El colectivo reclama analizar los protocolos de protección y reforzar con fondos autonómicos los recursos contra la violencia de género
La Asamblea Feminista de la Región de Murcia ha expresado su “profunda consternación” por el último asesinato de una mujer víctima de violencia de género en Murcia y ha reclamado que se analice con rigor el funcionamiento de los mecanismos de protección activados en el caso. El colectivo considera imprescindible revisar tanto el sistema VioGén como los protocolos de coordinación entre administraciones para determinar si existen aspectos que puedan mejorarse y reforzar la seguridad de otras mujeres en situación de riesgo.
En un comunicado, la organización feminista ha trasladado su solidaridad y pésame a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima, al tiempo que ha pedido evitar que la respuesta institucional quede limitada a los actos de condena posteriores al crimen.
“Ninguna palabra, ningún minuto de silencio puede aliviar el inmenso dolor que deja un crimen de estas características”, señala la Asamblea Feminista, que considera necesario acompañar a quienes sufren la pérdida y mantener el compromiso público con la erradicación de la violencia contra las mujeres.
El colectivo sostiene que cada asesinato machista representa “un fracaso colectivo” y advierte contra el riesgo de normalizar la sucesión de crímenes. Según los datos citados por la propia Asamblea Feminista en su comunicado, esta última muerte elevaría a 35 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España durante 2026.
La organización entiende que una cifra de esta magnitud obliga a reforzar los mecanismos de prevención y protección y a exigir respuestas tanto al Gobierno de España como a las comunidades autónomas y administraciones locales dentro de sus respectivas competencias.
La Asamblea pide revisar el sistema VioGén sin anticipar responsabilidades
Una de las principales reclamaciones formuladas por la Asamblea Feminista se dirige al funcionamiento de los mecanismos destinados a evaluar y gestionar el riesgo de las víctimas. La organización considera necesario estudiar qué ocurrió en este caso y comprobar si todos los instrumentos disponibles funcionaron correctamente.
“Es imprescindible analizar con rigor si todos los mecanismos de protección funcionaron adecuadamente en este caso”, recoge el comunicado.
El colectivo señala expresamente el sistema VioGén y los protocolos de coordinación institucional como ámbitos que deberían revisarse después de un asesinato para detectar posibles debilidades, mejorar la valoración del riesgo y reforzar las medidas de protección.
La Asamblea Feminista evita atribuir de manera anticipada responsabilidades concretas y precisa que este análisis no debería plantearse como una búsqueda precipitada de culpables. Su objetivo, sostiene, debe ser aprender de cada caso y corregir cualquier deficiencia que pueda descubrirse.
“No se trata de señalar culpables de forma precipitada, sino de aprender de cada caso para evitar que vuelva a repetirse”, sostiene la organización.
Esta posición introduce un matiz importante en el debate abierto tras el último crimen. La revisión de un caso concreto exige conocer las circunstancias de la víctima, las denuncias o actuaciones previas que pudieran existir, las valoraciones de riesgo realizadas y las medidas eventualmente adoptadas. El comunicado de la Asamblea no aporta estos datos ni atribuye ningún fallo específico a una administración o cuerpo de seguridad.
La petición se centra, por tanto, en exigir una evaluación posterior que permita establecer con información completa si los procedimientos fueron adecuados o si existen elementos susceptibles de mejora.
La organización feminista considera que los sistemas de protección deben someterse a una revisión continua precisamente por la dificultad de anticipar la evolución de las situaciones de violencia. Mejorar las herramientas de valoración del riesgo, la comunicación entre instituciones y la capacidad para responder ante cambios en el comportamiento del agresor constituye, según su planteamiento, una parte esencial de las políticas públicas contra la violencia machista.
El colectivo recuerda también que la protección no puede recaer únicamente sobre las fuerzas policiales. La atención a una mujer en situación de violencia puede involucrar a servicios sociales, recursos sanitarios, órganos judiciales, asistencia jurídica, profesionales especializados y administraciones encargadas de ofrecer alojamiento o apoyo económico.
Más transparencia sobre los fondos del Pacto de Estado y financiación autonómica
La Asamblea Feminista ha reclamado asimismo una gestión “eficaz y transparente” de los fondos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y pide que estos recursos se concentren prioritariamente en actuaciones directamente relacionadas con la prevención y la atención de las víctimas.
Entre las políticas que considera esenciales se encuentran la protección policial, la atención especializada, el acompañamiento psicológico, la asistencia jurídica y los programas destinados a facilitar la recuperación integral de las mujeres y de sus hijos e hijas.
La organización reclama que pueda conocerse de forma clara cómo se utilizan los recursos públicos destinados a combatir la violencia de género y qué resultados producen las diferentes actuaciones financiadas.
El comunicado va, además, un paso más allá al reclamar que las comunidades autónomas no dependan exclusivamente de las transferencias procedentes del Estado.
Para la Asamblea Feminista resulta “imprescindible” que los gobiernos autonómicos complementen la financiación estatal con recursos propios suficientes. El objetivo sería garantizar una atención estable y evitar diferencias importantes en los servicios disponibles dependiendo del territorio en el que resida una víctima.
“La lucha contra la violencia de género no puede depender únicamente de la financiación estatal”, sostiene el colectivo, que reclama “un compromiso presupuestario estable y coordinado” de todas las administraciones.
Esta exigencia afecta directamente a las comunidades autónomas por las amplias competencias que ejercen en ámbitos como servicios sociales, sanidad, educación y determinados recursos asistenciales. La Asamblea defiende que la aportación estatal a través del Pacto de Estado debe complementarse con presupuestos autonómicos capaces de sostener durante todo el año los programas de prevención y atención.
La organización insiste también en la importancia de la educación en igualdad y la sensibilización social como herramientas para combatir las raíces de la violencia contra las mujeres. A su juicio, la respuesta no puede concentrarse exclusivamente en intervenir cuando el riesgo ya se ha materializado, sino que debe incluir políticas preventivas capaces de modificar comportamientos y detectar situaciones de violencia en sus primeras fases.
“La violencia de género no es un problema privado, sino una grave vulneración de los derechos humanos que interpela a toda la sociedad”, señala la Asamblea Feminista.
El colectivo reclama combinar prevención, educación, sensibilización, mejora continua de los sistemas de protección y financiación suficiente. Considera que estas herramientas deben funcionar de manera coordinada y mantenerse con independencia de los cambios políticos.
“Hoy es un día de duelo, pero también de responsabilidad”, afirma la organización, que sostiene que la mejor forma de honrar a las víctimas consiste en trabajar para impedir nuevos asesinatos.
La Asamblea Feminista cierra su comunicado reiterando su pésame a la familia y personas allegadas de la mujer asesinada y reclamando políticas públicas eficaces, recursos suficientes y una respuesta institucional acorde con la gravedad de la violencia de género.
El último crimen vuelve así a situar en primer plano una cuestión que trasciende la condena pública posterior a cada asesinato: conocer si los sistemas de protección están funcionando como deberían, identificar cualquier deficiencia sin prejuzgar responsabilidades y garantizar que todas las administraciones aporten los recursos necesarios para proteger a las mujeres antes de que la violencia tenga consecuencias irreversibles.
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