Contreras reclama a Arroyo que concrete cómo financiará las obras previstas y cuestiona los compromisos para 2027 sin un nuevo presupuesto presentado
La denegación de la autorización para contratar un préstamo de 8,9 millones de euros destinado a inversiones en Cartagena ha abierto una nueva controversia sobre la planificación económica del Gobierno de Noelia Arroyo. El PSOE reclama que la alcaldesa explique qué actuaciones podrán ejecutarse, cuáles necesitan financiación alternativa y cómo pretende respaldar los compromisos anunciados para 2027.
El concejal socialista Pedro Contreras atribuye el rechazo a las dificultades económicas del Ayuntamiento y sostiene que su grupo ya había advertido del riesgo de incluir inversiones cuya financiación dependía de una autorización pendiente. El Gobierno municipal, por su parte, defiende que dispone de alternativas y asegura que mantendrá los proyectos.
La operación solicitada ascendía a 8.910.953 euros. Según la información pública sobre el expediente, un informe de Intervención fechado el 4 de noviembre recoge que el Ministerio de Hacienda denegó la autorización el pasado 10 de septiembre. La resolución obliga al Consistorio a revisar cómo financiar las actuaciones vinculadas a ese ingreso previsto.
El rechazo de esta operación no permite afirmar que el Ayuntamiento haya perdido toda capacidad de financiación ni que cada obra afectada esté definitivamente cancelada. Sí deja sin materializar una de las vías de financiación contempladas y plantea la necesidad de identificar los recursos que puedan sustituirla.
El PSOE cuestiona la capacidad económica para asumir nuevas inversiones
Contreras considera que la situación confirma sus críticas a la gestión presupuestaria del PP. En la nota remitida por el Grupo Municipal Socialista, señala especialmente al ahorro neto, un indicador que vincula con la capacidad del Ayuntamiento para afrontar nuevas operaciones de endeudamiento.
“La irresponsabilidad del Gobierno del Partido Popular ha provocado la falta de capacidad económica para asumir nuevos préstamos ya que son incapaces de generar ahorro corriente suficiente para devolverlos”, afirma el concejal.
Esa explicación corresponde a la interpretación socialista. La documentación facilitada con el comunicado no incluye la resolución ministerial completa, necesaria para comprobar sus fundamentos y precisar las razones administrativas y económicas del rechazo.
El PSOE también sitúa en 10,4 millones de euros el déficit de 2025 y sostiene que existen desequilibrios de tesorería que condicionan la gestión municipal. Contreras acusa al Ejecutivo local de gastar por encima de sus posibilidades sin que ese esfuerzo se traduzca, a su juicio, en mejores servicios e infraestructuras.
El grupo añade que la gestión económica acumula 130 reparos y que el grado de ejecución de las inversiones no supera el 30 %. El comunicado no acompaña esas cifras de una relación de expedientes, un periodo de cómputo o un estado de ejecución que permita comprobar su alcance. Tampoco pueden interpretarse los reparos, por sí solos, como acreditación de conductas delictivas.
La exigencia política se centra en conocer las consecuencias concretas de la financiación denegada. “No basta con anunciar obras e inversiones: hay que poner el dinero, planificarlas y ejecutarlas”, sostiene Contreras.
El PSOE pide que el Gobierno municipal detalle qué proyectos conservarán su calendario y qué decisiones presupuestarias serán necesarias para sostenerlos. Su crítica cuestiona que los anuncios se mantengan sin explicar públicamente el origen de los fondos que permitirán ejecutarlos.
Las obras anunciadas y el presupuesto pendiente de 2027
Entre las actuaciones para las que los socialistas reclaman garantías figuran la renovación de pavimentos con aglomerado impreso en Cartagena Centro, el acondicionamiento de las escaleras de acceso al Molinete, el suministro eléctrico del CEIP Mediterráneo y el alumbrado público de La Manga.
La nota no acredita que todas esas actuaciones dependieran directamente del préstamo rechazado. Las menciona como compromisos que requieren crédito disponible o los mecanismos presupuestarios correspondientes para poder llevarse a cabo.
Contreras advierte, además, de que el Gobierno municipal continúa anunciando proyectos para 2027 sin haber presentado, según denuncia, el presupuesto de ese ejercicio. El grupo reclama que se identifiquen las partidas y las fuentes de financiación de cada compromiso.
La legislación de haciendas locales establece que la presidencia de la entidad debe remitir el presupuesto general al Pleno antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. Se trata de un trámite distinto de la aprobación definitiva, que debe realizarse antes del comienzo del ejercicio correspondiente.
Los socialistas alertan de las dificultades que podría generar comenzar el año con las cuentas anteriores prorrogadas. Su preocupación se refiere especialmente a la cobertura de nuevas inversiones, que no queda garantizada únicamente por la continuidad del presupuesto previo.
La discusión exige distinguir entre disponer de una previsión política, contar con una partida presupuestaria y tener asegurado el recurso que la financia. El PSOE reclama que el Ayuntamiento aclare esos tres elementos para evitar que los vecinos reciban anuncios sin un calendario económico verificable.
Jáudenes defiende alternativas y rechaza el diagnóstico socialista
El concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, ha defendido públicamente una interpretación diferente de la situación. En sus declaraciones del 4 de noviembre, realizadas ante las críticas de MC, sostuvo que el Gobierno municipal contemplaba una posible resolución desfavorable y había trabajado para mantener las inversiones mediante otras vías.
Jáudenes situó la deuda municipal en 58,34 millones de euros, frente a los más de 97 millones de 2019, y señaló que durante 2026 está prevista una amortización de 10,5 millones. También atribuyó la negativa de Hacienda a motivos políticos, una valoración del responsable municipal que requiere distinguirse de los fundamentos de la resolución.
En aquella intervención no detalló los mecanismos presupuestarios concretos con los que se sustituirían los 8,9 millones previstos. Su posición pública es que las inversiones podrán mantenerse y que el Consistorio dispone de una planificación alternativa.
Estas explicaciones constituyen un antecedente de la controversia, no una respuesta específica a la nueva nota del PSOE. Para esta información no se ha solicitado por correo, teléfono o gabinete una valoración adicional al Ayuntamiento.
Contreras insiste en que Arroyo debe precisar qué inversiones podrán ejecutarse realmente y con qué financiación. La cuestión pendiente es trasladar esa respuesta a proyectos y partidas concretas: cuánto dinero sustituirá al préstamo, de dónde procederá y qué efectos tendrá el cambio sobre los plazos de las obras anunciadas.
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