Los socialistas denunciaron en junio que el decreto regional mantenía el copago y pidieron cambiarlo. El PP registra ahora una proposición de ley para eliminarlo

El Partido Popular ha dado el primer paso para eliminar el copago de las prestaciones destinadas a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en fase avanzada y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible en la Región de Murcia. La iniciativa llega casi cuatro meses después de que el PSOE denunciara en la Asamblea Regional que el decreto aprobado por el Gobierno de Fernando López Miras no eximía a estos pacientes de participar en el coste de los cuidados.
El cambio es una buena noticia para las personas afectadas y sus familias. También supone una rectificación política sobre el punto que los socialistas señalaron durante el debate parlamentario del 4 de junio. Aquel día, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, pidió que el decreto se tramitara como proyecto de ley para poder introducir una enmienda que eliminara el copago. PP y Vox rechazaron esa vía. Ahora es el propio Grupo Popular el que registra una proposición de ley para abordar la exención mediante una modificación normativa.
La propuesta del PP todavía debe completar su tramitación en la Asamblea. Por tanto, el copago no puede darse por eliminado con el mero registro del texto. El avance consiste en que el grupo que sostuvo el decreto de junio acepta ahora cambiar la regulación para incorporar una reclamación que el PSOE defendió desde el primer debate, junto con las personas afectadas que expresaron su preocupación por el coste de las prestaciones.
El PSOE advirtió del problema al debatirse el decreto
El origen de la controversia está en el Decreto-Ley 1/2026, con el que el Gobierno regional adaptó su sistema de dependencia al nuevo grado III+ de dependencia extrema. La norma reconoce una atención específica para personas con ELA avanzada y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Entre sus previsiones figuran una intensidad de ayuda a domicilio de entre 240 y 720 horas mensuales y una cuantía máxima de referencia de 9.859 euros al mes para determinadas prestaciones económicas. Sin embargo, el texto no incorporó una exención expresa del copago para estos beneficiarios.
Esa ausencia centró la intervención de Carmina Fernández en el pleno del 4 de junio. La portavoz socialista explicó que su grupo había recibido comunicaciones de personas con ELA y de sus familias contrarias al copago. «Lo último que necesita una persona con ELA en fase terminal es que se le cargue con más gasto. Bastante desgracia tienen, ellos y sus familias, como para que el Gobierno regional añada un copago que es, sencillamente, indecente», afirmó entonces.
El PSOE planteó una salida parlamentaria concreta: tramitar el decreto como proyecto de ley. Esa decisión habría permitido a los grupos presentar enmiendas al texto ya convalidado, entre ellas una para eximir del copago a las personas afectadas. La propuesta no prosperó. La Asamblea convalidó el decreto con los votos de PP, Vox y el Grupo Mixto, mientras que el PSOE se abstuvo. Los socialistas no bloquearon así la puesta en marcha del grado III+, pero dejaron constancia de su rechazo a que la norma entrara en vigor sin resolver la aportación económica de los pacientes.
La discusión tenía una consecuencia práctica. El nuevo grado reconocía más horas y mayores cuantías para afrontar necesidades de cuidado intensivas, pero no despejaba cuánto tendrían que aportar las personas beneficiarias en función de su capacidad económica. Para pacientes que pueden necesitar asistencia continuada, la diferencia entre reconocer una prestación y garantizar su acceso sin una carga económica añadida era una cuestión central. Fernández reclamó que la protección de los enfermos de ELA quedara expresamente asegurada en la norma regional.
El PP recurre ahora a la vía legislativa que rechazó en junio
Según la proposición anunciada por el Grupo Popular, la reforma pretende modificar el decreto autonómico que regula las prestaciones de dependencia para que las personas con el nuevo grado III+ no tengan que aportar dinero por los servicios y prestaciones a los que tienen derecho. El texto también incluye medidas para establecer pasarelas entre los grados de dependencia y discapacidad, de modo que determinados reconocimientos puedan agilizar el acceso a derechos asociados.
La coincidencia con lo reclamado por el PSOE en junio es clara en el asunto principal: eliminar el copago para quienes se encuentran en una situación de dependencia extrema. Entonces, el Grupo Socialista pidió abrir la tramitación legislativa del decreto precisamente para corregir ese punto. El PP rechazó la posibilidad de introducir enmiendas en aquel momento y registra ahora una proposición de ley propia para modificar la regulación.
Ese recorrido permite valorar el papel de la oposición socialista sin atribuirle en exclusiva el cambio. Fueron las personas con ELA y sus familias quienes trasladaron la preocupación por el copago. El PSOE recogió esa demanda, la convirtió en una propuesta parlamentaria y mantuvo públicamente que el decreto regional dejaba una protección incompleta. La iniciativa presentada ahora por el PP supone una marcha atrás respecto a su negativa de junio a corregir el texto durante su paso por la Asamblea.
El siguiente paso será comprobar el contenido definitivo de la ley y su calendario de aprobación. Para los pacientes, la rectificación solo estará completa cuando la exención entre en vigor y se aplique a las prestaciones que necesitan. Mientras tanto, el registro de la proposición constituye un avance: el copago que el PSOE denunció en el pleno de junio ha pasado de ser una objeción desatendida a un problema que el propio PP propone eliminar.
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