Caridad Rives afirma que la nueva financiación estatal permitirá reforzar cuidados, ayuda a domicilio y teleasistencia
La diputada nacional del PSOE Caridad Rives ha defendido que el Gobierno de España ha reforzado su compromiso con la mayor financiación de la historia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con una inversión que, según ha explicado, alcanzará los 7.239 millones de euros en 2027. La parlamentaria socialista ha contrapuesto ese incremento de recursos con la situación de la Región de Murcia, donde acusa al Gobierno de Fernando López Miras de mantener a más de 14.000 personas dependientes esperando sus derechos.
Rives ha señalado en rueda de prensa que la financiación estatal pasará de 3.757 millones de euros en 2025 a 5.513 millones en 2026, lo que supone, según ha indicado, “la mayor aportación realizada nunca por la Administración General del Estado al Sistema de Dependencia”. La diputada ha defendido que esta inversión permitirá reforzar la ayuda a domicilio, consolidar la teleasistencia como un derecho, ampliar los apoyos para que las personas puedan seguir viviendo en su entorno, compatibilizar prestaciones y dignificar los cuidados.
La socialista ha recordado que, desde los 1.347 millones de euros del último año de Mariano Rajoy, la financiación del sistema ha experimentado un crecimiento que ha calificado de “exponencial”. Según sus datos, en 2026 la participación del Estado en la financiación del sistema de dependencia se situará en el máximo histórico, con alrededor del 40,4% de la inversión total, y permitirá superar el 50% en el ejercicio presupuestario de 2027.
“Desde el PSOE lo tenemos muy claro, nuestro objetivo político es mejorar la vida de las personas, lo hemos hecho subiendo el Salario Mínimo Interprofesional, subiendo las pensiones, creando empleo y lo volvemos a hacer mejorando tanto la ley de Dependencia como su financiación”, ha remarcado Rives.
La diputada socialista ha enmarcado la nueva financiación en el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España para fortalecer el sistema de dependencia. A su juicio, el incremento presupuestario debe servir para consolidar un modelo más centrado en la vida independiente, la permanencia en el entorno habitual y la participación en la comunidad, además de mejorar las condiciones de quienes prestan los cuidados.
La Región, con 551 días de espera media
Rives ha situado el foco en la Región de Murcia, a la que ha definido como la comunidad autónoma con mayor retraso en la tramitación de la dependencia. Según la diputada socialista, las personas dependientes esperan de media 551 días para acceder a la atención, frente a los 314 días de media nacional. Esa diferencia, ha advertido, revela una gestión autonómica que deja a miles de familias en una situación de abandono.
“Mientras tanto, López Miras abandona a su suerte a las personas dependientes de la Región, que es la comunidad autónoma con mayor retraso en la tramitación de la dependencia, con una media de espera de 551 días, un año y medio, frente a los 314 días, cinco meses, de media de espera nacional”, ha señalado.
La diputada ha vinculado esta situación a la falta de una hoja de ruta por parte del Ejecutivo regional. Según Rives, el Gobierno murciano no ha explicado qué medidas piensa adoptar para reducir las listas de espera, mejorar el sistema, reforzar las prestaciones o dignificar las condiciones laborales del sector. Para la socialista, la llegada de más financiación estatal obliga ahora al Ejecutivo autonómico a asumir responsabilidades y a presentar un plan concreto.
Rives ha destacado que la Región recibirá 146 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. Según ha afirmado, si López Miras “supiera gestionar la Región”, solo con esos recursos podría conseguir que cerca de 5.000 personas salieran de la lista de espera de la dependencia. Esas 5.000 personas formarían parte, según la diputada, de las más de 14.000 que actualmente tienen que esperar año y medio para obtener este derecho.
La dependencia no es un trámite administrativo más. Detrás de cada expediente hay personas mayores, personas con discapacidad, familias cuidadoras y situaciones de vulnerabilidad que no pueden esperar indefinidamente. Una demora de año y medio implica, en muchos casos, cuidados asumidos en solitario por las familias, agravamiento de situaciones personales, sobrecarga emocional y pérdida de autonomía.
El dato de los 551 días sitúa a la Región de Murcia en una posición especialmente grave dentro del sistema estatal. La diferencia con la media nacional refuerza el argumento socialista de que el problema no se debe únicamente a falta de financiación, sino también a una gestión autonómica que, según el PSOE, no ha sabido reducir los retrasos ni garantizar una respuesta ágil a quienes ya tienen reconocido o solicitado un derecho.
Más financiación para transformar el sistema
La nueva financiación estatal, según Rives, debe permitir un cambio profundo en el sistema de cuidados. La diputada ha explicado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España permitirá reforzar la ayuda a domicilio, una prestación clave para que muchas personas puedan seguir viviendo en su casa y en su entorno comunitario. También ha destacado la consolidación de la teleasistencia como un derecho, una herramienta especialmente importante en municipios rurales, pedanías y zonas con población envejecida.
La parlamentaria socialista ha defendido además que se ampliarán los apoyos para que las personas puedan permanecer en su entorno si así lo desean. Ese enfoque conecta con una demanda creciente de muchas familias y colectivos: que la dependencia no se traduzca automáticamente en institucionalización, sino que ofrezca alternativas reales para vivir con autonomía, apoyos suficientes y cuidados dignos en el domicilio o en la comunidad.
Rives ha señalado también que la nueva normativa facilitará la compatibilidad de prestaciones, un aspecto relevante para evitar que las personas dependientes tengan que elegir entre apoyos que, en muchos casos, deberían ser complementarios. La compatibilidad puede permitir itinerarios más flexibles y adaptados a cada situación personal, combinando ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día u otros recursos.
La diputada ha defendido que el sistema debe poner el foco en la vida independiente y en la participación en la comunidad. Ese cambio de perspectiva sitúa a las personas dependientes como titulares de derechos y no solo como beneficiarias de prestaciones. En ese marco, la financiación no puede limitarse a sostener estructuras existentes, sino que debe impulsar un modelo más cercano, más ágil y más humano.
La socialista ha criticado la posición del Partido Popular durante la tramitación. Según ha afirmado, el PP votó en contra durante todo el proceso y, ya “en el tiempo de descuento” y cuando sus votos eran innecesarios, votó a favor del Real Decreto de financiación y se abstuvo en la ley. Para Rives, esa actitud evidencia una contradicción entre el discurso público del PP y su comportamiento parlamentario cuando se trata de reforzar el sistema de dependencia.
En clave regional, la diputada ha insistido en que el Gobierno murciano no puede limitarse a recibir más fondos sin explicar cómo los va a utilizar. El incremento de financiación, ha sostenido, debe traducirse en reducción de listas de espera, mejora de prestaciones y condiciones laborales dignas para quienes trabajan en el sector de los cuidados.
Personas que fallecen esperando respuesta
Uno de los datos más duros aportados por Rives se refiere a las personas que fallecen mientras esperan respuesta en el sistema de dependencia. Según la diputada socialista, en 2025 murieron 1.388 personas en la Región de Murcia esperando una contestación, y en el primer semestre de 2026 se han sumado otras 727 personas más.
La cifra sitúa el problema en una dimensión humana que va más allá de los porcentajes, los presupuestos o las comparaciones administrativas. Cuando una persona fallece esperando una prestación, el sistema no solo llega tarde: fracasa en su objetivo principal, que es garantizar apoyos a tiempo para vivir con dignidad. Esa es la crítica central del PSOE al Ejecutivo de López Miras.
“En el PSRM somos muy conscientes de que detrás de cada prestación hay personas que solo reclaman vivir con dignidad y en esta Región no encuentran dignidad, solo encuentran el abandono de López Miras”, ha concluido Rives.
La denuncia socialista se produce en un momento en el que el debate sobre la dependencia vuelve al primer plano político. La llegada de más financiación estatal abre una oportunidad para corregir retrasos, reforzar servicios y mejorar las condiciones de los cuidados. Pero también coloca bajo mayor presión al Gobierno regional, que deberá demostrar si es capaz de convertir esos recursos en derechos efectivos para las personas que esperan.
Rives ha acusado a López Miras de carecer de un plan de gobierno y de un modelo de región en materia de dependencia. “Explicar medidas de gobierno implicaría tener un plan de gobierno, un modelo de región, y los datos en dependencia demuestran claramente que el PP ni lo tiene ni está dispuesto a trabajar por las más de 14.000 personas dependientes que esperan sus derechos”, ha afirmado.
La financiación anunciada por el Gobierno de España puede marcar un punto de inflexión, pero su impacto real dependerá de la gestión autonómica. En la Región de Murcia, donde el PSOE denuncia los mayores retrasos del país y miles de personas pendientes de atención, el reto no es solo presupuestario. Es también político, administrativo y moral: que el derecho a la dependencia deje de llegar tarde para demasiadas familias.
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