La causa investiga pagos y contratación en el centro deportivo, Sánchez niega su intervención y los socialistas reclaman explicaciones sobre los controles públicos
El director general de Deportes del Gobierno de López Miras, Fran Sánchez, declarará como investigado el próximo jueves 12 de noviembre en una causa por presunta malversación de caudales públicos relacionada con las obras del Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina de Los Narejos, en Los Alcázares. El procedimiento examina posibles irregularidades en la contratación y el pago de actuaciones realizadas durante 2021 y 2022 en instalaciones gestionadas por la empresa pública Región de Murcia Deportes S.A.U.
La investigación se sigue ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Javier, plaza número 5. Su origen está en una querella presentada en noviembre de 2023 por Ros García Carpintería Metálica SL, una empresa que participó como subcontratista en los trabajos. La querella fue admitida a trámite en enero de 2024 y afecta a responsables de la Administración deportiva, al anterior director del centro y a otros intervinientes en las actuaciones.
La empresa denuncia que no cobró parte de los trabajos ejecutados y cuestiona cómo se contrataron y abonaron las obras. Sánchez rechaza haber participado en la tramitación de esos expedientes y sostiene que no tenía competencias ni capacidad de firma sobre el CAR cuando se contrataron las actuaciones.
La citación sitúa al alto cargo en condición de investigado, con las garantías del derecho de defensa. Las acusaciones de la querellante están pendientes de comprobación judicial y no constituyen hechos probados.
Los pagos a las contratistas y la reclamación de la subcontrata
Los trabajos objeto del conflicto se realizaron en el Aula del Mar y en un almacén próximo al pabellón deportivo del complejo. La firma querellante intervino en actuaciones contratadas a Guillén y Cerón SL y Montajes y Sistemas Constructivos del Levante SLU.
Según la información sobre la documentación aportada a la querella, Región de Murcia Deportes realizó transferencias a las sociedades contratistas por 88.042,63 euros. Ros García Carpintería Metálica sostiene que recibió 30.844,80 euros y reclama otros 32.792,49 euros por los perjuicios económicos que considera sufridos. Estas cantidades responden a conceptos diferentes y su diferencia no puede identificarse automáticamente con dinero desviado.
La empresa también plantea un supuesto fraccionamiento de contratos y cuestiona que se efectuaran pagos a las adjudicatarias antes de finalizar los trabajos. Son extremos denunciados por la acusación que deberán contrastarse con los expedientes administrativos, las certificaciones y los justificantes de las actuaciones.
El relato de la querellante incluye a un empresario al que atribuye funciones de intermediación. Según su versión, esa persona efectuó el pago que recibió la carpintería y posteriormente intervino para impedirle acceder a las instalaciones desde marzo de 2022.
La controversia también alcanza a la respuesta que recibieron las reclamaciones. La empresa afirma que comunicó los problemas al entonces director del CAR, Javier Navarro, y después al director general de Deportes.
En ese contexto sitúa una reunión del 29 de septiembre de 2023 con Fran Sánchez y el actual responsable del centro, Rafael Alcázar. Según el relato de la acusación, durante el encuentro se abordaron las reclamaciones y la posibilidad de encontrar una solución extrajudicial. Finalmente, el conflicto desembocó en la vía penal.
Para el 12 de noviembre también están citados dos arquitectos técnicos como investigados. El actual director del CAR y un trabajador del centro comparecerán como testigos. La instrucción ha incluido declaraciones de otros participantes en las actuaciones, entre ellos el anterior responsable de las instalaciones.
Sánchez niega su intervención y Deportes defiende la tramitación
El director general sostiene que no intervino en la firma de ninguna fase de las dos obras, ni en su contratación, ni en su ejecución, ni en su pago. También afirma que durante buena parte de aquel periodo carecía de poderes en la sociedad gestora y ha manifestado su disposición a acudir al juzgado para ofrecer las explicaciones que se le requieran.
La Dirección General de Deportes presenta el origen del procedimiento como un conflicto empresarial y asegura que los expedientes fueron fiscalizados por los servicios de Intervención del centro. Además, mantiene que facilitó documentación durante la investigación y niega que Sánchez participara en los hechos denunciados.
La posición del departamento y las acusaciones de la querellante ofrecen versiones enfrentadas sobre la gestión del asunto. La investigación deberá precisar las competencias de cada interviniente, el recorrido de los pagos y la respuesta a las reclamaciones.
El PSOE exige explicaciones a López Miras sobre los controles del gasto
Tras conocerse la citación judicial, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha reclamado explicaciones inmediatas al presidente regional y a Carmen Conesa sobre las actuaciones investigadas y sobre las medidas que prevén adoptar ante la situación judicial del director general.
“Estamos hablando de una investigación judicial por un presunto delito de malversación de dinero público que afecta directamente a un alto cargo del Gobierno de López Miras”, ha señalado Fernández en la nota remitida por el PSOE.
La portavoz pide que se aclare qué conocimiento tenían los responsables políticos de los hechos y qué controles se realizaron sobre los fondos públicos destinados a las obras. También reclama una respuesta sobre las posibles irregularidades denunciadas en la contratación y el pago de las actuaciones.
“López Miras no puede esconderse ni ponerse de perfil cada vez que surge un problema que afecta a su Gobierno”, sostiene Fernández. La dirigente socialista vincula su exigencia de explicaciones con el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administran los recursos públicos.
La reacción del PSOE distingue entre el desarrollo del procedimiento penal y la obligación de rendir cuentas desde el Gobierno. Según Fernández, el respeto a la presunción de inocencia y a las actuaciones judiciales resulta compatible con exigir responsabilidades políticas.
Para esta información se han incorporado las explicaciones públicas del director general y de su departamento. No se ha solicitado una valoración adicional por correo, teléfono o gabinete sobre la reacción socialista.
La declaración del próximo jueves permitirá incorporar la versión de Sánchez a la investigación. Mientras el juzgado esclarece los hechos y la participación de cada interviniente, el PSOE reclama que el Ejecutivo regional explique cómo supervisó unas obras financiadas con dinero público y qué respuesta dio a las reclamaciones planteadas sobre su ejecución y pago.
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