«El motivo de tal tropelía parece ser el reciente acuerdo comercial entre España y Argelia que ha molestado a Marruecos, así como el reconocimiento de la nacionalidad española a los saharauis nacidos en España»
En artículos anteriores, me he referido al ataque político, judicial, policial y mediático que está sufriendo nuestro gobierno de coalición progresista por tierra, mar y aire, iniciado en el conocido eslogan de José María Aznar, “el que pueda hacer que haga”. De forma inmediata, una legión de jueces afines a las derechas que son muchos, sobre todo en Madrid, se puso en marcha en una cacería, ya iniciada, pero que se ha incrementado.
A los justificados casos de Ábalos, Koldo y de forma más incipiente, Santos Cerdán, se le ha añadido un auténtico, claro y meridiano “lawfare”, por el que se ha condenado, sin pruebas, al ex fiscal general del Estado, al hermano del presidente del gobierno, también sin pruebas y en ambos casos con la oposición de las fiscalías, y está a espera de juicio, con jurado popular, la esposa del presidente del gobierno por unos delitos que, en otros casos, habría sido archivada la causa. Igual que en los dos casos anteriores.
Pero lo peor de todo, es que antes o después, una instancia superior, española o europea, pondrá las cosas en su sitio y absolverá a los condenados, pero el mal ya estará hecho, con un gran daño moral y psicológico insoportables, y lo que quedará es que la justicia española habrá quedado en evidencia ante Europa. Pero los promotores del lawfare habrán conseguido su objetivo: crear un caldo de cultivo que favorezca los intereses de las derechas españolas.
Pero la cosa no queda aquí, porque hace unas semanas, el gobierno trumpista de EE. UU, puso en manos interesadas españolas, sin obrar petición de parte, el clonado de un teléfono móvil, perteneciente al entonces presidente de la empresa Plus Ultra, en el que la policía estadounidense, sin mediar autorización judicial, había encontrado alguna conversación por la que se “podía” incriminar al expresidente Rodríguez Zapatero.
Faltó tiempo para que las derechas españolas y sus terminales judiciales, se pusieran a la caza y captura del expresidente, a pesar de que el caso del préstamo del gobierno a Plus Ultra había sido una causa ya investigada previamente. De forma inmediata, el juez Calama, instructor del caso, se lanzó, a una carrera desenfrenada que ha encontrado joyas en una caja fuerte, todavía sin conocer su origen, pero que también ha puesto “patas arriba” dos años de la vida privada de Zapatero, en una actuación sin precedentes.
Al final, el juez Calama, después de negarse al principio, ha tenido que aceptar 8 de las 12 causas de nulidad presentadas por la defensa del expresidente que, si prosperan, pueden hacer caer toda la causa. Por último, conviene decir que ni Feijóo ni Ayuso ni Abascal han dado explicaciones en relación con la visita que, en pleno caso Zapatero, realizaron a la embajada estadounidense.
Por si fuera poco, hace unos días, el monarca de Marruecos Mohamed VI, con la cooperación de EE. UU, Israel y las extremas derechas europeas ha montado una entrada masiva de marroquíes en Ceuta con el amago de hacerlo también en Melilla. Ambas ciudades son muy vulnerables a presuntos intentos de entrada de inmigrantes marroquíes. Al final, el problema se ha resuelto con la vuelta a Marruecos de los invasores que, tristemente, se han dejado 90 fallecidos, si se incluyen los que se han ahogado en aguas de Marruecos. Una gran pena.
El motivo de tal tropelía parece ser el reciente acuerdo comercial entre España y Argelia que ha molestado a Marruecos, así como el reconocimiento de la nacionalidad española a los saharauis nacidos en España.
Este hecho le ha dado alas a la derecha y extrema derecha española y europea para atacar al gobierno español que ha resuelto el problema echándole la culpa -equivocada e intencionadamente para no atacar a Marruecos- a presuntas mafias. Como siempre, Feijóo y Abascal han puesto el grito en el cielo.
La presidenta italiana Meloni, así como del gobierno ultra de Finlandia, han tomado una decisión impresentable e imposible como es proponer la expulsión de España del espacio Schengen, que permite la libre circulación de ciudadanos por los países europeos. Y todo a pesar de que España no tiene frontera con Italia y, obviamente, tampoco con Finlandia. Todo vale si se trata de atacar al gobierno de España, aunque con ello se perjudique a nuestro propio país al pegarse un tiro en el pie.
Pero la izquierda tiene que pensar que queda mucho partido por jugar, y que se puede ganar si se hacen las cosas bien, y en el tiempo que quede de legislatura se aprueban los presupuestos 2027 con un fuerte contenido social que beneficie a la gente normal.
Así sea.
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