El sindicato reclama que los nuevos fondos estatales se traduzcan en más plantilla, mejores salarios y reducción de las listas de espera

UGT Servicios Públicos ha advertido al Gobierno de la Región de Murcia de que la financiación adicional aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados para la Ley de Dependencia no puede utilizarse para “cuadrar cuentas regionales”, sino para transformar un modelo que el sindicato considera agotado, con demoras medias de 552 días para recibir atención y una tasa de desatención cercana al 19%.
La organización sindical ha reaccionado así tras la aprobación de una inyección de 6.200 millones de euros para el sistema de dependencia. Para UGT Servicios Públicos, la cantidad que corresponda a la Región de Murcia debe convertirse en una mejora real para las personas dependientes, sus familias y los profesionales que sostienen los cuidados, y no en una vía para que la Comunidad Autónoma reduzca su propio esfuerzo presupuestario.
El sindicato considera que la nueva financiación puede suponer “sobre el papel, una revolución”, pero advierte de que el resultado dependerá exclusivamente de cómo ejecute esos fondos el Ejecutivo regional. En su comunicado, UGT resume su posición con una idea central: el dinero debe llegar a las personas y no quedarse “por el camino en la maquinaria administrativa”.
“No vamos a permitir que el dinero que viene de Madrid sirva para que la Comunidad Autónoma se ahorre su parte. Exigimos una adición presupuestaria real. Si el Estado aumenta la financiación, el Gobierno regional debe mantener la suya. Ni un euro menos, ni una maniobra contable para maquillar otros agujeros”, ha señalado Lola Vilella, responsable del área de Dependencia de UGT Servicios Públicos en la Región de Murcia.
La advertencia del sindicato apunta a uno de los grandes riesgos de las transferencias finalistas o vinculadas a políticas sociales: que el incremento estatal no se traduzca en una mejora equivalente del sistema, sino que sea absorbido por ajustes presupuestarios, sustitución de fondos autonómicos o falta de ejecución efectiva. UGT reclama que la llegada de dinero nuevo sirva para ampliar derechos y reforzar servicios, no para aliviar otras partidas de la administración regional.
552 días de espera y un sistema bajo presión
UGT Servicios Públicos sitúa el diagnóstico de la dependencia en la Región de Murcia en términos especialmente duros. Según la organización, la espera media para que una persona reciba atención alcanza los 552 días, mientras la tasa de desatención se aproxima al 19%. Para el sindicato, esas cifras reflejan una gestión “insostenible” y evidencian que la nueva financiación debe servir para corregir de manera urgente los déficits acumulados.
Vilella sostiene que “la paciencia tiene un límite” y que la Región tiene ahora una “oportunidad de oro para limpiar este expediente y dejar de marear a las familias murcianas”. La frase resume el malestar de muchas personas dependientes y de sus familias, que se enfrentan a procesos largos, trámites complejos, valoraciones demoradas y retrasos que pueden convertir un derecho reconocido en una prestación que llega tarde.
La dependencia no es una política menor. Afecta a personas mayores, personas con discapacidad, familias cuidadoras, profesionales de ayuda a domicilio, residencias, servicios sociales municipales y administración autonómica. Cada retraso administrativo tiene una consecuencia directa en la vida cotidiana: cuidados que no llegan, familias que asumen solas una carga excesiva, personas mayores sin apoyos suficientes y trabajadores sometidos a plantillas ajustadas y condiciones laborales precarias.
Por eso UGT exige que los nuevos fondos se dirijan de forma prioritaria a reforzar el sistema público de atención. El sindicato reclama partidas específicas para aumentar estructuralmente las plantillas de personal técnico, valoradores y trabajadores sociales en el Instituto Murciano de Acción Social. Considera que esta medida es indispensable para reducir de forma ágil los 552 días de espera media que denuncia.
El problema, según el sindicato, no se resuelve únicamente con más dinero si no se cambia la forma de gestionarlo. UGT pide que la financiación se traduzca en empleo público, estabilidad, capacidad de valoración, seguimiento de expedientes y servicios reales. De lo contrario, advierte, la inyección presupuestaria puede quedarse en una mejora contable sin impacto suficiente sobre las personas que siguen esperando.
Más control sobre residencias, ayuda a domicilio y teleasistencia
El comunicado de UGT también pone el foco en el modelo de prestación de los cuidados. La organización denuncia que en el sector existen empresas privadas que gestionan residencias “buscando el beneficio rápido”, escatimando en personal y pagando sueldos que, según el sindicato, apenas rozan el Salario Mínimo Interprofesional.
Para la responsable de Dependencia de UGT Servicios Públicos, el cambio debe afectar tanto a la financiación como a las condiciones laborales y a la calidad de los servicios. El sindicato reclama incorporar cláusulas sociales obligatorias en los pliegos de condiciones de las licitaciones y convenios sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio, residencias y teleasistencia. Esas cláusulas, sostiene, deben garantizar el cumplimiento estricto de los fondos propios que la Comunidad Autónoma ya venía consignando a estas partidas.
La exigencia sindical busca evitar que la nueva financiación estatal sustituya al dinero autonómico o que acabe alimentando márgenes empresariales sin mejorar la atención. UGT plantea que los contratos y convenios vinculados a la dependencia incorporen obligaciones claras sobre plantillas, salarios, ratios, estabilidad laboral y calidad asistencial.
La organización reclama también más transparencia. Pide la publicación anual, de forma segregada y accesible, de la financiación recibida del Estado, las ratios de gasto por usuario, los costes salariales efectivos y el destino final de las partidas ejecutadas. Ese nivel de detalle permitiría comprobar si los fondos llegan realmente a los servicios o si se diluyen en la estructura administrativa y contractual.
UGT Servicios Públicos defiende “menos residencias privadas” que, en palabras del sindicato, “sacan los ojos” a las familias, y más inversión en plazas públicas de calidad y más plantilla. La organización insiste en que no sirve de nada mantener centros abiertos si no hay suficientes profesionales para atender correctamente a las personas mayores.
La crítica sindical apunta directamente a la calidad del cuidado. Actualizar ratios, reforzar la atención directa, garantizar presencia real de profesionales especializados y dignificar condiciones laborales son, para UGT, requisitos imprescindibles para que la financiación adicional tenga un efecto tangible. Sin esos cambios, advierte el sindicato, el sistema seguirá funcionando sobre la sobrecarga de trabajadores y familias.
Un nuevo modelo de cuidados para la Región
UGT Servicios Públicos no limita sus propuestas al ámbito residencial. El sindicato considera que el futuro de la dependencia no puede basarse únicamente en macroresidencias y reclama una teleasistencia avanzada que llegue “a cada pueblo, a cada casa” de la Región de Murcia. También exige un Servicio de Ayuda a Domicilio en el que sus profesionales dejen de ser “los grandes olvidados del sistema”.
La apuesta por la atención domiciliaria y por la teleasistencia avanzada conecta con un debate creciente sobre el modelo de cuidados. Muchas personas mayores o dependientes quieren permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible, pero para que eso sea viable se necesitan servicios suficientes, profesionales con condiciones dignas, coordinación sanitaria y social, tecnología útil y apoyo a las familias cuidadoras.
El sindicato propone además la creación de un Observatorio Autonómico de los Cuidados, con participación institucional y académica, así como una representación sindical plural y democrática de la realidad del sector. El objetivo sería analizar el empleo, las necesidades futuras y la fiscalización de los recursos. Para UGT, la transformación del sistema requiere datos, seguimiento, evaluación y participación de quienes trabajan directamente en los cuidados.
La organización también considera esencial potenciar la negociación colectiva sectorial como herramienta para mejorar el sistema. A su juicio, la calidad de la dependencia no puede separarse de las condiciones laborales de quienes prestan los cuidados. Plantillas inestables, salarios bajos y sobrecarga profesional acaban afectando a la atención que reciben las personas usuarias.
UGT advierte de que vigilará “cada euro, cada pliego de condiciones y cada licitación”. La organización exige que los fondos sean finalistas y que el 70% de la nueva inyección se note en la nómina de quienes cuidan, en la estabilidad de las plantillas y en la calidad del servicio.
El mensaje al Gobierno regional es claro: la nueva financiación estatal no puede convertirse en una operación contable ni en una oportunidad perdida. Con listas de espera que el sindicato sitúa en 552 días, una tasa de desatención cercana al 19% y un sector tensionado por la precariedad y la privatización, UGT exige que el dinero se utilice para transformar de verdad la dependencia en la Región de Murcia.
La llegada de fondos abre una ventana política y social que el Ejecutivo autonómico deberá gestionar con transparencia. Para las personas dependientes y sus familias, la medida solo será útil si reduce esperas, mejora servicios y garantiza cuidados dignos. Para los profesionales, solo tendrá sentido si se traduce en más plantilla, mejores condiciones y reconocimiento efectivo. En un sistema saturado, la diferencia entre reforzar la dependencia o maquillar las cuentas puede medirse en meses de espera, en cuidados que llegan tarde y en familias que ya no pueden seguir sosteniendo solas lo que corresponde garantizar a lo público.
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