Los socialistas alertan de que el inmueble municipal sigue en pie pese a haberse acordado su demolición de emergencia en mayo
El Grupo Municipal Socialista de Cartagena ha denunciado que el edificio municipal situado en la calle Honda que albergó los establecimientos Lámparas Juan Cervantes y el bar pulpería Casa Carlos continúa en pie casi tres meses después de que se aprobara su demolición urgente. El portavoz socialista, Manolo Torres, atribuye el retraso a una falta de previsión del Gobierno de Noelia Arroyo y alerta del riesgo que, según sostiene, sigue suponiendo el estado del inmueble para quienes transitan por sus inmediaciones.
La denuncia del PSOE se apoya, según la nota remitida por la formación, en la situación administrativa y estructural del edificio. Los socialistas señalan que el decreto de ruina se dictó en marzo y que posteriormente se autorizó el vaciado total del inmueble manteniendo las fachadas de las calles Honda y Paraíso. La demolición habría sido aprobada con carácter urgente el 17 de mayo después de constatarse importantes problemas estructurales.
Sin embargo, el inmueble no ha sido demolido. Torres asegura que la actuación se encuentra paralizada porque resulta necesario conservar las fachadas protegidas y el Gobierno municipal no habría previsto inicialmente los medios técnicos necesarios para garantizar su mantenimiento durante los trabajos.
«Mientras tanto, el inmueble, que se encuentra en una situación lamentable y que ya ha sufrido varios desprendimientos, sigue suponiendo un riesgo para quienes pasan por sus inmediaciones», ha afirmado el portavoz socialista.
El PSOE responsabiliza políticamente al Ejecutivo de Noelia Arroyo del retraso y reclama una solución inmediata que permita ejecutar la actuación garantizando al mismo tiempo la conservación de los elementos que deben mantenerse.
La documentación citada por el PSOE describe graves daños estructurales
La situación del edificio no responde, según la información facilitada por los socialistas, únicamente a su deterioro exterior. La documentación administrativa a la que hace referencia el PSOE describiría un escenario de especial gravedad que llevó a plantear la demolición con carácter urgente.
Según la nota socialista, el decreto de ruina se dictó en marzo. Posteriormente, durante el mes de abril, la Comisión del PEOPCH autorizó el vaciado completo del inmueble condicionado a la conservación de las fachadas correspondientes a las calles Honda y Paraíso.
El siguiente paso se produjo el 17 de mayo, cuando se aprobó de forma urgente la demolición.
La documentación mencionada por el PSOE señalaba, según reproduce la formación, una situación de «agotamiento estructural» y la existencia de varios colapsos parciales en elementos interiores del edificio. Entre las deficiencias descritas se encontrarían problemas en los forjados intermedios, además de caídas y desplomes en la zona de cubierta.
Los socialistas añaden que también se advertía sobre el estado de las medianeras y de la fachada principal. Entre las patologías mencionadas aparecen grietas verticales consideradas graves y deterioros en los dinteles de diferentes huecos de fachada, algunos de ellos partidos o con riesgo.
Se trata, por tanto, de una intervención cuya declaración de urgencia estaría vinculada directamente al deterioro estructural detectado en el inmueble.
«Casco Antiguo declaró en mayo la demolición de emergencia al entender que hay una situación de grave peligro inmediato para la población, pero tres meses después, el edificio sigue en pie y el riesgo también», ha denunciado Torres.
La consideración sobre la existencia de un peligro inmediato se atribuye expresamente por el PSOE a la documentación utilizada para promover la actuación de emergencia. La nota remitida por los socialistas no incorpora íntegramente los informes técnicos ni la resolución administrativa, por lo que los detalles sobre el estado del edificio proceden de la descripción realizada por el Grupo Municipal Socialista.
El PSOE atribuye el retraso a la conservación de las fachadas
El elemento central de la denuncia política se encuentra en las razones que, según el PSOE, explicarían que la demolición urgente todavía no se haya ejecutado.
Torres sostiene que el Gobierno local no habría previsto adecuadamente cómo mantener las fachadas que debían conservarse mientras se vaciaba y demolía el resto del edificio. Esa circunstancia habría impedido avanzar con una intervención cuya urgencia había sido declarada previamente.
Para los socialistas, el problema no reside en la obligación de preservar las fachadas, sino en que esa condición era conocida antes de iniciar el procedimiento y, por tanto, debería haberse contemplado desde el principio dentro de la planificación técnica de los trabajos.
El Grupo Municipal Socialista considera especialmente preocupante que una actuación promovida precisamente por razones de seguridad pueda permanecer pendiente durante meses mientras continúa existiendo el deterioro estructural que motivó la decisión inicial.
La formación reclama que el Ayuntamiento explique qué actuaciones se han llevado a cabo desde mayo, qué medidas de seguridad se mantienen actualmente en el entorno y cuándo podrá ejecutarse finalmente la demolición.
La denuncia adquiere también una dimensión añadida al tratarse, según señala el PSOE, de un inmueble de propiedad municipal. Torres considera que el caso evidencia las dificultades del Ejecutivo local para gestionar su propio patrimonio inmobiliario.
«Este es otro claro ejemplo de la política de vivienda de Noelia Arroyo porque no podemos olvidar que este edificio también es de propiedad municipal», ha señalado el portavoz socialista.
Los socialistas vinculan así la situación concreta de la calle Honda con sus críticas más amplias a la gestión del patrimonio municipal y a la política de vivienda desarrollada por el Gobierno de Cartagena.
Torres vuelve a cuestionar la política municipal de vivienda
Más allá de la situación de seguridad del inmueble, Manolo Torres ha utilizado el caso para cuestionar nuevamente el modelo de gestión de vivienda y patrimonio del Ejecutivo de Noelia Arroyo.
El portavoz socialista sostiene que el Ayuntamiento dispone de inmuebles y suelo que podrían utilizarse para impulsar políticas públicas de vivienda, especialmente dirigidas a jóvenes y familias, y critica que algunos edificios municipales terminen deteriorándose hasta alcanzar situaciones de ruina.
«Tiene suelo, tiene inmuebles y, en lugar de utilizarlos para poner viviendas en el mercado para jóvenes y para familias, deja que se desmoronen y las tira. Ese es su proyecto de municipio, crear solares mientras hay familias sin un hogar», ha afirmado Torres.
Esta valoración constituye una crítica política del portavoz del PSOE y no implica que el edificio de la calle Honda pudiera haber sido destinado directamente a vivienda sin actuaciones previas o sin atender las limitaciones urbanísticas, patrimoniales y técnicas que pudieran afectarle.
El caso planteado por los socialistas vuelve a situar en el debate la gestión del patrimonio inmobiliario municipal del casco histórico de Cartagena, donde cualquier actuación sobre determinados edificios puede estar condicionada por obligaciones de protección de fachadas u otros elementos.
En este caso, precisamente la conservación de las fachadas de las calles Honda y Paraíso aparece, según el PSOE, como el elemento que está dificultando una demolición declarada urgente meses atrás.
El Grupo Municipal Socialista exige al Gobierno local que desbloquee cuanto antes la actuación, garantice las condiciones de seguridad en el entorno y explique por qué no se dispusieron desde un primer momento los medios necesarios para compatibilizar la demolición interior con la conservación de las fachadas.
Las afirmaciones sobre la paralización del derribo, los motivos del retraso y las responsabilidades del Gobierno municipal proceden de la nota remitida por el PSOE de Cartagena. La formación basa su denuncia en la documentación administrativa que asegura que declaró la situación de ruina y posteriormente la demolición de emergencia. En la información facilitada no consta la versión del Ayuntamiento de Cartagena sobre las causas concretas del retraso ni sobre el calendario previsto para ejecutar finalmente la intervención.
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