Torres cuestiona que el Ayuntamiento demuela el inmueble mientras más de 300 personas figuran como demandantes de vivienda protegida
El Grupo Municipal Socialista de Cartagena ha denunciado que el Gobierno de Noelia Arroyo está derribando una vivienda de titularidad municipal situada en el barrio de Lo Campano en lugar de rehabilitarla para incorporarla al parque público y destinarla a una familia con necesidad de alojamiento. El portavoz socialista, Manolo Torres, cuestiona la decisión después de que el propio Ayuntamiento anunciara en 2021 una actuación para mejorar las condiciones de habitabilidad de este inmueble y de otras viviendas de la calle Orotava.
Según la información remitida por el PSOE, aquel proyecto de rehabilitación fue anunciado cuando Arroyo ocupaba la Vicealcaldía y contemplaba una inversión cercana a los 27.000 euros. Cinco años después, los socialistas aseguran que el inmueble está siendo demolido y reclaman explicaciones sobre las razones que han llevado al Ejecutivo local a abandonar la opción de recuperarlo.
“Cinco años después, permite que se tire, perdiendo una vivienda que podría acoger a una familia, cuando hay más de 300 personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida”, ha señalado Torres.
La formación plantea la demolición como un ejemplo de la política municipal de vivienda que viene cuestionando durante los últimos meses. Para el PSOE, la existencia de demanda de vivienda protegida obliga al Ayuntamiento a estudiar todas las posibilidades de recuperación y puesta en uso del patrimonio residencial municipal antes de optar por su eliminación definitiva.
El comunicado socialista no incorpora informes técnicos sobre el estado estructural de la vivienda, el coste actualizado que requeriría su rehabilitación o los motivos concretos que han llevado al Ayuntamiento a autorizar o ejecutar su derribo. Por ello, no puede determinarse únicamente a partir de la documentación remitida si el inmueble podía ser recuperado actualmente con garantías o si existían razones técnicas, económicas o de seguridad que desaconsejaran esa posibilidad.
Una rehabilitación anunciada en 2021 que finalmente no se ha materializado
Manolo Torres centra una parte de sus críticas en el cambio producido respecto a lo anunciado por el Gobierno municipal hace cinco años. Según recuerda el portavoz socialista, la entonces vicealcaldesa Noelia Arroyo comunicó en 2021 la intención de rehabilitar esta vivienda junto a otros inmuebles de la calle Orotava, con una inversión estimada en alrededor de 27.000 euros.
El PSOE considera necesario conocer qué actuaciones llegaron a realizarse desde entonces, si aquella partida llegó a ejecutarse y qué circunstancias han provocado que el planteamiento actual sea el derribo.
La cuestión adquiere especial relevancia porque se trata, según la formación, de un inmueble de titularidad municipal. A diferencia de una propiedad privada, el Ayuntamiento puede decidir directamente su uso dentro de los límites legales, técnicos y presupuestarios aplicables, por lo que Torres reclama que cualquier decisión de demolerla esté suficientemente justificada.
El portavoz vincula la pérdida de esta vivienda con la existencia de más de 300 personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Este dato procede del comunicado socialista y refleja, según el PSOE, una demanda que debería llevar al Consistorio a priorizar la conservación y ampliación de su parque público.
La formación no detalla cuántas viviendas municipales de uso residencial existen actualmente en Cartagena, cuántas se encuentran ocupadas, cuántas están pendientes de rehabilitación o cuál es el número efectivo de inmuebles disponibles para adjudicación. Estos datos serían necesarios para evaluar en su conjunto la política municipal y determinar el peso que tendría la vivienda de Lo Campano dentro del parque público local.
Torres ha cuestionado además la utilidad de la Oficina de Vivienda municipal si, según su valoración, no se están impulsando actuaciones suficientes para aumentar la oferta pública.
“La política de vivienda de la alcaldesa es derribar los inmuebles públicos y pagar una Oficina de Vivienda cuando hay más de 300 personas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida”, ha afirmado el portavoz socialista.
El PSOE sostiene que la actuación resulta especialmente difícil de justificar después de que la propia administración anunciara previamente su rehabilitación. La formación reclama, por tanto, transparencia sobre la evolución del expediente y sobre el criterio seguido para descartar finalmente aquella intervención.
Torres enlaza el derribo con la subvención de 1,6 millones perdida en Los Mateos
La denuncia sobre Lo Campano se suma a otras críticas socialistas relacionadas con la política de vivienda del Gobierno municipal. Torres ha recordado la devolución de una subvención de 1,6 millones de euros vinculada a un proyecto de viviendas en Los Mateos y utiliza ambos casos para cuestionar la planificación desarrollada por el Ejecutivo de Arroyo.
“Qué alguien nos explique cuál es la política real de vivienda del gobierno del PP, si es que realmente tiene alguna”, ha señalado el portavoz socialista.
La referencia a Los Mateos corresponde nuevamente a la versión ofrecida por el Grupo Municipal Socialista. En su comunicado, Torres sostiene que el Ayuntamiento perdió aquella financiación destinada a construir viviendas y contrapone ese episodio con la demolición actual de una propiedad municipal que, a juicio del PSOE, podría haberse estudiado para uso residencial.
El portavoz afirma también que durante las dos legislaturas de Noelia Arroyo como alcaldesa no se ha impulsado ningún proyecto culminado de construcción de vivienda de protección pública.
“Todo son promesas pero, hasta el momento, ninguna se ha hecho realidad. Lo único real, son los escombros del techo de la vivienda pública que ya ha empezado a demoler”, ha asegurado.
Estas afirmaciones forman parte de la valoración política del PSOE y la nota remitida no incorpora la relación completa de actuaciones municipales en materia de vivienda durante esos mandatos ni la respuesta del Gobierno local. Tampoco constan en la documentación los proyectos que puedan encontrarse actualmente en fase de planificación, contratación o tramitación urbanística.
La denuncia sí plantea una cuestión concreta sobre la vivienda de Lo Campano: por qué un inmueble que en 2021 iba a ser rehabilitado acaba siendo demolido en 2026 y qué razones técnicas o económicas han determinado ese cambio.
El Ayuntamiento deberá explicar igualmente si se estudió una nueva evaluación del inmueble antes del derribo y si existían alternativas de rehabilitación total o parcial. En caso de que el estado del edificio hiciera inviable su recuperación, resultaría relevante conocer el coste estimado y los informes que sustentaron esa conclusión.
Para el PSOE, la demanda existente de vivienda protegida obliga a que estas decisiones sean especialmente cuidadosas. La formación considera contradictorio eliminar una propiedad residencial municipal sin explicar suficientemente por qué no puede recuperarse mientras centenares de personas esperan acceder a una vivienda pública.
El debate afecta además al aprovechamiento del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. La rehabilitación de viviendas existentes puede constituir, cuando resulta técnica y económicamente viable, una vía complementaria a la construcción de nuevas promociones para ampliar la oferta pública.
El Grupo Socialista reclama ahora que el Ejecutivo de Arroyo detalle el futuro de la parcela una vez finalice la demolición, aclare qué ocurrió con el proyecto anunciado en 2021 y explique qué estrategia está aplicando para atender a las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.
La demolición de Lo Campano vuelve así a situar la vivienda pública en el centro de la confrontación municipal. Más allá de las acusaciones políticas, el Gobierno local deberá despejar una pregunta concreta planteada por el PSOE: por qué una vivienda municipal que hace cinco años debía rehabilitarse ha terminado convertida en escombros y qué alternativa plantea ahora el Ayuntamiento para aprovechar ese patrimonio en un contexto de elevada demanda residencial.
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