«El 29N también se decide qué valor tiene una jornada de trabajo cuando el sueldo no permite vivir con tranquilidad«
Hay una forma de pobreza que sale de casa cada mañana para ir a trabajar. Tiene horarios, obligaciones y una nómina. Compra mirando los precios, aplaza gastos y hace cuentas antes de aceptar cualquier plan. No siempre pide ayuda. A veces ni siquiera se reconoce en esa palabra, pobreza, porque lleva toda la vida escuchando que para salir adelante hay que esforzarse. Y se esfuerza. Lo que no consigue es que el dinero le dure tanto como el mes.
De esa gente deberíamos hablar cuando hablamos de economía. De cuánto queda después del alquiler, de si una avería obliga a pedir dinero prestado, de cuántas decisiones familiares se toman por miedo a un recibo. Una sociedad puede crear empleo y seguir dejando a demasiadas personas atrapadas en la inseguridad. Tener trabajo es fundamental. Poder vivir de él debería ser lo mínimo.
En abril, Rosa Cano, representante de la Red de Lucha contra la Pobreza en la Región de Murcia, advirtió de que dos de cada diez personas con trabajo estaban en riesgo de pobreza. No hablaba de quienes no quieren trabajar. Hablaba de personas que trabajan y, aun así, no consiguen ponerse a salvo. Es un dato que debería interrumpir cualquier discurso satisfecho sobre nuestra economía.
La prosperidad tiene que llegar a casa
Los resultados del informe de EAPN difundidos esta semana sitúan al 32,5 % de la población regional en riesgo de pobreza o exclusión social. Son unas 523.000 personas. No todas son trabajadoras: hay menores, personas desempleadas y otras situaciones. Pero todas forman parte de la Región de Murcia, también cuando desaparecen de los discursos que celebran sus éxitos.
Hay otro dato especialmente revelador: el 47,9 % no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Casi la mitad. Vivir así significa que cualquier contratiempo puede convertirse en un problema serio. La tranquilidad también consiste en poder arreglar lo que se rompe sin tener que dejar otra necesidad pendiente. Esa seguridad tan corriente, tan poco lujosa, está lejos del alcance de demasiada gente.
López Miras destacó al comenzar el año que nunca había habido tantas personas trabajando en la comunidad. También defendió que las bajadas de impuestos son un alivio para las familias. Es legítimo que un presidente explique los datos que considera positivos. Lo que merece discutirse es que esos datos basten para describir cómo viven los ciudadanos.
El presidente debería poder explicar qué significa ese crecimiento para quien cobra poco, paga demasiado por su vivienda y no consigue ahorrar. Porque la prosperidad tiene que llegar a casa. Tiene que notarse al llenar la nevera, al criar a los hijos o al afrontar un gasto necesario. Si solo resulta evidente cuando habla el Gobierno, algo importante falta en su relato.
Ahí debe dirigirse la crítica al PP. Gobernar exige mirar también lo que estropea la fotografía. No basta con celebrar cuántos empleos se crean sin preguntar cuánto pagan, cuántas horas ofrecen y qué estabilidad proporcionan. Una nómina puede ser un ingreso insuficiente. Un contrato puede convivir con el miedo. Y las personas que viven así merecen algo más que otra felicitación institucional por la buena marcha de la economía.
El sueldo también depende de decisiones políticas
UGT advirtió en septiembre de que cerca de 100.000 trabajadores de la Región estaban perdiendo poder adquisitivo en un contexto de bloqueo de numerosos convenios. El sindicato reclamó mejoras salariales y garantías frente a la inflación. Conviene detenerse aquí: la responsabilidad también alcanza a quienes negocian las condiciones de trabajo y a las empresas que deben sentarse a acordarlas.
Quien contribuye a generar riqueza tiene derecho a participar en ella. No debería resultar una afirmación radical. El salario paga trabajo realizado; no es un favor que se concede. Por eso la negociación colectiva importa tanto. Una persona sola tiene menos capacidad para discutir sus condiciones que una plantilla organizada. Debilitar esa capacidad deja al trabajador más expuesto, por muchas veces que se pronuncie la palabra libertad.
Desde una posición socialista hay motivos concretos para defender la intervención pública. El salario mínimo de 2026 está fijado en 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, alrededor de un 66 % más que en 2018. Esa mejora es resultado de decisiones del Gobierno de coalición y del impulso sindical. No apareció espontáneamente en las nóminas.
Que todavía haya trabajadores pobres refuerza la necesidad de seguir actuando. El sueldo debe alcanzar, pero también hacen falta servicios públicos que eviten gastos imposibles y una vivienda cuyo precio no absorba cualquier mejora. La igualdad se construye con salarios, escuelas infantiles, atención sanitaria, cuidados y un techo que se pueda pagar. Todo eso influye en la libertad real de una familia.
La vivienda es decisiva. Entre quienes viven de alquiler a precio de mercado en la Región, el riesgo de pobreza o exclusión alcanza el 48,2 %, según los resultados difundidos del informe. Es una relación que obliga a discutir cómo se protege a quienes necesitan una casa para vivir.
La derecha debe responder a esa pregunta. Defender el mercado exige explicar qué solución ofrece a quienes quedan fuera. Invocar la libertad del propietario no resuelve la inseguridad del inquilino. Y pedir paciencia a quien no puede emanciparse o teme perder su casa supone exigirle que entregue años de su vida mientras espera.
También hay que discutir el horizonte de la ultraderecha: qué garantías propone para el trabajador, qué servicios está dispuesta a financiar y cómo pretende asegurar una vivienda asequible. PP y Vox deben responder sobre las condiciones materiales de la gente. La dureza contra el adversario político no sustituye una respuesta sobre salarios y alquileres.
El 29N se vota también cómo queremos vivir
Ese criterio debería orientar el debate electoral. Las generales del 29 de noviembre no eligen al Gobierno autonómico, pero sí determinan la mayoría que decidirá sobre derechos laborales, presupuestos y protección social. Las competencias son distintas; la vida de quien necesita esas políticas es una sola. El salario, el alquiler y los cuidados llegan juntos a la misma economía doméstica.
Desde el PSOE hay una defensa clara que hacer: elevar el suelo salarial, fortalecer la negociación colectiva y sostener los servicios públicos. También impulsar vivienda asequible y una fiscalidad que permita financiar derechos con un reparto justo del esfuerzo. Son decisiones que afectan a la capacidad de vivir sin depender permanentemente de la ayuda familiar o de una deuda.
Frente al PP y Vox, esa discusión debe ocupar el centro. Qué proponen para quien trabaja y no llega. Qué recursos dedicarán a reducir la pobreza. Qué intereses priorizarán cuando mejorar las condiciones de unos exija limitar las ventajas de otros. Ahí se reconocen los proyectos políticos con más claridad que en cualquier eslogan.
Trabajar debería permitir hacer planes. Guardar algo para el mes siguiente. Resolver una avería. Tener tiempo y recursos para estar con los hijos. Llegar a cierta edad sin sentir que toda la vida ha consistido en aguantar hasta el próximo cobro. Son aspiraciones modestas, compartidas por muchísima gente que cumple cada día con sus obligaciones.
El 29N quiero que se hable de esa gente. De quienes sostienen la economía y merecen participar de su prosperidad. Mi opinión es que el voto sirva para reforzar las políticas progresistas que protegen su trabajo y su vida. Porque después de cumplir una jornada, nadie debería tener que preguntarse qué más tiene que hacer para dejar de ser pobre.
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