilla mínima equivalente a 12,5 jornadas completas, frente a los 17 trabajadores que actualmente prestan servicio, según la información recabada por este medio.
La diferencia no es menor. Si el anteproyecto continúa tal y como está planteado, el modelo económico del contrato dejaría en el aire aproximadamente 4,5 jornadas equivalentes, lo que en términos prácticos podría afectar hasta a cuatro puestos de trabajo actuales del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento. La documentación no anuncia despidos ni recoge una decisión laboral expresa, pero sí construye el coste de personal sobre una estructura inferior a la plantilla existente.
El Estudio de Viabilidad Económico-Financiera incluye una tabla de “personal adscrito al servicio” en la que se relacionan 14 puestos, pero tres de ellos aparecen imputados solo al 50%. En concreto, el jefe de servicio se computa al 50%, uno de los operarios de red también figura al 50% y uno de los puestos de atención a clientes se incluye igualmente a media dedicación. El resultado real no son 14 jornadas completas, sino 12,5 empleos equivalentes a tiempo completo.
El coste total previsto para esa plantilla asciende a 521.376,53 euros anuales. Esa cifra encaja con una estructura de 12,5 jornadas equivalentes, pero difícilmente permite sostener sin tensión una plantilla de 17 personas con costes laborales completos. Según el análisis realizado por este medio, mantener los 17 trabajadores actuales exigiría una dotación económica sensiblemente superior, en torno a los 700.000 euros anuales si se mantiene un coste medio similar por trabajador.
La cuestión laboral queda así en una zona de incertidumbre. El expediente no explica cómo se integrará la plantilla actual en el futuro contrato, no desarrolla un escenario con 17 trabajadores y, en el Estudio de Viabilidad analizado, no consta una referencia expresa a la subrogación del personal existente. Esa ausencia es relevante porque el servicio de agua no parte de cero: hay trabajadores que ya lo prestan y cuya continuidad debería estar aclarada antes de adjudicar una concesión de 25 años.
Menos peso para personal que en el promedio del sector
La posible pérdida de empleo no se deduce solo del número de jornadas equivalentes. También aparece reflejada en la estructura económica del contrato. El Informe de Propuesta de Estructura de Costes compara la propuesta municipal con las estructuras aportadas por seis operadores del sector: Acciona Agua, Aqlara, Facsa, FCC Aqualia, Gestagua e Hidrogea.
En esa comparativa, el promedio de los operadores sitúa el peso del personal en el 26,91% sobre el presupuesto de ejecución por contrata. Sin embargo, la propuesta del Ayuntamiento lo reduce al 13,94%. Es decir, el modelo económico de Caravaca asigna al personal prácticamente la mitad del peso que, de media, declaran los operadores consultados para este tipo de servicios.
Ese dato es especialmente significativo porque no se trata de una estimación aislada. El propio informe de costes reconoce la comparación entre el promedio de los operadores y la propuesta municipal. Mientras el personal baja de forma muy acusada, otras partidas crecen de manera notable. Los “otros costes indirectos” pasan del 2,85% de promedio de los operadores al 14,78% en la propuesta municipal. Las amortizaciones suben del 5,84% al 17,11%. Y los gastos de estructura, que incluyen gastos generales y beneficio industrial, pasan del 5,99% al 10,43%.
El resultado es un modelo en el que el peso económico de la plantilla se reduce de forma llamativa, mientras aumentan partidas vinculadas a costes indirectos, amortizaciones, canon, avales, insolvencias, gastos financieros y estructura empresarial. La lectura laboral es evidente: el expediente parece priorizar la arquitectura financiera de la concesión por encima de la consolidación del empleo actual.
El Ayuntamiento podría defender que se trata de una plantilla mínima de referencia y que los pliegos definitivos podrán incorporar obligaciones laborales adicionales. Pero esa explicación, si existe, no queda suficientemente desarrollada en la documentación analizada. Lo relevante es que el equilibrio económico del contrato se calcula con 12,5 jornadas equivalentes, no con 17 empleos completos.
Esa diferencia puede tener consecuencias prácticas. Si el futuro adjudicatario estuviera obligado a subrogar a toda la plantilla actual, pero el contrato solo reconoce económicamente una estructura inferior, la tensión podría resolverse de varias formas: amortización progresiva de puestos, no cobertura de bajas, reorganización de funciones, reducción de dedicaciones o futuras reclamaciones de reequilibrio económico. Ninguna de esas hipótesis aparece despejada en el expediente.
En un servicio básico como el abastecimiento de agua y el saneamiento, la plantilla no es una partida secundaria. Los operarios, personal de red, atención a usuarios, lectura, administración, inspección y coordinación sostienen tareas esenciales: reparación de averías, mantenimiento de infraestructuras, control de redes, atención de incidencias, lectura de contadores, gestión de abonados y respuesta ante problemas en pedanías y diseminados.
Caravaca de la Cruz, además, no es un municipio compacto. El propio estudio describe un término municipal extenso, con núcleo urbano principal y una red dispersa de pedanías rurales. Esa dispersión territorial condiciona la prestación del servicio, exige desplazamientos, atención a distintos sistemas de abastecimiento y saneamiento, y hace especialmente sensible cualquier reducción de personal operativo.
Un contrato de 25 años con incertidumbre laboral
La futura concesión del servicio de agua potable y saneamiento se plantea para un periodo de 25 años, el máximo legal previsto para este tipo de concesiones de servicios no sanitarios. La propuesta de la Concejalía de Servicios Públicos al Pleno plantea aprobar inicialmente la estructura de costes, el estudio de viabilidad y el anteproyecto de explotación que servirán de base a la preparación del expediente de contratación.
El informe técnico municipal de supervisión, firmado el 14 de mayo de 2026, concluye que la documentación presenta “un grado suficiente de consistencia técnica, económica y normativa” para continuar con la tramitación. Sin embargo, ese informe valida de forma global el estudio de viabilidad, la estructura de costes y el plan de inversiones, pero no consta en él un análisis específico sobre el impacto laboral de dimensionar el servicio con 12,5 jornadas equivalentes frente a la plantilla actual.
La ausencia de una explicación laboral detallada es uno de los puntos más delicados del expediente. En un contrato que comprometerá el servicio durante un cuarto de siglo, la ciudadanía tiene derecho a conocer no solo cuánto pagará por el agua, sino también qué modelo de servicio se implantará y qué ocurrirá con quienes lo prestan actualmente.
La subrogación de personal suele venir determinada por la normativa laboral aplicable y por los convenios colectivos del sector, pero el problema aquí es económico: si el modelo financiero del contrato no reserva recursos suficientes para la plantilla completa, la continuidad de todos los puestos queda en una posición vulnerable. Una cosa es que exista obligación de subrogar y otra distinta es que el contrato esté dimensionado para absorber sin conflicto a toda la plantilla durante la vida de la concesión.
El expediente tampoco ofrece, en los documentos analizados, una memoria comparativa que explique por qué el servicio puede funcionar con menos jornadas equivalentes que trabajadores actuales, ni qué mejoras tecnológicas, reorganización o cambios operativos justificarían esa reducción. Tampoco se desarrolla un análisis de impacto sobre tiempos de respuesta, averías, mantenimiento preventivo, atención en pedanías o calidad del servicio.
La situación adquiere mayor relevancia al conectarse con el resto de la operación. El contrato incorpora una nueva estructura tarifaria, prevé inversiones obligatorias, incluye un canon anticipado de 10 millones de euros destinado a deuda municipal y estructura una concesión de 25 años. En ese diseño, la plantilla aparece como una de las partidas más contenidas frente al promedio del sector.
Esa combinación permite formular una pregunta incómoda: si los vecinos van a asumir tarifas más altas y el contrato incorpora cargas financieras relevantes, ¿por qué el modelo económico reserva menos peso al personal que el promedio de los operadores consultados y menos jornadas equivalentes que la plantilla actual?
Transparencia antes de comprometer el servicio
El debate laboral no puede quedar relegado a una cuestión interna de la futura empresa adjudicataria. El agua es un servicio público esencial y su calidad depende también de los medios humanos asignados. Una concesión con menos plantilla de la necesaria puede traducirse en peor mantenimiento, más demoras, menor capacidad de respuesta, más externalizaciones o mayor presión sobre los trabajadores que permanezcan.
Por eso, antes de avanzar en la licitación, el Ayuntamiento debería aclarar cuántas personas prestan actualmente el servicio, cuántas serán subrogadas, qué convenio se aplicará, qué coste real tendrá esa subrogación, cómo se financiará dentro del contrato y si existe algún puesto que pueda quedar fuera del modelo económico previsto. También debería explicar por qué el estudio reduce el peso del personal respecto al promedio del sector y cómo afectará esa decisión a la calidad del servicio en el casco urbano y las pedanías.
La documentación disponible permite afirmar que el futuro contrato deja abiertas dudas relevantes sobre el empleo actual. No hay en el expediente analizado una afirmación expresa de que vayan a producirse despidos, pero sí una estructura económica que no parece presupuestar las 17 jornadas completas que corresponderían a la plantilla actual. Esa diferencia es suficiente para exigir explicaciones públicas antes de que el contrato avance.
El Ayuntamiento guarda silencio
LasNoticiasRM solicitó aclaraciones al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz sobre el impacto laboral del expediente, la plantilla actual, la subrogación prevista y la diferencia entre los 17 trabajadores actuales y las 12,5 jornadas equivalentes recogidas en el estudio económico. Sin embargo, a la fecha de publicación de esta información no se había recibido respuesta alguna.
El futuro del agua en Caravaca no se juega solo en las tarifas ni en el canon de 10 millones. También se juega en los trabajadores que cada día sostienen el servicio. Si el anteproyecto continúa tal y como está redactado, hasta cuatro empleos actuales podrían quedar en el aire por un modelo económico que dimensiona menos personal del que hoy presta el servicio.
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