El contrato, de 25.000 euros, premia la instalación en quince días y justifica la rapidez para acondicionar las dependencias
La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social considera necesario mantener unas temperaturas adecuadas en los despachos y salas de su sede y ha incorporado esa necesidad a la contratación de un nuevo equipo de climatización. No se trata de una interpretación política: figura expresamente en la memoria del expediente para sustituir una unidad averiada de la Casa Díaz Cassou, en Murcia. El documento añade que debe favorecerse una ejecución rápida para que las instalaciones estén acondicionadas durante el verano.
Esa justificación coincide con un problema que colegios e institutos de la Región arrastran desde el final del curso anterior: temperaturas que obligan a interrumpir las clases. En junio, familias, estudiantes y sindicatos denunciaron conjuntamente mediciones superiores a los 30 grados durante la mañana y rechazaron que adelantar la salida del alumnado se convirtiera en la respuesta habitual. En septiembre, las suspensiones han vuelto a producirse.
La documentación de la licitación permite comprobar cómo se ha traducido la necesidad de refrigeración de la sede administrativa en presupuesto, condiciones técnicas y criterios de adjudicación. El contrato tiene un presupuesto máximo de 25.000 euros, IVA incluido, y reserva hasta 30 de los 100 puntos de valoración a reducir el tiempo de ejecución. La oferta que se comprometa a completar el suministro, la instalación y la puesta en servicio en un máximo de quince días naturales obtendrá la mayor puntuación en ese apartado.
El procedimiento, identificado con el número 009/2026, continúa figurando en estado de «Evaluación» en la plataforma autonómica consultada. Por tanto, los documentos acreditan una contratación en curso, no una instalación ya terminada ni un gasto definitivamente ejecutado.
La memoria pide rapidez para tener las oficinas acondicionadas en verano
El argumento más significativo aparece en la página 4 de la memoria justificativa, firmada el 17 de julio. Al explicar por qué se puntuará el plazo de ejecución, el documento señala: «Debido a las fechas en las que se va a producir la contratación que son en el periodo estival, se considera necesario otorgar puntuación a una pronta ejecución del contrato con el fin de que durante el verano las instalaciones estén debidamente acondicionadas».
El pliego administrativo concreta ese propósito. Establece un plazo general de 60 días naturales desde el día siguiente a la formalización, pero concede 30 puntos por ejecutar el contrato en quince días o menos; 20 puntos entre 16 y 30 días; diez entre 31 y 45, y cinco entre 46 y 60. Los otros 70 puntos corresponden al precio. La rapidez tiene así un peso específico en la elección de la empresa adjudicataria.
No obstante, esa preferencia no debe confundirse con una declaración formal de urgencia. Las órdenes aportadas califican la tramitación como ordinaria, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado. La memoria y el pliego técnico se firmaron el 17 de julio; la orden de inicio, el 27; y la aprobación del expediente y autorización del gasto, el 31 de julio. Esta última recoge informes favorables del servicio jurídico y de fiscalización.
El anuncio se publicó el 5 de agosto y permitió presentar ofertas hasta el día 19. El mismo 5 de agosto se firmó la designación de la unidad técnica encargada de valorarlas. Aunque el objetivo expresado era disponer del equipo durante el verano, la ficha pública mantiene el expediente en evaluación a mediados de septiembre.
La intervención afecta a una sola unidad de las trece existentes, no a la renovación completa de la climatización del edificio. Según el pliego técnico, los equipos están al límite de su vida útil y sus reparaciones son cada vez más costosas. La avería definitiva de una unidad que da servicio a la planta baja, considerada irreparable, motiva su sustitución. El nuevo aparato se instalará en la azotea, conectado al sistema existente.
El presupuesto se desglosa en 19.061,16 euros para el equipo, 1.000 euros para el servicio de grúa y 600 euros para desmontar y retirar el antiguo. A los 20.661,16 euros netos se añaden 4.338,84 euros de IVA. La financiación es íntegramente autonómica, con cargo al presupuesto prorrogado de 2025 para 2026.
Los documentos describen, por tanto, una necesidad de mantenimiento en dependencias administrativas que también incluyen espacios de pública concurrencia. Exigen coordinar los trabajos con el funcionamiento normal del edificio y garantizar la seguridad del personal. No identifican la actuación como destinada exclusivamente al despacho de un cargo político.
Las aulas llegaron al final de curso con protestas y vuelven a sufrir interrupciones
La preocupación por trabajar a una temperatura adecuada no es nueva para la comunidad educativa. Antes del verano, FAPA-RM, FEMAE, el Sindicato de Estudiantes, CCOO, STERM y UGT ya habían organizado una respuesta conjunta ante las deficiencias de climatización. Sus mediciones, según el comunicado difundido en junio, detectaban aulas por encima de los 27 grados incluso antes del comienzo de las clases y superiores a los 30 durante la mañana.
Las organizaciones reclamaron un plan plurianual de infraestructuras y climatización, anunciaron actuaciones ante la Inspección de Trabajo y convocaron movilizaciones. En Las Torres de Cotillas, la protesta del 17 de junio insistió en que recortar el horario lectivo no podía sustituir a las inversiones necesarias. También pidió más sombra, vegetación y fuentes de agua en los centros.
El IES Valle de Leiva de Alhama de Murcia permite seguir la continuidad del problema entre cursos. En septiembre de 2025, el propio Ayuntamiento informó de que el instituto iniciaba su tercer curso consecutivo sin climatización y recordó que la jornada lectiva se había interrumpido hasta ocho veces durante el curso anterior. La comunicación municipal recogía, además, el compromiso trasladado por Educación de licitar y ejecutar las obras antes del verano de 2026.
Las obras sí llegaron. El 26 de marzo de este año, la Consejería de Educación anunció oficialmente su inicio, con una inversión de 641.000 euros. Sin embargo, la existencia de la actuación no ha evitado que el nuevo curso comenzara antes de que los equipos pudieran utilizarse.
Según el aviso trasladado a esta redacción desde la comunidad educativa, el Valle de Leiva volvió a suspender las clases el 15 de septiembre después de alcanzar 30,2 grados en varias aulas. Esa comunicación sitúa la primera prueba de funcionamiento del aire acondicionado en el viernes 18 y el final del plazo de ejecución en el 27 de septiembre. La dirección, con respaldo del Consejo Escolar, mantendrá las interrupciones si vuelven a darse esas condiciones mientras la instalación no esté operativa.
En Cartagena también se han registrado denuncias por suspensiones durante el arranque del curso. El Grupo Municipal Socialista comunicó el 9 de septiembre que el colegio Azorín había interrumpido las clases a las once de la mañana del día anterior, tras superar los 27 grados en sus aulas. La información, publicada en el portal municipal, recogía la protesta de las familias y sus demandas de una solución.
El Gobierno cartagenero defiende que ha comenzado a actuar: el 10 de septiembre señaló intervenciones estivales en seis centros, un estudio de sus potencias eléctricas y una dotación municipal de un millón de euros hasta 2030. Las actuaciones citadas incluyen persianas, ventanas, sombras y arbolado, además de la planificación de nuevos equipos.
El Gobierno regional sitúa en 2030 la finalización de ClimaTIZA
La respuesta autonómica al problema escolar se articula ahora alrededor del Plan ClimaTIZA. Durante la apertura del curso, el 8 de septiembre, Fernando López Miras anunció una primera inversión de siete millones de euros para subvencionar actuaciones en ayuntamientos y centros, mejorar potencias eléctricas y aplicar medidas urgentes donde fueran necesarias intervenciones más complejas. El plan tiene una dotación anunciada de 89 millones y horizonte de finalización en 2030.
El presidente calificó su ejecución como una prioridad y aseguró que el Ejecutivo iría incorporando recursos para conseguir temperaturas adecuadas en todas las aulas. La misma comunicación oficial informó de 24,8 millones destinados durante el verano a 38 obras educativas, aunque ese importe agrupa actuaciones diversas, no exclusivamente instalaciones de aire acondicionado.
Educación también había defendido en marzo un balance de 79,3 millones de euros invertidos desde 2020 en mejoras térmicas y energéticas de 108 centros. Esa cifra incluye retirada de fibrocemento, cubiertas, placas solares, aislamiento y otras actuaciones. Dentro del desglose, la Consejería atribuyó 4,5 millones a climatización completa de centros y 29,8 millones a obra nueva con climatización.
Los anuncios no han cerrado la controversia. UGT Servicios Públicos denunció el 8 de septiembre la repetición de las altas temperaturas en las aulas y reclamó un plan integral con financiación suficiente y una hoja de ruta comprobable. Su responsable de Enseñanza, Toñi del Vas, cuestionó que el horizonte anunciado bastara para responder a las necesidades actuales.
La comparación con Empresa tiene límites claros: sustituir una unidad averiada no equivale a climatizar un instituto completo, y el expediente no acredita que se haya retirado financiación educativa para pagar este contrato. Tampoco permite asegurar que la reposición administrativa haya concluido con rapidez, porque sigue publicada en evaluación. El contraste está en la necesidad que la Administración reconoce por escrito para sus dependencias y que continúa sin estar resuelta en los centros donde el calor interrumpe la enseñanza.
Para esta información se han consultado los documentos de contratación y las comunicaciones oficiales y educativas citadas. No se ha solicitado una respuesta directa a las consejerías de Empresa y Educación sobre esta comparación.
La memoria de la Casa Díaz Cassou vincula expresamente el acondicionamiento térmico con el desarrollo de las actividades de sus despachos y salas. Es la misma necesidad que las organizaciones educativas trasladaron antes del verano: disponer de espacios donde poder trabajar y aprender sin tener que interrumpir la jornada. En la sede administrativa, esa necesidad cuenta con una reposición presupuestada y un incentivo contractual para reducir plazos; en las aulas afectadas, la espera sigue teniendo una consecuencia inmediata: horas de clase que no pueden desarrollarse con normalidad.
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