«La obligación de un Gobierno no es gestionar el impacto político de una catástrofe, sino garantizar que se investigue hasta el final«
Cuando Pedro Sánchez afirma que no es asumible que España sufra accidentes ferroviarios de esta magnitud en un mismo año, expresa una verdad que debería estar por encima de cualquier disputa partidista, ninguna sociedad puede acostumbrarse a que tragedias de esta dimensión formen parte de lo normal.
El accidente de Adamuz, en enero, y la tragedia de octubre obligan a preguntarse qué está ocurriendo, qué ha fallado y qué debemos hacer para impedir que vuelva a suceder. No estamos hablando de estadísticas, balances de gestión o cifras que puedan compensarse con una comparecencia institucional. Estamos hablando de vidas humanas, familias destrozadas y una ciudadanía que tiene derecho a confiar en la seguridad de un servicio público esencial.
Hay tragedias que no se pueden asumir como inevitables ni aceptar como el precio del funcionamiento de un país.
No se trata de señalar culpables antes de que concluyan las investigaciones. La justicia exige rigor, pruebas y respeto a los procedimientos. Pero tampoco podemos utilizar la prudencia como excusa para aplazar indefinidamente las explicaciones. La responsabilidad política existe precisamente porque gobernar significa anticiparse a los riesgos, supervisar los servicios públicos y garantizar que los mecanismos de prevención funcionen.
El Gobierno debe explicar qué controles estaban establecidos, qué medidas de seguridad se aplicaban y qué actuaciones se adoptarán a partir de ahora. Si las investigaciones identifican fallos técnicos, habrá que corregirlos. Si detectan negligencias, deberán depurarse responsabilidades. Y si aparecen deficiencias en los protocolos, la planificación o la supervisión, habrá que examinar también las decisiones de quienes tenían la obligación de garantizar su correcto funcionamiento.
Lo contrario sería reducir una cuestión de Estado a una disputa sobre quién obtiene mayor desgaste electoral.
Porque la seguridad ferroviaria no puede convertirse en un arma arrojadiza entre Gobierno y oposición. El PP tiene derecho a exigir explicaciones y fiscalizar al Ejecutivo, pero no a convertir las hipótesis en sentencias anticipadas. Y el Gobierno tiene la obligación de rendir cuentas, sin parapetarse tras la investigación judicial ni confundir las críticas legítimas con ataques partidistas.
La oposición debe controlar al ejecutivo, y el Gobierno debe responder ante los ciudadanos. Ambas cosas son compatibles con el respeto a las víctimas y con la exigencia de conocer la verdad.
La seguridad no se demuestra inaugurando infraestructuras ni exhibiendo cifras de inversión. Se demuestra garantizando su mantenimiento, supervisión y funcionamiento en condiciones seguras. La alta velocidad y la modernización ferroviaria son avances importantes, pero pierden todo sentido político si no van acompañadas de una vigilancia permanente y de recursos suficientes para prevenir riesgos.
Por eso hacen falta investigaciones rigurosas e independientes, transparencia informativa y medidas correctoras concretas, con plazos verificables. No basta con prometer contundencia ante las cámaras. Hay que demostrarla en las decisiones, en la gestión y en la disposición a asumir las consecuencias cuando los hechos acrediten responsabilidades.
España no puede resignarse a que una tragedia ocupe durante unos días las portadas y después desaparezca de la agenda política. Las familias no pasan página cuando termina el luto oficial. El dolor no desaparece cuando cambia la actualidad informativa.
Sánchez ha dicho que estos accidentes no son asumibles. Ahora debe demostrarlo con hechos. Y quienes aspiran a sustituirlo deben demostrar que su preocupación por las víctimas va más allá de la rentabilidad electoral.
Porque la obligación de un Gobierno no es gestionar el impacto político de una catástrofe, sino garantizar que se investigue hasta el final, que se corrijan los fallos y que nadie quede exento de responsabilidad si los hechos la exigen.
Las vidas humanas no admiten cálculos partidistas. La seguridad es una obligación democrática. Y la verdad, una deuda primero con las víctimas y después con toda la ciudadanía que ninguna institución tiene derecho a eludir.
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