Ginés Ruiz sostiene que la estrategia municipal reconoce los requisitos y denuncia la pérdida de fondos europeos para 458 viviendas de alquiler asequible
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha reclamado a la alcaldesa, Rebeca Pérez, que inicie de inmediato ante la Comunidad Autónoma los trámites para declarar el municipio zona tensionada. Según la nota de prensa del PSOE, el propio documento municipal de planificación de vivienda reconoce que Murcia reúne los requisitos para esa declaración, una herramienta que los socialistas reclaman utilizar para contener los precios del alquiler.
“Si puede ser hoy, mejor que mañana”, ha afirmado Ruiz. Su exigencia llega acompañada de una crítica a la Estrategia Municipal de Suelo y Vivienda y al resultado de la subasta de ocho parcelas municipales, que, según la comunicación socialista, ha quedado desierta. El portavoz sostiene que el Gobierno local debe actuar con los instrumentos disponibles mientras desarrolla otras medidas cuyos resultados tardarían años en llegar.
Ruiz reconoce que la declaración de zona tensionada “no arreglaría el problema de la vivienda totalmente en dos días”, pero la considera “la medida más rápida” frente a la presión del alquiler sobre la economía de los vecinos. El PSOE sitúa así su reclamación en la necesidad de ofrecer una respuesta a quienes afrontan ahora dificultades para acceder a una vivienda o mantener su contrato de arrendamiento.
Una petición de actuación inmediata frente al encarecimiento del alquiler
El portavoz socialista basa su petición en lo que, según afirma, recoge la propia estrategia del Gobierno municipal. Ruiz sostiene que ese documento reconoce que Murcia cumple las condiciones para ser declarada zona tensionada y reclama que el Ayuntamiento impulse los trámites correspondientes ante la Administración autonómica.
La propuesta consiste en utilizar las herramientas previstas en la Ley de Vivienda. El dirigente socialista cuestiona que el Gobierno local renuncie a esa vía mientras plantea actuaciones que necesitan plazos más largos para materializarse.
“Se cumplen los requisitos y ante una emergencia como esta no podemos esperar seis o siete años. Si el paciente se te está desangrando, no le puedes dar la hora para dentro de tres meses”, ha señalado.
Con esa comparación, Ruiz defiende que la respuesta municipal debe atender la urgencia del problema. Su planteamiento distingue entre la necesidad de desarrollar proyectos de vivienda y la posibilidad de impulsar medidas dirigidas a las dificultades actuales de los inquilinos.
El portavoz denuncia que los alquileres “están desangrando los bolsillos de nuestros vecinos y vecinas, mientras la alcaldesa renuncia y niega una y otra vez aplicar las herramientas que tiene”. Se trata de la valoración del Grupo Socialista, que responsabiliza al Gobierno local de no promover la declaración que reclama.
Ruiz insiste en que la medida no resolvería por sí sola todos los problemas de vivienda. Su defensa se centra en la rapidez con la que considera que debe abordarse la situación, frente a la espera que atribuye a las alternativas municipales.
Fondos europeos y viviendas protegidas de 240.000 euros
El PSOE enmarca esta exigencia en un balance crítico de los últimos tres años de política municipal de vivienda. Según Ruiz, durante ese periodo el Grupo Socialista ha presentado iniciativas sin obtener soluciones del Gobierno local.
“La respuesta ha sido siempre la nada. Solo nos decían que el mercado se regula solo, pero es el mercado el que nos ha traído a la situación que tenemos ahora mismo”, ha afirmado el portavoz.
Entre los antecedentes que cita figura la pérdida de 23 millones de euros de fondos europeos destinados a construir 458 viviendas de alquiler público asequible. La nota recoge esta acusación como una denuncia del dirigente socialista sobre la gestión del Gobierno municipal.
Ruiz también cuestiona el planteamiento posterior de la Estrategia Municipal de Suelo y Vivienda. En concreto, señala las viviendas protegidas de 240.000 euros previstas en Cabezo de Torres y la decisión de sacar ocho parcelas públicas a subasta a precio de mercado, según expone el PSOE.
El grupo sostiene que ambas decisiones dificultaban que la propuesta respondiera a las necesidades de quienes tienen menos capacidad económica. Su crítica al precio de las viviendas protegidas se centra en el ahorro previo y los ingresos que, según sus cálculos, necesitarían los compradores.
“Esa VPO que estaban planteando era VPO para familias, jóvenes, personas que tuvieran 80.000 euros ahorrados para darlo como entrada, y una nómina de 2.600 o 2.700 euros mínimo”, ha explicado Ruiz.
Estas cantidades corresponden a la estimación expresada por el portavoz. Con ellas, el PSOE cuestiona la accesibilidad económica del modelo y sostiene que la consideración de vivienda protegida no garantiza que las familias y los jóvenes puedan asumir su compra.
La subasta desierta y la alternativa de las cooperativas
El resultado de la subasta de las ocho parcelas ocupa un lugar central en la crítica socialista. Ruiz considera que su falta de adjudicación confirma las advertencias que su grupo realizó cuando se presentó la estrategia.
“Si el Ayuntamiento pone el suelo público a precio de mercado, los constructores no tienen ningún incentivo para coger el suelo público en vez del suelo privado”, ha asegurado.
Según la nota del PSOE, el Gobierno local ha anunciado después como alternativa la cesión de las parcelas a Urbamusa para promover viviendas mediante cooperativas. El portavoz cuestiona los plazos de esa opción y recuerda que todavía sería necesario elaborar proyectos, solicitar licencias y buscar financiación.
Ruiz también critica el anuncio de una web para consultar a los jóvenes sobre las características de las viviendas que desean. En su valoración, preguntar por el número de dormitorios no resuelve las actuaciones pendientes para hacer realidad las promociones.
Frente a ese recorrido, el PSOE vuelve a reclamar el inicio inmediato de los trámites para declarar Murcia zona tensionada. “Estamos pidiendo aplicar la ley que tenemos para que la sangría de la vivienda cese”, ha concluido Ruiz, que sitúa la contención de los alquileres como la prioridad de su exigencia al Gobierno municipal.
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