Huermur exige al Ayuntamiento la entrega íntegra de los documentos encargados a la Universidad de Almería por 118.580 euros
El Ayuntamiento de Murcia continúa sin entregar a Huermur la copia completa del estudio municipal sobre riesgo sísmico y del Plan de Actuación Local ante Riesgo Sísmico, pese a que una sentencia dictada en junio anuló la negativa municipal y reconoció el derecho de acceso a toda la documentación elaborada por la Universidad de Almería. La asociación conservacionista ha anunciado que solicitará la ejecución forzosa de la resolución si el Consistorio persiste en no facilitar los documentos.
La denuncia cobra especial relevancia después del terremoto con epicentro en Librilla sentido este domingo en numerosos municipios de la Región. Huermur considera que el seísmo vuelve a demostrar que el riesgo sísmico no constituye una cuestión meramente teórica, sino un elemento que afecta directamente a la seguridad de la población, la protección civil y la planificación urbanística.
Los estudios fueron encargados y pagados por el Ayuntamiento de Murcia con fondos públicos por un importe de 118.580 euros. La Universidad de Almería entregó la documentación terminada al Consistorio el 5 de febrero de 2020, pero la Administración municipal negó posteriormente a Sergio Pacheco, presidente de Huermur, el acceso a la copia digital íntegra y a sus anexos.
La Sentencia 153/2026, dictada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Murcia, estimó el recurso presentado por Pacheco, anuló el decreto del concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Emergencias y ordenó al Ayuntamiento facilitar la documentación completa. El fallo permite únicamente disociar, en su caso, los datos personales que puedan aparecer en los archivos.
Huermur sostiene que, una vez transcurrido el plazo legal sin que se le haya comunicado la presentación de un recurso, su representación procesal ha solicitado al juzgado la declaración de firmeza de la sentencia para exigir su cumplimiento inmediato. La entidad acusa a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias de prolongar una situación de opacidad sobre información de evidente interés público.
La asociación reclama también la publicación íntegra y accesible de los estudios para que la ciudadanía pueda conocer la evaluación realizada sobre el riesgo sísmico en el municipio, la vulnerabilidad de la población y las posibles consecuencias sobre edificios, infraestructuras y desarrollos urbanos.
La Justicia anuló una restricción injustificada y desproporcionada
El conflicto comenzó después de que el Ayuntamiento rechazara la solicitud de información presentada por Sergio Pacheco. El decreto municipal de noviembre de 2024 alegó que los documentos se encontraban en elaboración o pendientes de publicación general y que serían accesibles cuando el Plan de Actuación Local quedara definitivamente aprobado y se editara una versión adaptada.
La sentencia descarta ese argumento porque la documentación solicitada ya había sido terminada y entregada por la Universidad de Almería en febrero de 2020. El juzgado diferencia entre el estudio original encargado por el Ayuntamiento y una eventual versión posterior adaptada para su publicación pública.
El tribunal señala que no puede confundirse una información todavía en elaboración con documentos ya existentes y finalizados. También considera desproporcionado condicionar el acceso a la aprobación definitiva del plan cuando habían transcurrido más de cinco años desde la entrega de los estudios originales.
Durante el procedimiento, el Ayuntamiento comunicó que había publicado determinada información en su página web y alegó que el recurso había perdido su objeto. La sentencia rechaza también esa pretensión porque la Administración no acreditó que lo publicado coincidiera íntegramente con los documentos y anexos solicitados.
El pronunciamiento judicial advierte de que una publicación unilateral, tardía y realizada después de la interposición del recurso no puede corregir automáticamente la denegación inicial ni impedir que los tribunales revisen la legalidad de la actuación administrativa.
El Ayuntamiento invocó asimismo razones de seguridad pública, argumentando que el estudio contenía datos sensibles sobre pérdidas económicas y humanas en distintos escenarios sísmicos simulados. Sin embargo, la resolución concluye que no se justificó de manera expresa, detallada y proporcionada qué perjuicio concreto causaría la divulgación.
El juzgado recuerda que los límites al derecho de acceso deben interpretarse de forma restrictiva y no pueden basarse en una mención genérica a la seguridad pública. La posible existencia de datos personales o especialmente sensibles tampoco justificaría ocultar el documento completo, ya que la propia legislación permite separar o anonimizar esa información.
La sentencia destaca el interés general de los documentos por su relación con la ordenación del territorio, el urbanismo y la seguridad de la población. En consecuencia, concluye que el decreto municipal impuso una “restricción injustificada y desproporcionada del derecho de acceso a la información pública”.
El fallo reconoce expresamente el derecho de Sergio Pacheco a recibir la copia digital completa del estudio y del Plan de Actuación Local, incluidos los anexos existentes. No impuso las costas íntegramente al Ayuntamiento al apreciar dudas jurídicas derivadas de la aprobación y publicación posterior de parte de la documentación.
Para Huermur, la resolución supone un rechazo claro a la estrategia seguida por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dirigida por Fulgencio Perona. La asociación acusa al departamento municipal de haber negado durante años el acceso a unos trabajos pagados con dinero público y de defender esa decisión ante los tribunales.
“Este asunto es extraordinariamente serio. Estamos hablando de la seguridad de las personas y, en última instancia, de vidas humanas”, ha advertido el presidente de Huermur.
Sergio Pacheco ha precisado que un estudio de estas características no permite predecir cuándo se producirá un terremoto, pero sí conocer mejor el riesgo, evaluar la vulnerabilidad del municipio y fundamentar las decisiones urbanísticas y de protección civil.
“Resulta inadmisible que el Ayuntamiento y la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias hayan mantenido durante años ocultos unos estudios pagados con dinero público y que, incluso después de una sentencia judicial, la documentación siga sin haberse entregado”, ha manifestado.
Huermur cuestiona el urbanismo desarrollado desde 2020
La asociación conservacionista advierte de que el contenido de los estudios puede tener consecuencias que superan el ámbito de las emergencias. La evaluación del riesgo sísmico resulta relevante para decidir dónde y bajo qué condiciones se construyen viviendas, equipamientos públicos, carreteras y otras infraestructuras.
Huermur afirma que, desde la entrega de los documentos en 2020, la Concejalía de Urbanismo ha continuado concediendo licencias, tramitando modificaciones del Plan General y aprobando desarrollos urbanísticos sin que conste la incorporación del análisis sísmico municipal a esos expedientes.
La entidad considera que esta situación debe aclararse, aunque la sentencia no examina ni declara la legalidad de las licencias o planes urbanísticos aprobados durante estos años. El pronunciamiento judicial se limita a resolver el derecho de acceso a la documentación solicitada.
Por ello, las afirmaciones sobre una posible falta de integración del estudio en la planificación corresponden a la denuncia formulada por Huermur y deberán contrastarse con los expedientes municipales concretos. La asociación sostiene, no obstante, que la evaluación del riesgo sísmico debe formar parte de las decisiones que puedan afectar a la seguridad de edificaciones, infraestructuras y barrios enteros.
El reciente terremoto con epicentro en Librilla ha reforzado su petición. Para Huermur, que numerosos ciudadanos sintieran el movimiento demuestra la necesidad de actuar con máxima transparencia sobre los riesgos naturales existentes en el municipio.
La entidad exige al Ayuntamiento que entregue no solo la versión eventualmente adaptada o publicada, sino los documentos originales y todos sus anexos, tal como fueron elaborados por la Universidad de Almería. La sentencia insiste precisamente en esa diferencia y reconoce el derecho a acceder a la documentación completa.
Huermur ha dirigido su reclamación al concejal Fulgencio Perona y a la alcaldesa en funciones, Rebeca Pérez, a quien insta a ordenar el cumplimiento de la resolución y evitar nuevas actuaciones dilatorias. También pide que el responsable de Emergencias reconozca su responsabilidad política por la negativa anulada judicialmente y se comprometa a no volver a restringir de forma injustificada el acceso a información pública sobre seguridad.
La asociación anuncia que, si el Consistorio no facilita finalmente los archivos, solicitará al juzgado la ejecución forzosa de la sentencia y las medidas legalmente previstas para garantizar su cumplimiento íntegro.
El Ayuntamiento conserva la obligación de cumplir el fallo cuando adquiera firmeza, salvo que se haya interpuesto un recurso dentro de plazo. La documentación aportada por Huermur señala que no se le ha notificado ninguno y que ya ha pedido formalmente que la resolución sea declarada firme.
La controversia deja al Gobierno municipal ante la obligación de explicar por qué seis años después de recibir unos estudios pagados con fondos públicos y tras una sentencia favorable al acceso todavía no ha entregado su copia íntegra al solicitante. El contenido de esos documentos sigue sin conocerse públicamente en su totalidad, pese a analizar un riesgo natural que afecta de manera directa al urbanismo, la protección civil y la seguridad de cientos de miles de personas.
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