La derechona contra la naturaleza

La derechona contra la naturaleza

«Es una concepción profundamente irresponsable de la gestión pública, en la que los límites ambientales parecen negociables siempre que exista una mayoría parlamentaria dispuesta a modificarlos»

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Lo ocurrido con Sierra Espuña debería avergonzar políticamente a quienes lo promovieron. PP y Vox decidieron utilizar su mayoría parlamentaria en la Asamblea Regional de Murcia para modificar la protección de 41 hectáreas de uno de los espacios naturales más valiosos de nuestra comunidad. ¿El objetivo? Facilitar la celebración de un rally. El Tribunal Constitucional ha tumbado aquella ley por unanimidad.

Conviene detenerse en lo que esto significa. No estamos ante una simple discrepancia política ni ante una diferencia de criterios sobre cómo organizar una actividad deportiva. Estamos ante una mayoría parlamentaria que decidió forzar los límites de la legislación ambiental para satisfacer determinados intereses, ignorando incluso las advertencias de los servicios jurídicos de la propia Asamblea Regional.

Y lo hizo con urgencia y mediante lectura única, como si la protección de un espacio natural fuera un trámite incómodo que había que resolver cuanto antes.

El problema, por tanto, no es el rally. Nadie cuestiona que las actividades deportivas tengan tradición, arraigo o interés social. El problema es que PP y Vox pretendieran que fuera la naturaleza la que tuviera que apartarse para que determinados intereses pudieran seguir desarrollándose sin las restricciones que establece su protección legal.

Esta es, precisamente, una de las características más preocupantes de la deriva medioambiental de la derecha, convertir la protección del territorio en un enemigo del progreso, presentar las restricciones ambientales como trabas burocráticas y cuestionar cualquier normativa que interfiera con determinados intereses económicos o políticos.

No es una defensa de la libertad. Es una concepción profundamente irresponsable de la gestión pública, en la que los límites ambientales parecen negociables siempre que exista una mayoría parlamentaria dispuesta a modificarlos.

En la Región de Murcia tenemos motivos de sobra para preocuparnos. El Mar Menor es la demostración más dolorosa de lo que sucede cuando los intereses económicos y la falta de voluntad política se imponen durante años a las advertencias científicas y a las exigencias de protección ambiental. Hemos asistido al deterioro de un patrimonio natural extraordinario mientras demasiados responsables políticos miraban hacia otro lado o discutían sobre quién debía asumir las responsabilidades.

Y ahora tenemos que contemplar cómo quienes deberían garantizar la conservación de nuestro territorio intentan debilitar su protección para facilitar una actividad deportiva.

La coincidencia política entre PP y Vox en estas cuestiones tampoco es casual. Ambos comparten con frecuencia un discurso en el que la defensa del medio ambiente queda subordinada a una determinada idea de desarrollo, donde proteger significa prohibir y conservar se presenta como una amenaza a la actividad económica. Una visión que desprecia la evidencia de que no puede existir progreso verdadero destruyendo los recursos naturales de los que depende nuestro futuro.

Lo más llamativo es que después se llenan la boca hablando de libertad, de identidad regional y de defensa de nuestras tradiciones. Pero ¿qué identidad estamos defendiendo si deterioramos nuestro patrimonio natural? ¿Qué libertad estamos garantizando si hipotecamos el territorio que recibirán las próximas generaciones?

El Constitucional ha tenido que recordar algo elemental, una mayoría parlamentaria no está por encima de la Constitución ni puede utilizar su poder legislativo para sortear las garantías de protección ambiental.

Y convendría que PP y Vox tomaran nota. Gobernar no consiste en adaptar las leyes a cada interés que incomoda, sino en asumir que existen bienes colectivos cuya protección debe prevalecer sobre las conveniencias particulares.

Sierra Espuña no es propiedad de ningún gobierno, de ningún partido ni de ningún organizador de eventos. Es patrimonio natural de todos los murcianos.

La naturaleza no necesita que la derecha le conceda permiso para existir. Necesita que quienes tienen la obligación de protegerla dejen de tratarla como un obstáculo.

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