El Partido Cantonal denuncia que los centros anunciados para La Palma, La Aljorra y Molinos Marfagones siguen sin ejecutarse
El Partido Cantonal de Cartagena ha denunciado que la alcaldesa, Noelia Arroyo, mantiene pendientes las tres residencias de mayores que prometió durante la campaña electoral de 2023 para La Palma, La Aljorra y Molinos Marfagones. Según el PCAN, el Gobierno local del PP ni siquiera ha licitado ninguno de los centros anunciados cuando faltan apenas diez meses para las próximas elecciones municipales.
La formación cantonal sostiene que estos compromisos electorales han quedado, por ahora, “en nada”, pese a tratarse de equipamientos sociales destinados a atender una necesidad especialmente sensible en diputaciones con población envejecida y personas con distintos grados de dependencia. El comunicado está firmado por Antonio Conesa Meroño, secretario de organización del Partido Cantonal de Cartagena, que acusa al Ejecutivo local de incumplir tres de sus principales promesas en materia de atención social.
El caso más avanzado sobre el papel, según el PCAN, sería el de La Palma. El Ayuntamiento de Cartagena anunció en diciembre de 2023, a través del portal municipal, la apertura del proceso de recepción de ofertas para licitar el proyecto arquitectónico y la dirección de obra de una residencia de mayores en esta diputación. El presupuesto base ascendía a 150.000 euros y procedía de una subvención de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.
Sin embargo, la formación cantonal denuncia que desde entonces no se ha informado de evolución alguna en la contratación de estos trabajos, pese a que el plazo de presentación de propuestas concluyó cuatro meses después de su exposición pública. El PCAN sostiene que la falta de información y de avances reales deja en el aire un proyecto que el propio Gobierno local había presentado como respuesta a una demanda histórica de los vecinos de La Palma.
La denuncia introduce un nuevo frente político en Cartagena sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de Noelia Arroyo en las diputaciones. En este caso, no se trata de una actuación menor, sino de infraestructuras sociosanitarias que afectarían directamente a personas mayores, familias cuidadoras y vecinos que actualmente deben buscar recursos asistenciales fuera de su entorno.
La residencia de La Palma, el proyecto más avanzado sobre el papel
Según el comunicado del Partido Cantonal, la residencia prevista en La Palma era la que más cerca estuvo de convertirse en realidad. El proyecto se planteaba sobre un solar municipal de 1.500 metros cuadrados situado entre las calles Antonio Serrano, La Viña y la carretera RM-311, vía de acceso al polígono industrial de la localidad.
La propia alcaldesa, siempre según la versión recogida por el PCAN, habría calificado esta futura residencia como una “demanda histórica de los residentes en La Palma”. El centro proyectado tendría un máximo de diecinueve habitaciones de carácter individual y doble, además de ocho aseos, conforme al pliego de condiciones citado por la formación.
La necesidad de este equipamiento se vincula a la realidad demográfica de la diputación. El PCAN subraya que en La Palma existe un alto porcentaje de población mayor, buena parte de ella con importantes grados de dependencia. Para estas personas, la existencia de una residencia cercana supondría una mejora de su calidad de vida, una mayor autonomía personal, más posibilidades de convivencia activa y una atención integral adaptada a sus necesidades.
La falta de un recurso de estas características obliga actualmente, según el Partido Cantonal, a que muchas familias tengan que acudir a centros especializados lejos de sus domicilios. Esa distancia genera perjuicios añadidos en la conciliación familiar y laboral, dificulta las visitas y separa a las personas mayores de su entorno cotidiano, de sus redes vecinales y de sus vínculos familiares más próximos.
El debate de fondo va más allá de una promesa electoral incumplida. Afecta a cómo se planifican los servicios sociales en un municipio extenso, con diputaciones que reclaman equipamientos propios y que no pueden depender siempre de recursos centralizados en el casco urbano o en otros puntos del término municipal.
La residencia de La Palma había generado expectativas precisamente porque parecía contar con una primera tramitación administrativa y una dotación económica inicial para redactar el proyecto y dirigir las obras. La denuncia del PCAN apunta a que, después de ese anuncio, el expediente habría quedado paralizado o, al menos, sin avances públicos conocidos.
La Aljorra y Molinos Marfagones, sin proceso iniciado
La situación de las residencias anunciadas para La Aljorra y Molinos Marfagones sería aún más preocupante, según el Partido Cantonal. La formación afirma que el Ayuntamiento de Cartagena “jamás inició” el proceso administrativo de licitación para estos dos centros, pese a que formaban parte de los compromisos electorales de Noelia Arroyo en 2023.
Ese retraso sitúa ambos proyectos en una fase todavía más incierta que el de La Palma. Si no existe licitación, ni proyecto arquitectónico, ni dirección de obra contratada, ni calendario público, resulta difícil pensar que las residencias puedan convertirse en una realidad antes de que termine el mandato municipal.
El PCAN interpreta esta falta de avances como una señal de que las tres promesas electorales en materia de atención social pueden quedar sin ejecución. En su comunicado, la formación utiliza una expresión especialmente gráfica al señalar que, ante la cercanía de los comicios de la próxima primavera, estos compromisos corren el riesgo de quedar “disueltos como un azucarillo en el café”.
La Aljorra y Molinos Marfagones forman parte de esa Cartagena de diputaciones que a menudo reclama inversiones, servicios públicos y equipamientos de proximidad. La promesa de residencias de mayores en estas zonas respondía a una necesidad social creciente: ofrecer recursos asistenciales cerca del lugar de vida de las personas mayores y evitar que las familias tengan que desplazarse a otros municipios o a centros alejados.
En un contexto de envejecimiento progresivo de la población, las residencias y los centros de atención a mayores no pueden tratarse únicamente como anuncios de campaña. Requieren planificación, financiación, suelo, proyectos técnicos, licitación, ejecución, dotación de personal y posterior gestión. Cada fase exige tiempo y control público. Por eso, la ausencia de avances resulta especialmente relevante cuando se acerca el final del mandato.
La denuncia del Partido Cantonal también interpela al Gobierno regional, en la medida en que parte de la financiación anunciada para La Palma procedía de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Sin embargo, el foco político del comunicado se dirige principalmente al Gobierno local de Cartagena y a la alcaldesa, a quienes el PCAN responsabiliza de no haber impulsado la ejecución de estos compromisos.
Mayores, dependencia y promesas electorales
La atención a las personas mayores se ha convertido en uno de los grandes retos sociales de los municipios. El aumento de la esperanza de vida, la dispersión territorial, la dependencia y las dificultades de conciliación familiar hacen que los recursos de proximidad sean cada vez más necesarios. En ese contexto, las residencias prometidas para La Palma, La Aljorra y Molinos Marfagones no eran meros equipamientos simbólicos, sino respuestas concretas a necesidades reales de las diputaciones.
El PCAN pone el acento en que las personas mayores necesitan servicios que mejoren su calidad de vida, favorezcan su autonomía y permitan una atención integral. Cuando esos recursos no existen cerca, las familias deben asumir desplazamientos, reorganizar cuidados o recurrir a centros alejados. Esa situación afecta tanto a las personas dependientes como a quienes se hacen cargo de su acompañamiento diario.
La denuncia llega además en un momento en el que las políticas de cuidados están en el centro del debate público. Los municipios no tienen todas las competencias en materia de dependencia, pero sí pueden impulsar equipamientos, ceder suelo, promover proyectos, reclamar financiación y exigir a otras administraciones que cumplan compromisos. Por eso, las promesas electorales sobre residencias de mayores adquieren una dimensión especialmente sensible.
El Partido Cantonal cuestiona que el Gobierno local haya utilizado estos proyectos como compromisos de campaña sin haber garantizado después su tramitación efectiva. La crítica apunta directamente a la credibilidad de la palabra dada por la alcaldesa y a la diferencia entre anunciar equipamientos y ejecutarlos dentro del mandato.
El Ayuntamiento de Cartagena no ha ofrecido en la documentación remitida por el PCAN una versión sobre el estado actual de estos proyectos. La formación cantonal sostiene que ninguna autoridad municipal ha informado de avances en la contratación del proyecto de La Palma desde el cierre del plazo de presentación de propuestas, y que en La Aljorra y Molinos Marfagones ni siquiera se habría iniciado la licitación.
La falta de información pública alimenta la preocupación vecinal y política. Si los proyectos continúan vivos, el Gobierno local debería explicar en qué fase se encuentran, qué trámites se han completado, qué obstáculos han surgido y cuál es el calendario previsto. Si, por el contrario, han quedado aparcados, la ciudadanía tiene derecho a saber por qué no se han ejecutado compromisos presentados en campaña electoral como respuesta a necesidades sociales.
A diez meses de las próximas elecciones, el balance que plantea el PCAN es contundente: tres residencias prometidas, ninguna licitada y una sola con un primer movimiento administrativo que no habría tenido continuidad pública. La denuncia sitúa a Noelia Arroyo ante una pregunta incómoda sobre el cumplimiento de sus compromisos con las diputaciones y con las personas mayores.
Las residencias de La Palma, La Aljorra y Molinos Marfagones se han convertido así en un nuevo símbolo del debate sobre la Cartagena pendiente: la de los barrios y diputaciones que reclaman servicios de proximidad y que ven cómo muchos anuncios no se traducen en obras, plazas ni atención real. El PCAN exige explicaciones y advierte de que, si no hay avances, las promesas sociales de la alcaldesa llegarán al final del mandato sin haberse convertido en hechos.
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