WWF y ANSE detectan una fuerte caída del riego ilegal en el Campo de Cartagena

WWF y ANSE detectan una fuerte caída del riego ilegal en el Campo de Cartagena

La investigación cifra en 3.271 hectáreas la superficie regada con indicios de ilegalidad, frente a más de 11.000 en 2019

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Una nueva investigación de WWF y ANSE concluye que el volumen de agua subterránea extraída con claros indicios de ilegalidad en el Campo de Cartagena se habría reducido de forma muy significativa en los últimos años, mientras otras zonas de la Demarcación Hidrográfica del Segura, especialmente en Albacete, muestran una evolución opuesta y una expansión preocupante del regadío intensivo y de las extracciones presuntamente irregulares.

El estudio, elaborado durante más de un año y medio y con datos completos hasta 2024, analiza seis zonas de la Península con graves problemas de sobreexplotación de aguas subterráneas: Los Arenales, Alto Guadiana, Almonte-Marismas, Baza, Campo de Cartagena y el Sureste, este último estudiado junto a ANSE.

Según las organizaciones, en el conjunto de esas seis áreas existirían más de 80.000 hectáreas de cultivos regadas con agua extraída con claros indicios de ilegalidad.

En el Campo de Cartagena, sin embargo, la tendencia detectada es descendente. WWF estima que la superficie regada de forma presuntamente ilegal habría pasado de más de 11.000 hectáreas en 2019 a 3.271 hectáreas en 2024. En paralelo, el volumen de agua extraída con indicios claros de ilegalidad habría bajado desde los 44,7 hectómetros cúbicos contabilizados en 2019 hasta los 14,64 hectómetros cúbicos actuales.

Esto supone una reducción superior al 65%.

El Campo de Cartagena reduce de forma notable las extracciones con indicios de ilegalidad

WWF y ANSE sitúan esta evolución en el contexto de las medidas adoptadas tras los graves episodios de eutrofización sufridos por el Mar Menor durante la última década.

La laguna salada ha atravesado tres grandes episodios de deterioro ecológico en 2016, 2019 y 2021, conocidos popularmente como episodios de “sopa verde”, que provocaron una fuerte alarma ambiental y llevaron a intensificar el control sobre las actividades agrícolas y el uso del agua en su entorno.

En 2020 se aprobó la Ley de recuperación y protección del Mar Menor y, posteriormente, la Confederación Hidrográfica del Segura declaró en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico las masas de agua subterránea del Campo de Cartagena.

A estas medidas se sumó desde 2022 el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Según WWF, algunas de estas actuaciones habrían contribuido a reducir la superficie de riego irregular y el volumen de agua subterránea utilizado con indicios de ilegalidad.

Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de una franja de protección alrededor de la laguna, con fuertes limitaciones a la infiltración de retornos de riego con contenido en nitrógeno y restricciones sobre la fertilización orgánica e inorgánica.

En la práctica, según la organización ecologista, estas medidas dificultaron o impidieron continuar utilizando determinadas fuentes de agua para el riego de cultivos en áreas donde hasta entonces se venían empleando.

El descenso detectado afecta especialmente a cultivos hortícolas como lechuga, brócoli, col, alcachofa o melón.

Teresa Gil, responsable del programa de Agua de WWF, considera que los datos muestran una evolución positiva, aunque advierte de que la situación no está resuelta.

“La situación en el Campo de Cartagena está lejos de estar resuelta por completo, pero las mejoras puestas en evidencia por WWF son un signo muy positivo”, señala.

La organización insiste en que las amenazas sobre el Mar Menor continúan y que resulta necesario mantener la presión sobre las extracciones ilegales de agua y sobre los modelos de uso intensivo del recurso.

Albacete concentra la expansión más preocupante en la cuenca del Segura

El contraste más significativo aparece en otras zonas del Sureste incluidas en la Demarcación Hidrográfica del Segura.

WWF y ANSE sitúan en 15.230 hectáreas la superficie que estaría siendo regada con agua extraída con claros indicios de ilegalidad en las áreas analizadas de Albacete, Almería y Alicante.

Dentro de este conjunto, Albacete aparece como el principal foco de expansión.

La investigación señala que durante las dos últimas décadas se ha producido una fuerte transformación de superficies agrícolas tradicionalmente de secano hacia modelos de regadío intensivo.

A comienzos de los años 2000, Castilla-La Mancha impulsó planes de reestructuración del viñedo orientados a transformar amplias superficies de secano en explotaciones de regadío para incrementar la productividad.

Según WWF y ANSE, este proceso ha tenido un importante impacto sobre el consumo de recursos hídricos.

La investigación señala que en determinadas zonas de Albacete la superficie de cultivo habría pasado de unas 10.600 hectáreas en 1998 a más de 30.000 hectáreas en 2022.

Las organizaciones relacionan este crecimiento con una intensificación agraria que habría incrementado de forma muy significativa la presión sobre los acuíferos y las extracciones de agua.

Parte de esos recursos, según el estudio, presentaría claros indicios de haber sido extraída de forma ilegal.

El análisis también detecta problemas en Almería, donde se habrían identificado más de 3.400 hectáreas regadas con agua presuntamente extraída de manera irregular.

En esta zona se observa además un aumento de cultivos leñosos, especialmente cítricos como naranjas, clementinas, limones y pomelos, junto con cultivos herbáceos y producciones bajo plástico.

WWF y ANSE alertan igualmente de la existencia de cultivos en posible situación de ilegalidad dentro de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000.

Estas situaciones habrían sido detectadas durante visitas de campo realizadas en 2022 y 2024 tanto en zonas de Murcia como de Albacete.

Las organizaciones reclaman más control sobre las extracciones

La investigación combina diferentes herramientas técnicas para identificar posibles superficies regadas irregularmente.

WWF explica que el estudio se ha realizado utilizando sistemas de información geográfica, técnicas de teledetección, imágenes del satélite Sentinel 2 y ortofotografía.

Además, durante la primavera de 2024 se realizaron visitas de campo para comprobar sobre el terreno si las parcelas identificadas mediante imágenes satelitales presentaban indicios reales de actividad de riego.

Según la organización, estas visitas permitieron corroborar prácticas de riego o indicios de su existencia en la práctica totalidad de las fincas inspeccionadas.

WWF y ANSE insisten en que los casos analizados no deben entenderse como situaciones aisladas.

“Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado”, sostiene Teresa Gil, que califica el uso ilegal del agua como uno de los problemas ambientales más extendidos y difíciles de controlar en España.

Las organizaciones reclaman ahora una actuación coordinada entre las comunidades autónomas afectadas y las autoridades responsables de la gestión del agua.

Piden a los gobiernos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía que intensifiquen la cooperación con las confederaciones hidrográficas para controlar las extracciones de los acuíferos y evitar nuevas concesiones de derechos de agua que superen los recursos disponibles.

También reclaman a la Confederación Hidrográfica del Segura que incremente las tareas de vigilancia y control sobre las captaciones.

Entre las medidas propuestas se encuentra el cierre cautelar de pozos o captaciones cuando existan indicios de que se está regando fuera de los perímetros autorizados.

Las organizaciones reclaman igualmente al Ministerio para la Transición Ecológica un aumento de los medios humanos y técnicos destinados a la vigilancia y al control del uso del agua.

El informe llega además en un momento especialmente relevante para la planificación hidrológica, con un nuevo proceso de revisión de los planes de cuenca y en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos por el aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones y la intensificación de los episodios de sequía.

Los datos del Campo de Cartagena ofrecen, no obstante, una evolución diferente a la detectada en otras zonas del Sureste. Mientras Albacete concentra una parte importante del crecimiento de regadíos con indicios de ilegalidad, WWF y ANSE consideran que la reducción registrada alrededor del Mar Menor demuestra que las medidas de control y protección pueden tener efectos relevantes cuando se aplican de forma sostenida.

La investigación sitúa así al Campo de Cartagena como uno de los territorios donde se ha producido una reducción más significativa de las extracciones presuntamente ilegales, aunque las organizaciones advierten de que todavía permanecen más de 3.000 hectáreas afectadas y más de 14 hectómetros cúbicos de agua extraídos con indicios de ilegalidad, por lo que consideran imprescindible mantener y reforzar las medidas de vigilancia.

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