AREMUR, Unidad y Acción y AUER firman un convenio para impulsar contratos claros, instalaciones documentadas y una mejor atención posventa
Saber quién vende una instalación energética, quién ejecuta los trabajos y quién responde después si surge un problema. Sobre esas cuestiones se articula el convenio firmado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia, AREMUR-FREMM; la Federación de Asociaciones Cívicas de Consumidores y Usuarios Unidad y Acción; y la Asociación de Usuarios de Energías Renovables de la Región de Murcia, AUER.
Las tres organizaciones han acordado colaborar para promover un mercado energético más seguro y transparente para familias y empresas. El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años e incluye información y formación, mejora de la contratación, seguridad de las instalaciones y atención a las garantías y al servicio posventa.
La alianza reúne a representantes de las empresas instaladoras y de los consumidores ante los problemas que, según señalan las entidades, acompañan a parte de la actividad comercial del sector. Entre ellos mencionan prácticas poco claras, dificultades para identificar a las empresas que intervienen y conflictos relacionados con las garantías.
Los firmantes consideran que esas situaciones perjudican tanto a los usuarios como a los profesionales que invierten en formación, personal cualificado y cumplimiento de la normativa. Su objetivo es desarrollar actuaciones conjuntas que permitan prevenir problemas y reforzar la confianza.
Contratos transparentes y empresas identificadas en cada instalación
Una de las principales líneas del acuerdo es facilitar una contratación transparente y presupuestos comparables. Las entidades quieren que los consumidores puedan conocer el alcance de los servicios ofrecidos y disponer de información suficiente antes de asumir un compromiso.
La identificación de las empresas constituye otro de los puntos centrales. El convenio plantea aclarar qué compañías participan en cada instalación, una cuestión especialmente relevante cuando la comercialización, la ejecución y la subcontratación de los trabajos implican a distintos profesionales.
Los firmantes señalan que la falta de información sobre esas funciones puede generar incertidumbre durante el proceso y cuando resulta necesario acudir al servicio posventa. Por ello, sitúan la claridad desde el primer contacto comercial entre sus prioridades.
«Antes de contratar una instalación energética, las personas consumidoras deben saber con claridad quién les ofrece el servicio, quién realizará el trabajo, qué incluye el contrato y qué garantías tendrán para prevenir y saber a qué atenerse», afirma María José Hernández Peñaranda, secretaria general y gerente de Unidad y Acción.
La representante de la federación de consumidores vincula el convenio con la prevención de conflictos. «Con este convenio queremos contribuir a que puedan decidir con seguridad y a prevenir problemas desde el inicio», añade.
El acuerdo también incorpora la información y la formación de empresas y profesionales. La colaboración pretende así actuar sobre las dos partes de la contratación: quienes ofrecen y ejecutan los servicios y quienes necesitan valorar sus condiciones antes de contratarlos.
Las acciones concretas se desarrollarán mediante planes anuales y anexos específicos, de acuerdo con el marco de colaboración anunciado por las organizaciones.
Seguridad, documentación y respuesta después de la instalación
La alianza presta atención a la seguridad y la documentación de las instalaciones, junto con las garantías y la atención posterior a la ejecución de los trabajos. Los firmantes plantean que la información al usuario se mantenga durante todo el proceso.
El convenio abarca un contexto de expansión del autoconsumo, el almacenamiento, las comunidades energéticas y la movilidad eléctrica. Las entidades consideran que estas opciones ofrecen oportunidades para reducir el gasto eléctrico de los hogares y del tejido productivo, pero reclaman que su desarrollo vaya acompañado de buenas prácticas comerciales y profesionales.
Desde AUER, su presidenta, Esperanza Sánchez López, ha destacado la necesidad de que las familias puedan abordar estos proyectos con confianza.
«El autoconsumo y las energías renovables deben ser una oportunidad segura para las familias. Para ello son fundamentales las instalaciones correctamente documentadas y una información clara durante todo el proceso», señala.
Sánchez López considera que la colaboración permite combinar perspectivas complementarias: la experiencia de quienes utilizan estas instalaciones y el conocimiento de las empresas que trabajan en ellas. «Este acuerdo une la experiencia de los usuarios y la del sector para impulsar la confianza y las buenas prácticas», añade.
La participación de las organizaciones de consumidores y usuarios busca incorporar las dificultades que encuentran las familias a las actuaciones conjuntas. Por su parte, AREMUR aporta la perspectiva empresarial sobre la cualificación y las condiciones en las que deben prestarse los servicios.
«Las empresas que cumplen la normativa son las primeras interesadas en que el consumidor esté bien informado. Este convenio nos sienta en la misma mesa para separar a los buenos profesionales de quienes deterioran la confianza en el sector», afirma Francisco Espín Sánchez, presidente de AREMUR.
Una mesa paritaria y el estudio de un distintivo de buenas prácticas
Para coordinar el convenio se creará una Mesa de Seguimiento paritaria, encargada de concretar el trabajo a través de planes anuales y anexos específicos. Ese órgano permitirá trasladar las líneas generales del acuerdo a actuaciones definidas por las entidades.
Entre las posibilidades anunciadas figura el estudio de un distintivo voluntario de buenas prácticas empresariales. Se trata de una opción que las organizaciones analizarán, sin que el comunicado anuncie todavía su creación ni establezca los requisitos para obtenerlo.
El convenio también prevé elaborar propuestas de mejora dirigidas a las administraciones. Esta vía permitirá trasladar cuestiones que los firmantes identifiquen durante su colaboración y plantear cambios relacionados con los objetivos del acuerdo.
Las entidades sitúan la protección del consumidor y el apoyo a las empresas que cumplen la normativa como intereses compartidos. La formación, la claridad de los contratos y la identificación de responsabilidades serán parte del trabajo con el que pretenden mejorar el funcionamiento del mercado energético regional.
Durante sus cuatro años iniciales de vigencia, el convenio servirá como marco para organizar esas iniciativas. Los planes anuales deberán concretar cómo se desarrollan las actuaciones de información, contratación, seguridad y posventa anunciadas por AREMUR, Unidad y Acción y AUER.
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