El convenio sustituye cesiones urbanísticas por 2,28 millones y los socialistas piden que reviertan en vivienda pública y equipamientos del entorno
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha reclamado que los 2.282.938,81 euros que ingresará el Consistorio vinculados al Plan Especial de Torre Norte se destinen prioritariamente a vivienda pública asequible y a cubrir necesidades de equipamientos y servicios en el entorno afectado por la actuación urbanística.
La petición fue formulada este jueves por el concejal socialista Andrés Guerrero durante la Comisión de Urbanismo, en la que el PSOE se abstuvo en el expediente. La operación afecta a Torre Norte, situada entre la avenida Academia de Infantería y Juan de Borbón, en la esquina con la avenida Embajador Inocencio Arias, y contempla sustituir determinadas cesiones urbanísticas obligatorias por una compensación económica.
La cantidad no procede de una estimación política. La documentación municipal del convenio fija la valoración total actualizada en 2.282.938,81 euros y desglosa el importe en tres conceptos: 1.242.726,21 euros por el sistema general de espacios libres, 807.769,83 euros correspondientes a equipamiento y 232.442,76 euros por el 10% del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria.
El acuerdo establece que estas cesiones físicas sean sustituidas por su equivalente económico, una posibilidad que los servicios municipales justifican dentro de la tramitación del Plan Especial. El expediente tiene su origen en la actuación promovida por LANDCOMPANY 2020 S.L. sobre la parcela 17 de la manzana Ñ de la unidad correspondiente al Plan Parcial CR-6. La Junta de Gobierno aprobó inicialmente el Plan Especial en agosto de 2025 y posteriormente fue sometido a información pública.
Más de 2,2 millones que pasarán al patrimonio municipal de suelo
El núcleo de la crítica socialista no se dirige a la existencia de la compensación económica, sino a su destino posterior. Guerrero sostiene que el convenio no garantiza que el dinero termine utilizándose específicamente para promover vivienda pública o para mejorar directamente el entorno donde se genera el aprovechamiento urbanístico.
Según el comunicado remitido por el PSOE, los más de 2,2 millones pasarán al patrimonio municipal de suelo. Para los socialistas, esa circunstancia debería servir para crear una bolsa destinada prioritariamente a aumentar la oferta de vivienda pública y asequible en un contexto de creciente dificultad de acceso a la vivienda en el municipio.
“Esta es una de las principales debilidades del convenio: se establece una compensación económica de más de 2,2 millones de euros, pero no queda claro cómo va a repercutir ese dinero en la zona ni qué van a recibir a cambio sus vecinos”, sostiene Guerrero.
La documentación municipal permite, sin embargo, introducir algunos matices sobre el destino posible de las cantidades. En relación con la compensación correspondiente al sistema general de espacios libres, un informe del Servicio municipal de Patrimonio considera adecuado que tenga carácter finalista y se destine a la adquisición de suelo para crear o ampliar el sistema general municipal de espacios libres.
Respecto a la compensación correspondiente a equipamientos, ese mismo documento señala que no existiría inconveniente legal para destinarla a la rehabilitación del Molino Armero, en Cabezo de Torres, dentro de las finalidades previstas por el planeamiento para financiar actuaciones de conservación del patrimonio histórico y cultural.
Es precisamente esta última posibilidad la que cuestiona el PSOE desde una perspectiva política. Guerrero considera que una decisión de este tipo debería haberse debatido previamente con los vecinos del entorno de Torre Norte y reclama que el Ayuntamiento explique cuál será finalmente el destino concreto del dinero.
La posición socialista no implica que la rehabilitación del Molino Armero carezca de interés público. El conjunto se encuentra actualmente inmerso en un proyecto municipal de recuperación patrimonial y la Comunidad Autónoma inició en enero de 2026 el procedimiento para declararlo Bien de Interés Cultural bajo la figura de Lugar de Interés Etnográfico. El Ayuntamiento aprobó además este verano una actuación de cerca de 385.000 euros sobre la alberca medieval vinculada al conjunto.
La discrepancia se centra, por tanto, en si una compensación generada por una operación urbanística en Torre Norte debe emplearse en ese proyecto patrimonial o reservarse para vivienda pública, zonas verdes y equipamientos más directamente vinculados al ámbito donde se produce la transformación.
El PSOE pide que los vecinos participen en el destino de los fondos
Guerrero reclama que el Gobierno municipal concrete públicamente cómo se repartirán finalmente los recursos y que cualquier decisión incorpore las necesidades de los residentes de la zona.
“Hablamos de más de dos millones de euros procedentes de una actuación urbanística concreta y el Gobierno local debe explicar con claridad dónde se van a invertir y garantizar que respondan a prioridades públicas, empezando por la vivienda pública y por las necesidades de equipamientos del entorno”, afirma el edil socialista.
La formación considera que el patrimonio municipal de suelo debe desempeñar un papel más activo en las políticas municipales de vivienda. El propio Ayuntamiento encargó en 2025 a Urbamusa la elaboración de un Plan de Dinamización del Patrimonio Municipal de Suelo en materia de vivienda, con un gasto previsto de 60.300,58 euros, lo que confirma que el Consistorio viene trabajando en la utilización de este patrimonio dentro de su política residencial.
La reclamación del PSOE se produce además en un momento en el que la utilización del suelo municipal para vivienda se ha convertido en uno de los principales debates urbanísticos del municipio. La formación defiende que una parte sustancial de los ingresos derivados de operaciones de transformación urbanística debería reinvertirse en facilitar el acceso a vivienda asequible.
El convenio de Torre Norte tiene, sin embargo, un alcance más amplio que la vivienda. La compensación económica sustituye también cesiones destinadas a espacios libres y equipamientos, lo que condiciona jurídicamente el destino de parte de los fondos. Los propios informes municipales diferencian las cantidades en función de su procedencia y plantean finalidades concretas para algunos de esos recursos.
El debate estará, por tanto, en determinar cuánto margen existe para dirigir esos fondos a vivienda pública y qué parte deberá mantenerse vinculada a las finalidades urbanísticas que originaron la compensación.
El PSOE ha optado por abstenerse en el expediente en lugar de votar en contra, pero reclama mayor concreción sobre el destino final del dinero. Su propuesta pasa por priorizar vivienda pública, equipamientos, zonas verdes y servicios que puedan repercutir sobre los residentes de la zona afectada por el Plan Especial.
El Ayuntamiento dispone así de una compensación urbanística superior a los 2,28 millones de euros cuyo destino se perfila como uno de los elementos centrales del expediente. La documentación municipal abre la puerta a utilizar parte de esos recursos para espacios libres y patrimonio cultural, mientras el PSOE reclama que vivienda asequible y necesidades vecinales ocupen un lugar prioritario en la decisión definitiva.
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