Caridad Rives atribuye el bloqueo a la ausencia de los consejeros regionales en las reuniones estatales de Educación y Universidades
La diputada nacional del PSOE Caridad Rives ha denunciado que la ausencia de los consejeros del Partido Popular en los consejos sectoriales estatales ha impedido tramitar la distribución de fondos destinados a Formación Profesional y a la contratación de profesorado universitario. Según la parlamentaria, la Región de Murcia podría haber recibido más de cinco millones de euros para incorporar a más de cien docentes en la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena.
Rives acusa al Gobierno autonómico de priorizar la estrategia política de la dirección nacional del PP y de perjudicar con su ausencia a los estudiantes, al profesorado y al conjunto del sistema educativo regional. La diputada sostiene que los responsables murcianos habían confirmado inicialmente su asistencia, pero finalmente no participaron ni delegaron su representación.
“El PP prioriza el bloqueo y la deslealtad institucional, perjudicando a la Región y haciendo que pierda recursos para universidades y FP”, ha afirmado.
La socialista ha explicado que la ausencia coordinada de consejeros autonómicos del PP impidió alcanzar el quórum necesario para aprobar la distribución territorial de más de 31 millones de euros destinados a Formación Profesional y cerca de 150 millones para las universidades públicas españolas.
Según Rives, estos últimos fondos habrían permitido financiar la contratación de aproximadamente 3.400 profesores en el conjunto del país. La parte correspondiente a la Región habría superado los cinco millones de euros y posibilitado incorporar a más de cien docentes en sus dos universidades públicas.
Más de cinco millones para la UMU y la UPCT quedan pendientes
La Conferencia General de Política Universitaria debía abordar la distribución de cerca de 150 millones de euros aportados por el Gobierno de España a través de las comunidades autónomas. El objetivo era facilitar la contratación de 3.400 profesores en las universidades públicas.
Caridad Rives sostiene que la ausencia de los representantes autonómicos del Partido Popular impidió aprobar el reparto y retrasará la llegada de los recursos. En el caso murciano, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena habrían recibido más de cinco millones de euros.
“La Región de Murcia habría recibido más de cinco millones con los que la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena podrían contratar más de cien profesores”, ha afirmado.
La diputada considera que esta financiación permitiría reforzar las plantillas, mejorar la atención al alumnado y responder a las necesidades docentes de ambas instituciones. También podría contribuir a aliviar la carga de trabajo y a mejorar la estabilidad laboral dentro del sistema universitario.
Rives no concreta en su nota cómo se repartirían los fondos entre la UMU y la UPCT ni cuántas plazas corresponderían exactamente a cada universidad. Tampoco detalla las categorías profesionales, la duración de los contratos o el calendario previsto para las incorporaciones.
La crítica se centra en que la ausencia de los consejeros impidió iniciar la distribución y trasladó a una fecha posterior una decisión que, según el PSOE, estaba preparada para su aprobación.
La parlamentaria ha destacado que el Ministerio ofreció la posibilidad de participar telemáticamente. Además, las consejerías podían delegar su representación en otra persona si sus titulares no podían asistir personalmente.
Para Rives, estas facilidades eliminan cualquier justificación práctica para la ausencia. La diputada interpreta la decisión como parte de una estrategia del Partido Popular para bloquear la actividad del Gobierno de España.
“¿Estamos ante un ejemplo de absentismo laboral del que se quejaba el señor Feijóo? Porque esto es un claro ejemplo de dejación de sus funciones que perjudica de lleno a jóvenes y estudiantes de la Región de Murcia”, ha señalado.
Otros 31 millones destinados a Formación Profesional
La ausencia de representantes del PP afectó también al Consejo Sectorial de Educación, donde debía tramitarse la distribución territorial de más de 31 millones de euros para Formación Profesional.
Rives ha advertido de que el bloqueo retrasa la llegada de los recursos a las comunidades autónomas y dificulta la puesta en marcha de actuaciones dirigidas al alumnado, al profesorado y a la mejora del sistema educativo.
“Esto supone retrasar la llegada de esos recursos a las comunidades autónomas y, por tanto, dificultar su gestión y la puesta en marcha de actuaciones que benefician al alumnado, al profesorado y al conjunto del sistema educativo”, ha declarado.
La nota del PSOE no especifica qué cantidad de esos 31 millones correspondería a la Región de Murcia ni qué programas concretos debían financiarse. La diputada presenta la cifra global y atribuye a la ausencia de los consejeros la imposibilidad de completar el reparto.
Rives considera especialmente grave que el bloqueo afecte a la Formación Profesional en un momento en el que estas enseñanzas tienen un papel creciente en la preparación de perfiles técnicos y en la conexión entre el sistema educativo y las necesidades de las empresas.
La diputada también ha mencionado la educación inclusiva y el funcionamiento de las universidades públicas como áreas perjudicadas por la estrategia del PP.
“A esta semana hemos asistido a un nuevo espectáculo del PP, que una vez más antepone su estrategia política para bloquear la acción del Gobierno de España, aunque eso suponga perjudicar directamente a la ciudadanía y mermar los servicios públicos de nuestro país”, ha señalado.
El PSOE sostiene que la ausencia impidió avanzar en decisiones administrativas que requerían la participación de las comunidades autónomas. Para Rives, la actuación representa una falta de lealtad institucional y una renuncia a defender los intereses de la Región dentro de los órganos de coordinación.
Rives acusa al Gobierno regional de seguir las directrices de Génova
La diputada nacional atribuye la ausencia de los consejeros murcianos a una estrategia organizada por la dirección nacional del Partido Popular. Según su valoración, el Gobierno de López Miras actuó conforme a las directrices de Alberto Núñez Feijóo y no atendiendo a las necesidades de los estudiantes y las universidades regionales.
“No merecemos un Gobierno regional que antepone las directrices de Génova y del señor Feijóo a las necesidades y el futuro de los jóvenes en la Región”, ha concluido.
Rives sostiene que los consejeros habían confirmado su asistencia a las reuniones y que podían haber participado a distancia o delegado su representación. Por ello, considera que su ausencia fue deliberada y tuvo como objetivo impedir que los acuerdos salieran adelante.
La nota no recoge la versión de la Consejería de Educación ni de la Consejería de Universidades sobre los motivos de su ausencia. Tampoco incorpora la respuesta del Partido Popular a las acusaciones de bloqueo formuladas por la diputada socialista.
El PSOE reclama que los responsables autonómicos expliquen por qué no asistieron, quién tomó la decisión y qué medidas adoptarán para recuperar los fondos pendientes. Rives considera que la confrontación política no puede desarrollarse a costa de recursos destinados al sistema educativo.
La parlamentaria distingue entre discrepar de las políticas del Gobierno central y dejar vacíos los órganos en los que deben defenderse los intereses autonómicos. A su juicio, los consejeros pueden plantear sus objeciones, votar en contra o proponer modificaciones, pero deben participar en las reuniones.
La distribución de los fondos deberá retomarse en una nueva convocatoria, por lo que las cantidades no aparecen como definitivamente perdidas. Sin embargo, el PSOE advierte de que el retraso puede dificultar la planificación de las contrataciones y de los programas educativos para el próximo curso.
En las universidades, la demora afecta a una financiación que debía permitir la incorporación de profesorado. En Formación Profesional, aplaza la disponibilidad de recursos para actuaciones cuya ejecución depende de los calendarios administrativos de las comunidades autónomas.
Rives considera que el Gobierno regional ha antepuesto una estrategia partidista a la posibilidad de obtener más de cinco millones de euros para la UMU y la UPCT y de participar en el reparto de otros fondos para la FP.
La diputada ha reclamado que el Ejecutivo autonómico vuelva a los órganos sectoriales, defienda allí sus posiciones y garantice que la Región no quede al margen de futuras distribuciones de recursos estatales.
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