«Las familias esperan una matrícula mientras la discusión sobre dos comunicaciones ministeriales aparta el foco de la restricción murciana de acceso a la FP«
Hace unos días, Francisco Lucas recurrió al refrán de la linde para responder a Marcos Ortuño. Hablaban de inmigración y de los medios de la Guardia Civil, pero aquella imagen se me ha vuelto a aparecer con la controversia sobre la Formación Profesional para personas con discapacidad. Hay discusiones en las que cambia el asunto y permanece la costumbre: buscar en Madrid la explicación de todo lo que se decide en Murcia.
Esta vez cuesta tomárselo con humor. Una familia de Yecla acudió al delegado del Gobierno después de encontrarse con una negativa que, según la información difundida por la Delegación, se apoyaba en que el estudiante no terminaría el ciclo antes de cumplir los 21 años. Quería continuar su formación y la respuesta consistió en explicarle que, haciendo las cuentas de determinada manera, ya no le daba tiempo.
Pónganse un momento en su lugar. Su hijo necesita un itinerario adaptado, ustedes intentan que siga aprendiendo y, al llegar a la matrícula, descubren que la edad se ha convertido en un impedimento. Toca volver a preguntar, buscar asesoramiento y reclamar. Lo que para otros es un trámite de septiembre se transforma en otra pelea con la Administración.
El conflicto afecta al acceso a determinados programas de modalidad Especial, no a toda la Formación Profesional para cualquier persona con discapacidad. La precisión importa porque permite entender dónde está el problema: la barrera de los 19 años aparece en una vía concebida para atender a quienes encuentran dificultades para incorporarse a la oferta ordinaria. Justo donde el sistema debería mostrar su capacidad de adaptación.
De esa situación nace la reclamación política. Virginia Lopo ha pedido eliminar la restricción y abrir un nuevo plazo de matrícula para los afectados; Francisco Lucas ha trasladado el asunto al Ministerio. Después han llegado las comunicaciones administrativas y una controversia que amenaza con desplazar la pregunta inicial. Las familias quieren saber dónde podrán estudiar sus hijos. El debate parece ocupado en averiguar a quién se le puede atribuir que todavía no estén haciéndolo.
Qué dicen las dos comunicaciones
He podido leer las dos comunicaciones del Ministerio y no encuentro la contradicción que se pretende presentar. Una aborda la restricción de acceso a los 19 años; la otra explica las condiciones de permanencia y las posibilidades de formación para personas adultas con discapacidad. Son cuestiones relacionadas, pero diferentes, y leerlas como si fueran respuestas enfrentadas a una misma pregunta conduce al equívoco.
La primera se ocupa de la barrera concreta que ha provocado la reclamación: la normativa estatal no impone ese máximo general de 19 años para incorporarse. La segunda responde a consultas sobre el marco de estas enseñanzas, similares a las planteadas por otras comunidades autónomas, y desarrolla cuestiones abordadas en primavera en la comisión de FP.
Para aclararlo hay que distinguir entre entrar en un programa, permanecer escolarizado y acceder a otras ofertas durante la vida adulta. La legislación contempla la permanencia en estas enseñanzas, al menos, hasta los 21 años. Su desarrollo reglamentario permite una ampliación excepcional de un año cuando el equipo docente considere que ayudará a alcanzar los resultados de aprendizaje.
De ahí no sale, por sí sola, una obligación estatal de impedir la incorporación después de los 19. Tampoco un derecho automático a matricularse en cualquier programa sin cumplir sus requisitos. Lo que exige ese marco es una explicación bastante más cuidadosa que restar la duración del curso a una edad y dar por resuelto el expediente.
Ese «al menos» merece atención. Son dos palabras corrientes que parecen volverse endiabladamente difíciles cuando estorban a una explicación política. Y también importa que la ampliación se vincule al criterio del equipo docente. La norma está hablando de aprendizaje, de posibilidades y de una valoración educativa; no únicamente de cumpleaños.
Conviene ser precisos con el origen de la restricción. Los 19 años sí figuran en las instrucciones autonómicas de admisión para el curso 2025-2026. Sería incorrecto decir que no aparecen escritos en ninguna parte. Aparecen aquí. Lo discutible es presentar esa condición murciana como una imposición ministerial que la Consejería no tendría más remedio que obedecer.
La formación adaptada para personas adultas trabajadoras, por su parte, tiene su propio ámbito y no queda sometida automáticamente a las edades de la escolarización juvenil. Recordar esa posibilidad completa la explicación del sistema. No desautoriza la objeción al límite de entrada ni convierte en adecuada cualquier respuesta dada a una solicitud.
Ahora bien, mencionar otras ofertas tampoco resuelve por sí mismo el caso de una persona excluida. Una alternativa necesita un centro, una plaza, apoyos adecuados y la posibilidad de llegar hasta allí. Para quien organiza su vida alrededor de esas necesidades, la diferencia entre una posibilidad normativa y una solución disponible es enorme.
Lo que falta es una respuesta para las familias
Una vez aclarado el contenido de los escritos, corresponde volver al lugar del que salió la discusión: las matrículas. El Gobierno regional debe explicar qué criterio aplicará, cómo revisará los casos denunciados y qué opciones tendrán los afectados. Esa es la información que permite a una familia tomar decisiones. Lo demás puede ocupar una comparecencia sin ayudarla a organizar el lunes siguiente.
Desde un despacho, dedicar unos días a estudiar una comunicación puede parecer razonable. En una casa pendiente de que alguien se incorpore a clase, el tiempo tiene otra medida. Hay expectativas, rutinas y planes en suspenso. Por eso resulta tan irritante escuchar una discusión institucional que no termina de concretarse en una respuesta útil.
A las familias de personas con discapacidad se les pide mucha paciencia. Que comprendan los procedimientos, aporten informes y esperen valoraciones. También se les habla de perseverancia y superación. Sería un detalle que la Administración demostrara la misma disposición que exige y empleara sus recursos en examinar cómo facilitar la continuidad formativa.
No se trata de prescindir de las normas. Se trata de aplicarlas atendiendo a su contenido completo, a las posibilidades de flexibilización y a las circunstancias que los profesionales deben valorar. Si un programa existe para responder a necesidades distintas, resulta difícil defender que su gestión se reduzca a una casilla de edad sin una justificación suficiente.
Ahí se comprueba la inclusión. En decisiones poco vistosas: atender una recomendación educativa, revisar unas instrucciones o encontrar una salida para alguien cuya situación requiere más trabajo. Después se puede pronunciar el discurso y hacerse la fotografía. Pero convendría haber resuelto antes lo que preocupa a quienes aparecen en ella.
López Miras y su Consejería tienen margen para afrontar el problema sin convertirlo en otra batalla con el Gobierno de España. Las competencias educativas incluyen la responsabilidad de decidir y de responder por las consecuencias. También la de corregirse cuando hay razones para ello. No debería ser tan difícil asumirlo.
Cuando un tonto sigue una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. En el refrán, la obstinación solo deja en evidencia al caminante. En el Gobierno regional, la pagan otros. Aquí hay jóvenes esperando para estudiar mientras la Consejería busca cómo seguir teniendo razón. La linde se ha acabado. Ya está bien de hacerles pagar ese orgullo. Que rectifiquen y resuelvan las matrículas: bastante tienen estas familias con las barreras que encuentran como para soportar también la de un Gobierno regional que no sabe dar marcha atrás.
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