El dictamen obliga a revisar la representación de las asociaciones y vuelve a cuestionar una regulación pendiente desde hace 18 años
El proyecto con el que el Gobierno regional pretende regular la Mesa de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia ha recibido una advertencia de carácter esencial del Consejo Jurídico. El órgano consultivo considera que la propuesta elaborada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social contiene un «grave defecto» al no establecer criterios objetivos para determinar la representación que corresponde a cada asociación dentro de la futura Mesa.
Así consta en el Dictamen 238/2026, aprobado el pasado 30 de julio, que analiza el proyecto de decreto impulsado por la Dirección General de Consumo. El Consejo Jurídico no cuestiona la competencia del Gobierno regional para aprobar la regulación ni declara contrario a Derecho el modelo general planteado, pero sí exige modificar uno de sus elementos centrales antes de culminar su tramitación.
La cuestión afecta directamente a cómo se repartirán las vocalías entre las organizaciones de consumidores. La Ley 4/1996, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, establece que la Mesa debe estar integrada por representantes de las asociaciones «en función de su representatividad». Sin embargo, el proyecto analizado permite la presencia de las entidades inscritas en el registro regional sin concretar qué elementos determinarán que unas tengan una representación superior a otras.
El Consejo Jurídico admite que la presencia de un número amplio de asociaciones puede ser compatible con la ley, pero considera imprescindible establecer las reglas que permitan materializar esa representatividad. De lo contrario, la regulación dejaría sin desarrollar precisamente uno de los aspectos que la propia ley encomienda al futuro decreto.
Un «grave defecto» que el Gobierno debe corregir
La advertencia más contundente aparece en la Consideración Quinta del dictamen. Después de analizar las diferentes fórmulas posibles para configurar la Mesa, el Consejo Jurídico constata que el proyecto no fija «la manera en que debiera atribuirse un mayor número de representantes a unas asociaciones que a otras» ni determina un número máximo de representantes.
El órgano consultivo utiliza una expresión especialmente significativa para valorar esta carencia: «Aquí adolece de un grave defecto y el reproche es mayor». A su juicio, esa previsión debería formar necesariamente parte del futuro reglamento precisamente por tratarse de la norma encargada de desarrollar el mandato contenido en la legislación autonómica de consumidores.
El Consejo señala además una contradicción práctica. El propio proyecto contempla que las asociaciones puedan proponer candidatos para desempeñar «dos o más vocalías», pero no establece los criterios que permitirían conocer por qué una determinada entidad tendría derecho a disponer de más representantes que otra.
Por ello, reclama incorporar un artículo específico que determine los criterios objetivos para repartir las vocalías y establezca también el número máximo que puede corresponder a cada organización.
No se trata de una simple recomendación técnica. El Consejo Jurídico atribuye expresamente a esta observación carácter esencial, lo que obliga al Ejecutivo regional a tenerla especialmente en cuenta si pretende aprobar el decreto «de acuerdo con el Consejo Jurídico».
El debate sobre la composición de la Mesa ya había provocado advertencias durante la tramitación. El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia señaló en febrero de 2026 que la configuración diseñada por el Gobierno podía llevar a un órgano con más de medio centenar de vocalías.
Según recoge el propio dictamen del Consejo Jurídico, el CES calculó que el modelo podía alcanzar actualmente las 57 vocalías y calificó esa cantidad como «desmesurada», al considerar que podía perjudicar el funcionamiento efectivo de la Mesa.
El organismo económico y social propuso limitar las vocalías externas y utilizar variables cuantificables para determinar la representación, como el número de socios, las oficinas de información al consumidor disponibles o las horas de atención personalizada. El Gobierno regional decidió mantener, sin embargo, una configuración que favoreciera la participación del conjunto de asociaciones inscritas.
El Consejo Jurídico no considera ilegal por sí misma esa participación amplia, pero advierte de que debe existir una fórmula objetiva que permita traducir a la práctica el criterio de representatividad exigido por la ley.
La regulación de la Mesa arrastra además una prolongada historia administrativa. El artículo 19 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios fue modificado en 2008 para configurar este organismo como instrumento de diálogo, coordinación, colaboración y cooperación entre las asociaciones y la Administración regional, dejando para un posterior desarrollo reglamentario aspectos esenciales como su funcionamiento, composición, estructura y periodicidad de las reuniones.
Más de una década después, ese desarrollo continúa sin culminarse.
De hecho, la actual tramitación ya tuvo que ser rectificada una vez. La Administración regional comenzó preparando una orden de la Consejería, pero el propio Consejo Jurídico determinó en su Dictamen 276/2025 que la regulación debía adoptar la forma de decreto del Consejo de Gobierno. Tras aquella advertencia, la Dirección General de Consumo inició en noviembre de 2025 un nuevo procedimiento, manteniendo aquellos trámites anteriores que podían ser convalidados.
Transparencia desactualizada y un expediente con documentos duplicados
El Dictamen 238/2026 contiene además reproches que van más allá del contenido concreto del futuro decreto. El Consejo Jurídico detecta deficiencias en las obligaciones de publicidad activa asociadas a su elaboración.
Según el documento, la información disponible en el Portal de Transparencia de la Región de Murcia continuaba refiriéndose al anterior proyecto de orden y no al posterior proyecto de decreto.
El Consejo señala expresamente que no se había publicado la última versión del proyecto de decreto ni la quinta y última Memoria de Análisis de Impacto Normativo, fechada el 23 de marzo de 2026, pese a considerar que debería haberse hecho.
Tampoco se había remitido para su publicación en el Portal de Transparencia el dictamen preceptivo emitido por el Consejo Económico y Social. El Consejo Jurídico vincula directamente estas carencias con las obligaciones recogidas en el artículo 16 de la Ley regional de Transparencia y Participación Ciudadana.
Pero las observaciones más llamativas afectan al propio expediente electrónico recibido por el órgano consultivo.
El dictamen habla literalmente de «deficiencias formales evidentes» en la documentación remitida por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social.
Entre los problemas detectados figura la existencia de varias firmas electrónicas o certificados cuya validación no pudo realizarse. También se localizó un archivo PDF que incorporaba una tabla de contenidos y unos metadatos que el Consejo califica como «manifiestamente ajenos a su contenido efectivo», aparentemente procedentes de un ejemplar completo del Boletín Oficial de la Región de Murcia.
El expediente también había sido confeccionado duplicando los documentos que lo integraban. Esa situación produjo la existencia de dos índices que no coincidían plenamente entre sí y que, según el Consejo Jurídico, generaban «incertidumbre acerca de la estructura documental definitiva del expediente».
A ello se añadían diferencias entre la numeración de los documentos y su paginación, además de que únicamente una de las copias duplicadas contenía una foliación completa.
El Consejo Jurídico aclara que estas incidencias no impidieron realizar el análisis jurídico de fondo y, por tanto, no les atribuye por sí mismas consecuencias invalidantes sobre el procedimiento. Sí considera, sin embargo, que dificultan la consulta, localización y verificación de los documentos y reclama reforzar los controles de calidad y revisión de los expedientes electrónicos antes de remitirlos al órgano consultivo.
El Gobierno regional dispone ahora de un dictamen que reconoce su competencia y habilitación para aprobar el decreto, pero condiciona su adecuación al criterio del Consejo Jurídico a la corrección de la observación esencial formulada sobre el reparto de representantes.
La futura Mesa de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, pendiente de desarrollo reglamentario desde que la legislación regional configuró el órgano en 2008, afronta así una nueva fase de revisión. Esta vez, el Ejecutivo deberá concretar objetivamente quién representa a quién y con cuántas vocalías si quiere cerrar una regulación que, tras años de espera y varios intentos administrativos, continúa sin estar definitivamente aprobada.
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