UGT exige reforzar el IMAS y acabar con las valoraciones de dependencia externalizadas

UGT exige reforzar el IMAS y acabar con las valoraciones de dependencia externalizadas
El Estado destina 19,6 millones de euros a la Región de Murcia para reforzar la atención a la dependencia

El sindicato reclama empleo público urgente y denuncia esperas superiores a 552 días para las personas dependientes en la Región de Murcia

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UGT Servicios Públicos ha exigido al Gobierno regional que refuerce las plantillas del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y ponga fin a la externalización de las valoraciones de dependencia. El sindicato reclama una oferta de empleo público urgente, la creación de bolsas de trabajo y la incorporación de profesionales que permitan reducir los tiempos de espera y asumir estas funciones con personal propio.

La organización sitúa su petición en un escenario de demoras que, según los datos recogidos en su comunicado, superan los 552 días de media en la Región de Murcia. UGT considera que la falta de personal debe abordarse de inmediato para evitar que las personas dependientes y sus familias continúen esperando el reconocimiento y la concreción de las ayudas que necesitan.

El responsable del sector de Comunidad Autónoma de UGT Servicios Públicos, Fernando Córdoba, reclama una respuesta conjunta del Ejecutivo autonómico, Función Pública y el IMAS. La propuesta sindical incluye profesionales de Trabajo Social, Medicina de Valoración, Psicología y Terapia Ocupacional, además de personal administrativo de apoyo.

Más personal público para valorar y tramitar las ayudas

La demanda de UGT se concreta en la convocatoria urgente de una Mesa Sectorial extraordinaria dedicada al refuerzo del IMAS. El sindicato quiere que esa reunión permita abordar una oferta de empleo público y la creación de bolsas para incorporar personal funcionario e interino con el que cubrir las necesidades estructurales del servicio.

La organización sostiene que disponer de equipos propios resulta fundamental para atender tanto las valoraciones como la tramitación de los expedientes. Por ello, su reclamación abarca perfiles técnicos y sanitarios, pero también puestos administrativos que den apoyo al procedimiento.

UGT denuncia que el IMAS ha recurrido a contratos externos y a encomiendas de gestión que califica de opacas. Frente a ese modelo, exige que la Administración regional asuma con empleados públicos las tareas de valoración y resolución de la dependencia.

Uno de los elementos centrales de su petición es la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA). Este programa concreta la respuesta que recibe cada persona, mediante recursos como una plaza residencial, ayuda a domicilio, teleasistencia o una prestación económica. El sindicato reclama que su preparación quede también en manos de los equipos públicos.

La propuesta pretende reforzar el conjunto de la tramitación. Para UGT, aumentar la capacidad de valorar solicitudes debe ir acompañado de los medios necesarios para que los expedientes avancen y se traduzcan en una atención efectiva.

UGT vincula su exigencia a los cambios que atribuye a la normativa

El comunicado sindical sitúa el 23 de octubre de 2026 como fecha de entrada en vigor de una nueva normativa de dependencia. Según la interpretación que expone UGT, ese cambio impediría externalizar las valoraciones y la elaboración de los programas individuales de atención y establecería un plazo máximo de tres meses para resolver conjuntamente el grado y el PIA.

La nota no identifica el número de la norma ni su publicación oficial, por lo que esas afirmaciones sobre su contenido y entrada en vigor se recogen como parte de la posición sindical, sin que hayan podido corroborarse de forma independiente.

Sobre esa premisa, Córdoba advierte de posibles incumplimientos si la Administración no adapta su funcionamiento. “Si el Ejecutivo autonómico y la Función Pública no se ponen las pilas de inmediato, el Gobierno regional incurrirá en una situación de ilegalidad flagrante desde el primer día de aplicación de la norma”, afirma.

UGT contrapone el plazo de tres meses que atribuye a esa regulación con las esperas superiores a 552 días que denuncia en Murcia. El sindicato utiliza esa distancia para reclamar una intervención urgente sobre los recursos humanos y la organización del servicio.

Córdoba también sostiene que la normativa ofrecería herramientas para simplificar los trámites, entre ellas el acceso de los equipos públicos a los historiales clínicos del Servicio Murciano de Salud. En su planteamiento, esa posibilidad permitiría reducir gestiones documentales y evitar retrasos, aunque insiste en que la simplificación administrativa necesita personal suficiente para resultar efectiva.

El responsable sindical considera que la justificación de la falta de recursos “se ha acabado” y reclama que el Gobierno regional concrete las incorporaciones necesarias.

Las familias y la calidad de los servicios, en el centro de la reclamación

La organización vincula el refuerzo del IMAS con la situación de las personas que esperan una resolución y con la carga que esa demora supone para sus familias. Su denuncia insiste en que los derechos reconocidos deben convertirse en servicios y prestaciones, para lo que reclama capacidad de gestión dentro de la Administración.

UGT también extiende su preocupación a las condiciones de prestación de la atención en residencias y en la ayuda a domicilio. En su comunicado defiende un mayor control sobre las contratas, estándares de calidad laboral y salarios dignos para quienes trabajan en estos servicios.

Estas reclamaciones se suman a la petición de fortalecer la teleasistencia y de garantizar una respuesta adecuada a las distintas necesidades de las personas dependientes. El sindicato relaciona la calidad de la atención con la estabilidad de las plantillas y con la disponibilidad de profesionales para tramitar y resolver los expedientes.

La actuación inmediata que solicita al Gobierno murciano es la apertura de la negociación sectorial para concretar empleo público y bolsas de trabajo. UGT exige que ese proceso permita dotar al IMAS de personal propio suficiente y reducir unas demoras que considera inasumibles para quienes necesitan apoyo en su vida cotidiana.

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