El sindicato rechaza la licitación para 2026-2028 y pide reforzar la plantilla pública en lugar de ampliar las tareas externalizadas
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha reclamado que las funciones relacionadas con las notificaciones administrativas queden fuera del nuevo contrato de asistencia e información tributaria de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM). El sindicato considera que la licitación prevista para el periodo 2026-2028 profundiza en la externalización de tareas del organismo y pide a la Administración regional que detenga esa ampliación.
El punto que concentra su rechazo es la incorporación de trabajos vinculados a las notificaciones. Para CCOO, se trata de una actividad especialmente sensible por sus efectos sobre las garantías de los contribuyentes y porque requiere control público, profesionalidad e imparcialidad. La nota sindical no detalla qué actuaciones concretas se incluyen en el contrato ni atribuye a la futura empresa la adopción de decisiones administrativas. Su exigencia se dirige a impedir que ese ámbito gane peso entre las prestaciones encargadas a una contrata.
La federación plantea tres medidas: paralizar cualquier ampliación de las funciones externalizadas, excluir del nuevo contrato las tareas relativas a notificaciones y aprobar un plan de refuerzo de personal para recuperar capacidad de gestión pública en la ATRM. Sostiene que la falta de plantilla debe resolverse con recursos propios, en vez de utilizarse como argumento para contratar cada vez más servicios a empresas.
Las notificaciones, en el centro de la crítica sindical
CCOO presenta el nuevo contrato como un paso más en un proceso que, según denuncia, viene ampliando la participación de empresas privadas en la actividad diaria de la Agencia Tributaria regional. La organización enumera entre las tareas ya externalizadas la atención presencial, telefónica y telemática, el archivo documental y el apoyo a las autoliquidaciones. A su juicio, añadir funciones relacionadas con las notificaciones supone un cambio cualitativo.
La preocupación del sindicato se centra en que una notificación administrativa afecta directamente a la relación entre la Administración y la persona destinataria. Por ello reclama que la ATRM conserve un control público efectivo sobre las actuaciones vinculadas a ese proceso. Su comunicado califica las notificaciones como un pilar de la seguridad jurídica y de las garantías de la ciudadanía, y pide que no se incorporen al contrato de asistencia tributaria.
La distinción entre unas funciones y otras será determinante para conocer el alcance de la controversia. CCOO denuncia la inclusión de tareas relacionadas con las notificaciones, pero su nota no identifica los apartados del pliego ni precisa si se refiere a apoyo material, preparación documental u otras actuaciones. Tampoco cuantifica qué parte del contrato correspondería a esos trabajos. Su posición, en cualquier caso, es que deben excluirse de esta licitación.
La federación rechaza que la externalización se presente como un refuerzo puntual de la Agencia. Considera que las sucesivas contrataciones han consolidado una dependencia de empresas para atender funciones que, a su juicio, debería prestar una plantilla pública suficiente. Ese es el eje de su crítica al contrato para 2026-2028: el sindicato entiende que prolonga el modelo y amplía de nuevo su alcance.
Un plan de personal frente a la dependencia de contratas
CCOO vincula esta situación a las necesidades de personal de la ATRM. La federación sostiene que, si faltan empleados para atender la demanda de información y asistencia tributaria, la respuesta debe ser un plan que refuerce la plantilla y permita recuperar tareas dentro de la Administración. No acepta que esa carencia se utilice de manera permanente para justificar encargos a empresas privadas.
“Privatizar porque faltan empleados públicos es convertir el fracaso de la política de personal en un negocio para empresas privadas”, afirma el sindicato en su comunicado. La organización señala que se destinan millones de euros a contratas, aunque no aporta en la nota una comparación detallada entre el coste del contrato y el de las plazas públicas que propone crear o reforzar. Su reclamación principal es que la Agencia disponga de personal propio suficiente para asumir las funciones que considera esenciales.
La federación también subraya una contradicción política. La Agencia Tributaria regional participa en la recaudación de los recursos con los que se financian servicios como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la atención a la dependencia. Por eso CCOO considera incoherente defender esos servicios públicos y, al mismo tiempo, reducir el peso de la gestión directa en el organismo encargado de obtener parte de sus ingresos.
La crítica no se limita a quién atiende una consulta o tramita un documento. Para el sindicato, cada ampliación del contrato condiciona la capacidad futura de la ATRM para prestar el servicio con medios propios. De ahí que pida detener el crecimiento de las tareas externalizadas y abordar de forma específica las necesidades de personal, en vez de resolverlas mediante una nueva contratación.
“La solución no pasa por privatizar más, sino por fortalecer la Agencia con los recursos humanos necesarios. Quien garantiza la financiación de los servicios públicos esenciales debe seguir siendo un servicio público”, concluye Paco Saura, coordinador de Administración Autonómica de FSC-CCOO.
La federación reclama ahora que la Administración regional revise el alcance del contrato antes de avanzar en su tramitación y excluya las funciones relacionadas con las notificaciones. La decisión sobre esa petición marcará si la licitación mantiene las tareas cuestionadas por CCOO o si la ATRM replantea su prestación y acompaña el proceso de un plan para reforzar su plantilla.
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