Relato caducado

«La UDEF ya habla de un segundo stent caducado implantado y el Gobierno regional sigue negando la mayor y vendiendo tranquilidad en conserva«

Había una frase perfecta para cerrar este asunto antes de tiempo: “no se han implantado prótesis caducadas”. Era limpia, cómoda, redonda, con esa musicalidad de argumentario recién plastificado que tanto gusta en los gobiernos cuando el suelo empieza a crujir. El problema es que la realidad, como las prótesis, también tiene fecha de caducidad. Y en este caso la que parece haber caducado no es solo una pieza sanitaria, sino el relato entero del Gobierno regional.

Esta semana conocimos un dato nuevo que cambia el volumen político del escándalo. Según han confirmado varios medios de comunicación, la UDEF ha localizado un nuevo caso de implantación de un stent caducado en la investigación sobre la presunta trama de prótesis vasculares utilizada en intervenciones derivadas por el Servicio Murciano de Salud. El informe policial, remitido al Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, apuntaría a que un paciente recibió un stent cuya fecha de caducidad había vencido semanas antes de la operación. La intervención se habría realizado el 29 de junio de 2023 y el dispositivo habría caducado el 8 de junio de ese mismo año. Es decir, 21 días antes de ser implantado.

Hasta ahora, la defensa política del Gobierno de López Miras había consistido en intentar convertir el caso en una estafa de oficina: papeles, facturas, códigos, proveedores, importes inflados, material cobrado por un lado y usado por otro. Todo muy feo, sí, pero lejos del cuerpo del paciente. El mensaje venía a ser: tranquilos, puede que alguien haya hecho caja, pero los cuerpos están a salvo. Una especie de fraude con bata, pero sin sangre. Qué alivio. Qué delicadeza. Qué manera tan quirúrgica de pedirnos que no miremos demasiado la cicatriz.

El problema es que la UDEF no está escribiendo un folleto de autoayuda institucional. Los investigadores ya habían detectado al menos una prótesis caducada implantada en el marco de la investigación sobre el presunto fraude millonario al SMS, mantenido durante años y relacionado con la compra de material cardiovascular. Ahora aparece otro caso. Y no aparece en una tertulia, ni en un panfleto, ni en la imaginación febril de la oposición. Aparece, según las informaciones conocidas, en un informe policial incorporado a la causa judicial.

Además, los investigadores han pedido autorización judicial para revisar en profundidad centenares de intervenciones y extender las comprobaciones a cientos de procedimientos realizados por el mismo facultativo mediante derivaciones del SMS. Ese detalle es importante porque desmonta la tentación oficial de tratar cada novedad como una anécdota aislada. Cuando la Policía pide seguir tirando del hilo no es porque el ovillo esté perfectamente ordenado. Es porque todavía puede haber más lana bajo la alfombra.

La tranquilidad como anestesia general

La respuesta del Gobierno regional ha sido, de nuevo, un ejercicio de contorsionismo verbal. La portavoz del Ejecutivo afirmó que la Comunidad no había recibido oficialmente el último informe policial y que, según la información disponible para la Administración, no se habían producido incidencias clínicas relacionadas con las prótesis. Traducido del dialecto administrativo al idioma común: no sabemos nada oficialmente, pero sigan ustedes tranquilos.

Aquí conviene detenerse, porque la frase tiene truco. “No hemos recibido el informe” y “no constan daños clínicos” no son respuestas equivalentes a “no ocurrió”. Son más bien el equivalente político a esconderse detrás de la cortina y anunciar desde ahí que en el salón no hay nadie. Puede que jurídicamente sea prudente. Puede que administrativamente sea exacto. Pero políticamente suena a otra cosa: a seguir apretando el botón de la calma mientras la UDEF va poniendo encima de la mesa piezas que ya no encajan con el relato inicial.

Porque el Gobierno regional lleva semanas pidiendo tranquilidad. Tranquilidad a los pacientes. Tranquilidad a las familias. Tranquilidad a los profesionales. Tranquilidad a todo el mundo. La tranquilidad, en principio, es una virtud. En sanidad, además, puede ser necesaria. Pero cuando la tranquilidad se usa para evitar respuestas, deja de ser prudencia y empieza a parecer anestesia general. Y lo malo de la anestesia es que, si se alarga demasiado, alguien tiene que explicar quién la puso, por qué y con qué dosis.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, defendió en la Asamblea Regional que el fraude era “puramente económico” y que se limitaba a la adquisición y facturación de material sanitario. También sostuvo que no se había constatado la existencia de episodios clínicos relacionados con la implantación de material caducado. Esa línea argumental podía servir para ganar unas horas, quizá unos días, pero cada nuevo dato conocido la deja más tocada.

Porque una cosa es no tener constancia de daños clínicos y otra muy distinta es que no haya existido riesgo. Una cosa es no haber recibido oficialmente un informe y otra actuar como si las informaciones conocidas no obligaran a dar más explicaciones. Una cosa es pedir prudencia y otra utilizar la prudencia como un biombo para tapar la falta de transparencia.

Solo se habría revisado una parte de las intervenciones bajo sospecha. Esa idea debería estar escrita en letras enormes en la puerta de cada despacho desde el que se haya intentado zanjar este asunto con una frase tranquilizadora. Porque cuando uno ha mirado únicamente una pequeña parte del cuadro, lo prudente no es proclamar que el paisaje es precioso. Lo prudente es seguir mirando. Y, sobre todo, no enfadarse con quien pregunta si detrás del marco hay humedad.

La Consejería también ha insistido en que fue la propia administración sanitaria quien denunció el posible fraude, que las investigaciones están vinculadas a un presunto fraude económico y que los hospitales y centros concertados disponen de normas, procedimientos y sistemas de calidad para garantizar la asistencia. Muy bien. Perfecto. Magnífico. Pero si los controles funcionaban tan bien, la pregunta es bastante sencilla: ¿cómo se cuela un segundo stent caducado? Y si no se coló, si estaba perfectamente controlado, la pregunta es todavía peor: ¿quién lo sabía, cuándo lo supo y qué hizo con esa información?

Porque en este caso hay un abismo entre detectar un incremento de facturación y garantizar que ningún paciente recibió material caducado. Lo primero habla de dinero. Lo segundo habla de cuerpos. Y cuando el dinero y los cuerpos aparecen mezclados en una causa judicial, lo mínimo exigible a un Gobierno no es que reparta tila institucional, sino que abra ventanas, enseñe papeles y deje de tratar las preguntas como si fueran mosquitos.

La trazabilidad que llegó tarde

Uno de los conceptos que más se ha repetido estos días es “trazabilidad”. Suena técnico, limpio, casi tranquilizador. Pero la trazabilidad, traducida al lenguaje normal, significa algo mucho más sencillo: saber qué se compró, qué se facturó, qué se implantó, a quién, cuándo, con qué lote, con qué caducidad y con qué control. En sanidad, esa cadena no es un lujo burocrático. Es la diferencia entre poder avisar a un paciente con rapidez o quedarse rebuscando entre expedientes como quien busca un calcetín perdido.

Y esa cacareada trazabilidad ahora mismo está en cuestión. ¿Cómo se puede obtener la trazabilidad de unas protesis que no existen sobre el papel? ¿Qué seguimiento se puede hacer al material implantado si presuntamente falsificaban sus datos? ¿Cómo puede afirmar la consejería que está revisando caso a caso si no es posible conocer qué prótesis se implantaron en cada intervención quirúrgica?.

La propia consejera anunció la creación de un Registro Regional de Prótesis Implantables como elemento fundamental para la trazabilidad. También dijo que se había reforzado el servicio de Inspección Sanitaria y que se había creado una unidad específica para reforzar el control económico del sistema regional de salud. La medida puede ser necesaria. Incluso positiva. Pero tiene un punto de humor negro involuntario: crear ahora un registro para mejorar la trazabilidad después de que la UDEF haya tenido que pedir revisar cientos de intervenciones porque no se puede descartar que haya más casos.

Es como instalar una alarma después del robo, reunir a los vecinos y presumir de que el portal ya tiene cerradura. Hombre, gracias. Pero igual conviene hablar también de cómo entraron.

El problema de fondo no es solo si hubo un producto caducado, dos o los que eventualmente determine la investigación judicial. El problema es que el Gobierno regional ha intentado durante semanas llevar el debate al terreno que menos daño le hacía: el fraude económico. Como si una presunta trama que durante años habría manipulado compras, facturas, códigos y material sanitario pudiera aislarse de la seguridad del paciente por decreto verbal.

No se trata de afirmar lo que no está probado. No se trata de condenar antes que el juez. No se trata de convertir cada sospecha en sentencia. Pero tampoco se puede permitir que un Gobierno use la presunción de inocencia de los investigados como coartada para su propia presunción de buena gestión. Son planos distintos. La justicia decidirá responsabilidades penales. La política debe responder por los controles, por la transparencia, por las derivaciones, por la información a los pacientes y por la confianza pública.

Y ahí el Ejecutivo de López Miras vuelve a moverse como siempre que la crisis exige algo más que una foto: tarde, mal y con argumentario. Primero se minimiza. Luego se acusa a la oposición de alarmar. Después aparece un informe que empeora el cuadro. Entonces se dice que no se conoce oficialmente. Y, mientras tanto, las familias siguen mirando las noticias con una pregunta clavada: ¿y si fui yo?, ¿y si fue mi padre?, ¿y si fue mi madre?, ¿y si nadie me lo ha dicho todavía?

Ese es el otro lado del expediente. El lado que no cabe en una rueda de prensa de cinco minutos. Detrás de cada “no constan daños clínicos” hay personas que no quieren un eslogan, sino una explicación. No quieren que les digan que todo está controlado; quieren poder comprobarlo. No quieren que les pidan confianza; quieren trazabilidad. La confianza, en sanidad, no se exige. Se merece.

El relato ya no aguanta otro implante

Lo más grave para López Miras y Ayala no es solo que aparezca un segundo caso constatado por los investigadores. Lo más grave es que cada novedad conocida obliga a reescribir la versión oficial anterior. Si ayer era un fraude económico sin pacientes afectados, hoy ya hablamos de al menos dos stents caducados localizados por la investigación. Si ayer el Gobierno pedía no generar alarma, hoy la UDEF pide revisar más operaciones. Si ayer los controles funcionaban, hoy los investigadores quieren saber hasta dónde llegó el agujero. El relato se ha quedado sin sutura.

Y ahí está la clave política del asunto. Una administración puede ser víctima de un fraude. Puede haber funcionarios, médicos, intermediarios o proveedores que presuntamente hayan actuado contra el interés público. Eso lo tendrá que determinar la justicia. Pero una administración no puede ser víctima de su propia opacidad. No puede presentarse como perjudicada económica y, al mismo tiempo, pretender que nadie le pregunte por la protección de los pacientes. No puede decir “nosotros denunciamos” como si esa frase borrara años de funcionamiento de un sistema que permitió que todo esto estuviera bajo sospecha.

Tampoco ayuda que, cada vez que se pide una explicación política, el Gobierno regional saque el viejo ventilador de la conspiración. Que si la oposición instrumentaliza. Que si se quiere alarmar. Que si hay que dejar trabajar a la justicia. Todo eso estaría muy bien si no fuera porque la ciudadanía también tiene derecho a saber. Y porque dejar trabajar a la justicia no significa dejar descansar al Gobierno.

De hecho, cuanto más avance la investigación judicial, más debería avanzar la transparencia política. ¿Cuántos pacientes han sido informados directamente? ¿Cuántas historias clínicas se han revisado? ¿Qué criterios se están utilizando? ¿Qué centros privados participaron en las derivaciones? ¿Qué controles fallaron? ¿Cuándo supo cada responsable político lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué se sostuvo públicamente durante tanto tiempo que no había implantaciones caducadas si la propia UDEF ya había advertido de sospechas? ¿Qué garantías tienen hoy los pacientes de que la trazabilidad es completa?

Estas preguntas no son alarmismo. Son higiene democrática. Y, en este caso, también sanitaria.

El Gobierno regional necesita entender algo muy básico: cuando hablamos de prótesis caducadas, no hablamos de yogures en una nevera de consejería. Hablamos de dispositivos implantados en personas. De pacientes que llegaron al sistema público buscando solución a un problema de salud y que hoy pueden estar preguntándose si fueron atendidos con todas las garantías. Hablamos de una sanidad pública cuya credibilidad no puede depender de comunicados defensivos ni de comparecencias a la fuga.

Por eso el segundo stent caducado es mucho más que un dato nuevo. Es la prueba de que el asunto no podía despacharse con una frase. Es el recordatorio de que la verdad no se archiva porque incomode. Es la confirmación de que el relato oficial, ese que venía envuelto en tranquilidad y supervisión continua, empieza a parecerse demasiado a lo que pretendía negar: algo que ha superado su fecha de uso preferente.

A López Miras y a Ayala se les ha caducado el relato. Y, a diferencia de lo que presuntamente ocurrió con algunos dispositivos sanitarios, este ya no deberían intentar colocárselo a nadie.

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