López Miras prometió no retroceder en la protección del Mar Menor, sin embargo su partido empieza a flexibilizar sanciones con los diputados salidos de Vox
En febrero de 2023, López Miras aseguró que la Ley del Mar Menor no se tocaba. Lo dijo cuando le preguntaron por las exigencias de Vox para un eventual pacto de gobierno. Una declaración rotunda, de las que permiten salir del estudio con aspecto de estadista y dejar al oyente razonablemente tranquilo. El problema vino después: hubo ciudadanos que se la creyeron. Confundieron una respuesta del presidente con un compromiso. Una imprudencia que, a estas alturas, casi debería advertirse al comienzo de las entrevistas.
En julio volvió a ponerse estupendo. La propuesta de Antelo era “inasumible” porque incluía derogar o modificar la ley, y el compromiso del PP consistía en “no dar un paso atrás en la protección del Mar Menor”. Allí estaba el presidente marcando territorio frente a la extrema derecha. Qué hombre, qué carácter, qué manera de defender sus convicciones mientras todavía le convenía exhibirlas.
Todavía en septiembre de aquel año, ya formado el Gobierno de coalición, quiso despejar cualquier duda: su compromiso “era, es y será no dar un paso atrás en la protección del Mar Menor”. Había recorrido el pasado, el presente y el futuro. No dejó un tiempo verbal libre para la rectificación. Debió de olvidarse del condicional, que es donde terminan viviendo las grandes promesas cuando empiezan a resultar incómodas.
Este miércoles, el PP ha sacado adelante la toma en consideración de su reforma con el apoyo de José Ángel Antelo y Virginia Martínez y la abstención de Vox. Se abre la tramitación; la modificación definitiva todavía no está aprobada. Conviene precisarlo, aunque sería excesivamente amable confundir el comienzo de la maniobra con su inexistencia. También conviene decir que, con Vox absteniéndose, aquellos dos votos no eran imprescindibles para superar este trámite. La escena ya resulta bastante elocuente sin necesidad de retocar la aritmética.
Antelo fue expulsado del grupo de Vox y Martínez lo abandonó por decisión propia. Ambos conservaron el escaño. Sus votos, sumados a los del PP, alcanzan la mayoría absoluta. Admirable capacidad de aprovechamiento: de una crisis interna de la extrema derecha sale una solución para el presidente. Algunos ven ahí un deterioro de la representación política; desde el sillón, en cambio, debe de apreciarse un paisaje bastante despejado.
La reforma tampoco ha surgido de una revelación jurídica de última hora. Ya figuraba entre los compromisos del acuerdo presupuestario de PP y Vox de 2025 y la propuesta popular estaba registrada desde diciembre. Ha habido tiempo para prepararla. Lo que parece no haber encontrado un hueco en la agenda es la explicación de cómo se pasa de proclamar lo intocable a promover su modificación con aquellos a quienes se les había dicho que no.
Podemos discutir si una ley necesita cambios. Faltaría más. Lo que cuesta soportar es esta exigencia de que el ciudadano aplauda primero la firmeza y después la flexibilidad, sin cometer la impertinencia de relacionarlas. López Miras quiere cobrar políticamente por las dos cosas: por haberse plantado y por haberse apartado. Y todavía pretende entregarnos el recibo a nosotros.
Basta leer qué se quiere cambiar para que el asunto pierda ese aire de inocente mantenimiento administrativo. El artículo 83.4 establece que una infracción grave o muy grave conlleva dos años sin poder obtener ayudas autonómicas para inversiones en las zonas 1 y 2, desde que la sanción es firme en vía administrativa. Es una consecuencia concreta, ligada a un incumplimiento sancionado; no un castigo inventado contra el primer agricultor que pase por delante.
El PP pretende que esa consecuencia deje de imponerse obligatoriamente y pueda valorarse según las circunstancias. Joaquín Segado lo explica así: “No eliminamos esa sanción, sino su automatismo”. No equivale a garantizar una subvención a todo infractor, pero sí a permitir que alguien sancionado conserve una posibilidad de acceder a esas ayudas que ahora pierde necesariamente.
Hombre, pues algo cambia. Prueben a explicarle al banco que no han eliminado la devolución de la hipoteca, sino su automatismo. Que estudiarán cada mensualidad según las circunstancias. Verán qué pronto comprende el director de la sucursal la diferencia entre una obligación y una posibilidad. Para entenderlo en el Mar Menor, por lo visto, necesitamos que nos traduzcan primero del dialecto parlamentario al castellano.
Segado defiende que la reforma adapta la norma regional a la estatal, evita duplicidades y mantiene prohibiciones, controles e inspecciones. Ha recurrido incluso a comparar las sanciones con las multas de tráfico en Murcia y Albacete. Todo ello bajo la bandera del equilibrio entre quienes quieren dejar la ley como está y quienes pretenden derogarla.
Qué cómodo ese centro político que uno coloca exactamente donde acaba de ponerse. Si alguien pide suprimir todas las consecuencias, basta con suavizar algunas para presentarse como moderado. Con semejante método, siempre habrá un vecino más radical que permita parecer sensato mientras se hace aquello que antes se consideraba inasumible. Es una moderación con servicio de ajuste a domicilio.
Por lo demás, la ley ya contiene una regla para evitar duplicar sanciones cuando un mismo hecho infringe sus previsiones y la normativa sobre contaminación por nitratos. Está en el artículo 83.6. Eso no vuelve innecesaria cualquier revisión, pero exige una explicación algo más trabajada que el ejemplo de las multas. Antes de anunciar que se ha descubierto un problema, sería recomendable comprobar qué dice el artículo de al lado.
Lo más irritante de esta operación es que se envuelva en la defensa del agricultor. Del agricultor en general, ese personaje al que se convoca para los discursos y al que rara vez se distingue del vecino que incumple. Porque hay una diferencia bastante importante entre ayudar a una explotación a cumplir las obligaciones ambientales y facilitarle las cosas después de haber cometido una infracción grave. Meterlo todo en el mismo saco ahorra explicaciones, pero falta al respeto precisamente a quienes trabajan dentro de las reglas.
Pienso en quien haya gastado dinero, cambiado prácticas o renunciado a una ventaja para cumplir. A ese deberían explicarle, sin atril y sin aplausos organizados, por qué merece tanta atención la situación del sancionado. Quizá descubra que su error consistió en adelantarse: hizo lo que debía sin esperar a que alguien considerara conveniente revisar las consecuencias de no hacerlo. El cumplidor pone el esfuerzo; para el incumplidor se estudian las circunstancias. Un reparto muy estimulante.
Nadie necesita elegir entre agricultura y Mar Menor para rechazar esa lógica. Hay margen para discutir ayudas, asesoramiento, trámites e inversiones sin convertir al infractor en representante honorífico de todo el campo. Más bien al contrario: cuesta imaginar una defensa menos generosa del sector que dar por supuesto que su gran urgencia consiste en aliviar las consecuencias de las infracciones. A sus portavoces políticos debería preocuparles lo poco que favorece esa imagen a quienes dicen defender.
Los colectivos contrarios a la reforma, entre ellos Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, han advertido del perjuicio para las empresas cumplidoras y reclaman aplicar plenamente la ley antes de debilitarla. También han planteado objeciones jurídicas. No son sentencias, pero tampoco ruido de fondo que pueda taparse elevando el volumen de la palabra equilibrio.
Durante la tramitación habrá ocasión de atender esas objeciones. Veremos si escuchar significa considerar lo que se dice o, simplemente, permitir que los comparecientes terminen antes de agradecerles su presencia. Sería una descortesía muy refinada convocar a quienes defienden la laguna para que contemplen de cerca una decisión cerrada de antemano. Aunque siempre quedaría una fotografía estupenda para acreditar participación.
Y hay mucha gente a la que esta discusión le concierne sin necesidad de tener una explotación, una sanción o un asiento en la Asamblea. El Mar Menor no puede quedar reducido al inconveniente que estorba en una negociación. Quienes quieren conservarlo no están pidiendo un favor al presidente ni deben agradecerle cada garantía que decide mantener. La protección del patrimonio común no es una concesión graciosa del gobernante de turno.
Tampoco hace falta imaginar sobres, conspiraciones o conversaciones secretas para formular una crítica demoledora. Basta con el expediente público: lo que se prometió, la propuesta que se presenta y los apoyos con los que empieza a caminar. A veces la política se desacredita sin esconder nada. Le basta con confiar en que el ciudadano esté cansado, tenga otras preocupaciones y no encuentre tiempo para comparar.
Yo le concedería a López Miras una última oportunidad de ser claro. Que explique por qué defiende ahora esta flexibilización y asuma que su palabra de entonces ya no sirve en los mismos términos. Sin pedirnos, además, que admiremos su coherencia. Si considera que la reforma merece la pena, que la defienda con su nombre y su responsabilidad; Antelo no ha redactado retrospectivamente aquellas promesas.
Y, sobre todo, que nos ahorre otra solemnidad. Ya hemos entendido el mecanismo. La ley admite retoques, las consecuencias admiten excepciones y las convicciones admiten socios nuevos. Lo verdaderamente intocable parece estar en otra parte. A ver si resultaba que, cuando prometía no dar un paso atrás, no estaba hablando del Mar Menor, sino de su sillón.
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