La moción socialista pide actuar en seis meses, informar sobre vacantes y cumplir el compromiso de citas en menos de 72 horas
La Asamblea Regional ha aprobado una moción del PSOE que reclama al Gobierno de Fernando López Miras un plan específico, con plantillas y recursos suficientes, para reducir el número de pacientes asignados a los profesionales de Atención Primaria. La iniciativa, que ha salido adelante con el voto en contra del PP, fija un plazo máximo de seis meses para poner en marcha las medidas en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería.
La viceportavoz socialista Marisol Sánchez ha denunciado que el Ejecutivo autonómico incumple los objetivos de su propia Estrategia de Mejora de la Atención Primaria 2023-2026. Según los datos expuestos por la diputada, la media regional de pacientes por médico de familia supera el límite previsto, mientras algunas zonas soportan cupos de hasta 1.700 personas por profesional.
La moción también reclama información sobre las plantillas y las plazas vacantes, la publicación periódica de los cupos asistenciales y una evaluación de la estrategia durante el primer trimestre de 2027. Otro de sus objetivos es cumplir el compromiso del Servicio Murciano de Salud de ofrecer citas en menos de 72 horas durante, al menos, el 75 % de los días evaluados.
Durante el debate, Sánchez ha advertido de que “la Atención Primaria está a punto de explotar” y ha atribuido la situación a la falta de cumplimiento de las medidas anunciadas. La diputada sostiene que más de la mitad de los 111 nuevos médicos de familia comprometidos en 2023 siguen sin incorporarse.
Cupos de hasta 1.700 pacientes frente al objetivo de 1.250
La estrategia autonómica establecía, según ha recordado Sánchez, un máximo de 1.250 tarjetas sanitarias por médico de familia, 900 por pediatra y 1.550 por profesional de Enfermería. La iniciativa aprobada busca que el Gobierno adopte las medidas necesarias para acercar las plantillas y los cupos a esos objetivos.
En Medicina de Familia, la media regional se sitúa en 1.351 tarjetas por profesional, de acuerdo con las cifras aportadas por la viceportavoz socialista. Son 101 más que el máximo previsto en la estrategia.
La situación se agrava en el Área III de Salud, correspondiente a Lorca, donde la media alcanza las 1.444 tarjetas por médico de familia. Sánchez ha señalado que existen cupos que llegan a los 1.700 pacientes, lo que supone 450 por encima del objetivo de 1.250.
“López Miras prometió reducir los cupos a 1.250 pacientes por médico de familia y no solo no han bajado, sino que en algunas zonas han aumentado hasta alcanzar cifras insoportables”, ha denunciado.
Los cupos reflejan el número de personas asignadas a cada profesional, no el de consultas realizadas diariamente. La propuesta socialista se dirige a reducir esa población asignada mediante un plan que incluya personal y recursos suficientes.
Sánchez ha vinculado la sobrecarga con las incorporaciones pendientes. Según su denuncia, el compromiso de sumar 111 médicos de familia, adquirido en 2023, continúa sin completarse y más de la mitad de las plazas siguen sin cubrir.
La moción reclama una respuesta que abarque las tres categorías profesionales señaladas. El plan deberá abordar la distribución de pacientes en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería, además de las necesidades de plantilla que permitan reducir los cupos.
El Mar Menor alcanza los 1.846 pacientes por profesional de Enfermería
Las cifras expuestas en el debate también muestran diferencias territoriales en Enfermería. La media regional es de 1.588 pacientes por profesional, frente a las 1.550 tarjetas contempladas como máximo en la estrategia.
La mayor sobrecarga destacada por Sánchez se encuentra en el Área del Mar Menor, donde el cupo medio alcanza los 1.846 pacientes. Esa cifra supera en 296 personas el objetivo fijado y en 258 la media regional aportada por la diputada.
La viceportavoz socialista ha utilizado estos datos para cuestionar las diferencias entre áreas sanitarias. Considera que la organización de las plantillas debe responder a las necesidades asistenciales de cada territorio y evitar que la ubicación del paciente marque diferencias en la presión que soporta el personal.
“El lugar donde vive una persona no puede determinar la presión asistencial que soporta el profesional que tiene que atenderla”, ha subrayado.
En Pediatría, Sánchez ha señalado que apenas se habría incorporado un profesional adicional en estos tres años. La estrategia situaba en 900 tarjetas el máximo por pediatra, un objetivo que la moción incluye entre las referencias para el plan de reducción de cupos.
La iniciativa exige que el Gobierno concrete la respuesta con recursos y plantillas. El plazo de seis meses pretende que la planificación se traduzca en medidas específicas para las categorías afectadas, en lugar de mantener únicamente los objetivos generales anunciados en la estrategia.
El PSOE vincula estas actuaciones con la reducción de los tiempos de espera para conseguir cita. La formación considera que la carga de pacientes y la cobertura de las plazas deben abordarse conjuntamente para mejorar la atención que reciben los usuarios.
Un informe en tres meses y evaluación de la estrategia en 2027
La moción aprobada reclama que el Ejecutivo regional remita a la Asamblea, en un plazo de tres meses, un informe detallado sobre las plantillas, las plazas vacantes y los cupos asistenciales. También pide que esos datos se publiquen periódicamente.
La información solicitada permitirá conocer la situación de los profesionales y las necesidades pendientes de cobertura. La iniciativa incorpora así un seguimiento de las plantillas junto al plan de actuación previsto para los seis meses siguientes.
En materia de acceso a las consultas, el texto pide cumplir el compromiso del SMS de “garantizar citas en menos de 72 horas en Atención Primaria, al menos el 75 por ciento de los días evaluados”. La referencia incluye ese porcentaje concreto y no plantea una garantía sin excepciones para todas las citas.
El último plazo recogido en la moción sitúa en el primer trimestre de 2027 la evaluación de la Estrategia de Atención Primaria 2023-2026. Su finalidad será determinar qué objetivos se han alcanzado y cuáles continúan pendientes una vez terminado el periodo al que corresponde el documento.
La iniciativa ha obtenido el respaldo mayoritario del Parlamento autonómico, pese al rechazo del PP. Sánchez ha defendido que las exigencias aprobadas remiten a compromisos establecidos por el propio Gobierno regional y ha reclamado que su cumplimiento tenga efectos sobre la atención a los pacientes y las condiciones del personal.
“Estos objetivos para reducir los pacientes que atiende cada médico de familia, cada pediatra y cada profesional de enfermería los fijó el propio Gobierno de López Miras. Ahora tendrá que cumplirlos”, ha concluido la viceportavoz socialista.
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