Los socialistas reclaman medidas contra los desahucios y las subidas del alquiler y proponen una declaración institucional por el derecho a la vivienda
El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado el registro del denominado Decreto Maricarmen en la Asamblea Regional para reclamar medidas frente a los desahucios, la especulación inmobiliaria y las subidas del alquiler. El diputado Miguel Ortega ha exigido a PP y Vox que se pronuncien sobre estas propuestas y expliquen qué respuesta defienden ante las dificultades de acceso a la vivienda en la Región de Murcia.
«El PP y Vox tendrán que retratarse ante la ciudadanía y explicar si están del lado de quienes necesitan una vivienda o de quienes especulan con ella», ha afirmado Ortega en una comunicación difundida este viernes, 9 de octubre.
La iniciativa llega después de que los socialistas presentaran el jueves una propuesta de declaración institucional para reconocer a Maricarmen como símbolo de la reivindicación del derecho a una vivienda digna. El PSOE pretende que ese reconocimiento vaya acompañado de un compromiso de las instituciones con las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar o conservarlo.
El anuncio del registro abre una nueva iniciativa política en el Parlamento autonómico. La nota socialista no precisa el instrumento parlamentario empleado ni incorpora el texto íntegro, por lo que no supone la aprobación o entrada en vigor de las medidas que defiende.
Una declaración institucional y una petición de respuestas
Ortega ha vinculado ambas iniciativas con la dimensión social que ha adquirido el problema de la vivienda. «Maricarmen se ha convertido en un símbolo para toda la sociedad española. La lucha por el derecho a la vivienda no es algo nuevo, pero ahora se ha convertido en la principal preocupación de nuestro país y en la principal causa social», ha señalado.
La declaración institucional propuesta por el PSOE busca trasladar ese reconocimiento al ámbito parlamentario y comprometer a las administraciones con la garantía de una vivienda digna. Según el diputado, la propuesta no obtuvo un pronunciamiento de los representantes a los que dirigió su crítica.
«¿Y qué hicieron el PP, Vox y los tránsfugas? Callar. Ni siquiera fueron capaces de pronunciarse sobre una cuestión que preocupa a miles de familias», ha denunciado.
El comunicado no detalla una votación sobre esa declaración ni informa de su aprobación. La crítica de Ortega se refiere al silencio que atribuye a esos representantes ante el planteamiento socialista.
Con el registro anunciado este viernes, el PSOE busca que el debate se traduzca en posiciones expresas sobre las medidas de vivienda. La formación sitúa la responsabilidad de PP y Vox en respaldar o rechazar propuestas destinadas a proteger a quienes afrontan dificultades económicas y residenciales.
«Su silencio no baja los alquileres, no frena los desahucios ni soluciona el problema de la vivienda. Ahora tendrán que decir claramente qué quieren hacer», ha sostenido el diputado.
La estrategia parlamentaria reúne así dos objetivos: un reconocimiento institucional al símbolo de Maricarmen y un debate sobre actuaciones concretas. Para los socialistas, ambos deben formar parte de una respuesta política al encarecimiento del acceso a la vivienda.
Desahucios, alquileres y prórrogas de contratos
Ortega ha explicado que los principales objetivos del denominado Decreto Maricarmen son frenar los desahucios y lo que considera una especulación inmobiliaria desmedida, además de limitar la subida del precio de los alquileres.
Entre las medidas mencionadas figura una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler con vencimiento anterior al 31 de diciembre de 2028. Según la estimación difundida por el diputado, más de 120.000 personas de la Región de Murcia podrían beneficiarse de esa posibilidad.
La cifra corresponde al cálculo presentado por el PSOE. La comunicación no aporta su metodología ni desarrolla los requisitos de acceso, la duración de la prórroga o las condiciones de aplicación. Tampoco permite interpretar que todas esas personas tengan ya reconocido un derecho a prolongar su contrato como consecuencia del registro parlamentario.
El foco de la propuesta está en quienes se enfrentan a la finalización de su alquiler y en las personas vulnerables expuestas a un desahucio. El PSOE vincula esas situaciones con las dificultades para encontrar una alternativa residencial y con la presión que el coste de la vivienda ejerce sobre los hogares.
Ortega ha dirigido también su crítica al presidente autonómico, Fernando López Miras, y a los fondos de inversión. El diputado acusa al Gobierno regional de anteponer determinados intereses inmobiliarios a las necesidades de jóvenes y familias.
En su intervención, ha relacionado esa denuncia con dos consecuencias sociales: las dificultades de emancipación juvenil y los problemas de los hogares para llegar a fin de mes. Son los ámbitos sobre los que la formación reclama una respuesta a través de las medidas que pretende debatir.
El PSOE invoca el apoyo ciudadano a limitar los precios
El diputado ha recurrido al último barómetro del CEMOP para defender que existe respaldo social a la intervención sobre los alquileres. Según los datos que cita en el comunicado, dos de cada tres ciudadanos de la Región de Murcia están a favor de limitar los precios fijados por los propietarios.
Ortega utiliza ese resultado para exigir que las posiciones parlamentarias respondan a las preocupaciones de la población. La referencia concreta aportada por la formación corresponde al apoyo a limitar los alquileres, sin que la nota reproduzca las preguntas o el conjunto de resultados del estudio.
El PSOE plantea el registro como una oportunidad para que los grupos expliquen su postura sobre la protección de los inquilinos y la contención de precios. La comunicación no anuncia todavía una fecha de debate ni un calendario para la tramitación de la iniciativa.
«La ciudadanía lo tiene claro: hay que frenar los desahucios de las personas vulnerables y bajar los precios del alquiler. La pregunta es si el PP y Vox van a apoyar estas medidas o van a seguir protegiendo a quienes especulan con la vivienda», ha concluido Ortega.
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