El director general de Deportes declara como investigado en San Javier por las obras de Los Narejos, cuya contratación y pagos están bajo investigación
El director general de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez, ha negado este jueves ante la jueza su participación en irregularidades relacionadas con las obras del Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos. Durante su declaración como investigado, ha sostenido que trasladó el expediente a los servicios jurídicos autonómicos y que estos no detectaron impagos a las empresas intervinientes.
La comparecencia se enmarca en una causa sobre actuaciones ejecutadas en 2021 y 2022 en el complejo deportivo de Los Alcázares. La investigación examina la contratación, la ejecución y los pagos de unos trabajos que motivaron la querella de una empresa de carpintería metálica que reclama cantidades pendientes.
Sánchez mantiene que no intervino en la tramitación administrativa de los contratos. Esa posición coincide con la defensa que había expresado públicamente antes de acudir al juzgado, cuando aseguró que no había firmado actuaciones de contratación, ejecución o pago.
El procedimiento continúa abierto y deberá esclarecer la intervención concreta de los investigados. Las explicaciones ofrecidas por el responsable de Deportes constituyen su versión de los hechos y quedan sujetas al contraste con la documentación y las demás diligencias.
La defensa del director general ante la reclamación de la subcontrata
Según la información publicada por el diario La Verdad sobre la comparecencia, Sánchez explicó que inicialmente pidió aclaraciones al anterior director del CAR, Javier Navarro, quien le aseguró que los pagos estaban correctos. Posteriormente, tras reunirse con la empresa reclamante en septiembre de 2023, solicitó el expediente al nuevo responsable del centro para remitirlo a los servicios jurídicos.
El alto cargo respondió a la jueza y a su abogado y no contestó al letrado de la empresa querellante. También declaró como testigo el actual director del CAR, Rafael Alcázar. El responsable de mantenimiento ratificó que había firmado albaranes en los que figuraba el nombre de la empresa reclamante.
Antes de esta declaración, Sánchez había presentado públicamente el asunto como un conflicto entre empresas por obras del centro. En sus manifestaciones del 5 de noviembre, defendió que facilitaría al juzgado las explicaciones que necesitara y negó haber participado en las distintas fases administrativas de los trabajos.
La diferencia entre esa versión y los hechos denunciados sitúa el examen de los expedientes en el centro de la instrucción. El recorrido de las decisiones, la documentación técnica y la justificación de los pagos son elementos necesarios para determinar qué ocurrió y qué responsabilidad corresponde, en su caso, a cada interviniente.
Una querella por trabajos que la empresa sostiene que no cobró íntegramente
La causa tiene su origen en una querella presentada en noviembre de 2023 por Ros García Carpintería Metálica. La empresa sostiene que realizó trabajos en las instalaciones y que no recibió la totalidad de las cantidades que considera adeudadas.
La información publicada sobre el procedimiento recoge transferencias de la sociedad pública Región de Murcia Deportes SAU a las contratistas por 88.042,63 euros. La querellante afirma haber recibido 30.844,80 euros y reclama otros 32.792,49 euros. La acusación cuestiona también un posible fraccionamiento contractual y pagos anteriores a la terminación de los trabajos.
Estas cantidades responden a conceptos distintos dentro de la reclamación. La investigación debe comprobar los encargos, los trabajos efectivamente realizados y las obligaciones de pago que pudieran existir entre las partes.
El conflicto económico dio lugar a una investigación penal que requiere determinar si los hechos reúnen los elementos de los delitos examinados. La existencia de una reclamación pendiente y la atribución de una conducta delictiva tienen que valorarse a partir de las pruebas incorporadas al procedimiento.
Contratación, documentación técnica y garantías de los investigados
Un atestado de la Guardia Civil fechado en abril de 2025 señala posibles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y malversación. Según la información publicada sobre ese informe, los agentes detectaron discrepancias en la documentación técnica y económica.
Entre ellas figura una memoria del Aula del Mar fechada en junio de 2022, posterior a la adjudicación de diciembre de 2021. También se examinan diferencias entre el presupuesto de ejecución material de esa memoria y el presentado por una adjudicataria. Se trata de indicios sometidos a investigación judicial.
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