«El presidente avala el entendimiento con la ultraderecha mientras atribuye a una estrategia partidista las protestas de quienes reclaman vivir mejor«
Hay algo profundamente injusto en tener que explicar que estás harto. Llegar a casa, hacer cuentas, volver a hacerlas y descubrir que tampoco salen esta vez. Trabajar, cumplir, pagar y sentir que cualquier imprevisto puede desordenarte la vida. Y que, cuando decides protestar, aparezca un presidente autonómico para insinuar que alguien te está utilizando. Como si no tuvieras motivos propios. Como si necesitaras instrucciones de Madrid para darte cuenta de que vivir se ha puesto demasiado difícil.
Eso es lo que me preocupa de las declaraciones de Fernando López Miras esta semana. Su facilidad para reconocer voluntad política a quienes pactan un reparto electoral y negársela, mediante la sospecha, a quienes salen a reclamar mejores condiciones de vida. Para los primeros hay comprensión. Para los segundos, una explicación que les convierte en figurantes de una operación ajena.
El lunes 26 de octubre, en una entrevista en La 7, el presidente respaldó el acuerdo entre PP y Vox para el Senado afirmando que hacían «lo que quiere la mayoría de los españoles». Preguntado por los disturbios de Barcelona y la huelga general prevista para noviembre, sostuvo que «nada de esto es casual» y acusó al PSOE y a Pedro Sánchez de promover inestabilidad. «Van a incendiar las calles», afirmó.
Conviene detenerse ahí. Porque las palabras de un presidente pesan. Y colocar una convocatoria sindical dentro de un discurso sobre incendios, vandalismo y maniobras electorales contribuye a extender una sospecha sobre personas que tienen razones perfectamente comprensibles para movilizarse.
A mí me parece una manera muy cómoda de ahorrarse la conversación importante: qué les está pasando.
La mayoría, cuando les viene bien
El acuerdo entre PP y Vox es una decisión política legítima y, precisamente por eso, merece ser discutida políticamente. Según la información publicada por RTVE, coordina candidaturas en determinadas circunscripciones para evitar pérdidas de representación y responder al entendimiento de las izquierdas. No supone una candidatura conjunta en toda España. Pero sí expresa una voluntad de colaboración que López Miras ha celebrado.
Lo revelador es su pretensión de hablar en nombre de la mayoría antes de que esa mayoría vote. Hay españoles conservadores que quieren acuerdos con Vox. Otros seguramente los rechazan. También hay ciudadanos que no soportan al Gobierno central y tampoco desean que la ultraderecha gane influencia. Todos existen, aunque estropeen la comodidad del eslogan.
El presidente tiene derecho a defender su alianza. Lo que resulta discutible es envolverla en una representación colectiva que nadie le ha concedido. En democracia, las mayorías se cuentan. No se invocan como si fueran una propiedad del partido.
Además, en Murcia conocemos los efectos concretos de ese entendimiento. El pacto presupuestario de PP y Vox de junio de 2025 incluyó modificar la ley del Mar Menor, cerrar el centro de menores de Santa Cruz y reducir las aportaciones a organizaciones sindicales y empresariales. Eran compromisos escritos, con consecuencias sobre políticas públicas.
Por eso me cuesta aceptar que se presente esta relación como una simple cuestión de eficacia electoral. Pactar también significa elegir qué exigencias se aceptan y qué asuntos se convierten en moneda de negociación. Después habrá que responder por esas decisiones. La aritmética parlamentaria explica un acuerdo; no lo absuelve de crítica.
El mirismo tiene aquí una habilidad admirable, si uno consigue olvidarse de las consecuencias: convertir sus decisiones en necesidades inevitables. Cuando necesita a Vox, toca comprender el contexto. Cuando alguien protesta, toca investigar sus intenciones.
A unos se les reconoce estrategia. A otros se les supone obediencia.
Quien protesta también sabe pensar
Mientras se pronunciaban esas palabras, el conflicto del metal tenía motivos bastante más concretos que una supuesta orden partidista. Tras fracasar la mediación del 26 de octubre, comenzó la huelga indefinida de un sector que reúne a unos 35.000 trabajadores en la Región.
Según UGT, la convocatoria había sido decidida en una asamblea de delegados de UGT, CCOO y USO. Entre los principales desacuerdos figuraban la compensación y absorción salarial y las coberturas durante las bajas por incapacidad temporal. La patronal FREMM, por su parte, defendió el viernes haber mejorado su oferta retributiva y reclamó una respuesta sindical. Hay una negociación, posiciones enfrentadas y asuntos que afectan directamente a las nóminas.
No atribuyo a López Miras una acusación específica contra estos trabajadores que no consta en sus declaraciones. Su intervención se refería a otros acontecimientos y a la huelga general. Pero el conflicto regional ayuda a entender por qué es tan injusto interpretar la movilización social principalmente a través del calendario electoral.
Una huelga tiene costes para quien la hace. Hay incertidumbre, discusiones en casa y dinero que deja de entrar. Antes de insinuar que la gente se moviliza porque alguien la agita, convendría pensar cuánto tiene que preocuparle su situación para asumir ese sacrificio.
Me gustaría que esa reflexión ocupara más espacio en los discursos institucionales. Que se hablara del miedo a enfermar, de lo que significa una mejora salarial que no se percibe como suficiente, de la dificultad de defender un derecho cuando necesitas cobrar a final de mes. Ahí hay vidas enteras. Reducirlas a una maniobra electoral es una forma de desprecio.
La convocatoria de huelga general del 11 de noviembre difundida por UGT y CCOO señala reivindicaciones de salarios, vivienda y precios, y emplaza a las administraciones públicas y a las organizaciones empresariales. Se pueden discutir sus propuestas, su oportunidad o sus objetivos. Lo que no se puede hacer con rigor es borrar esas demandas y sustituirlas por una sospecha.
También debemos ser claros con la violencia. Los actos vandálicos merecen condena y las responsabilidades deben individualizarse. Defender una huelga o una manifestación pacífica no obliga a justificar un solo destrozo. Del mismo modo, un destrozo no permite desautorizar a quienes ejercen pacíficamente su derecho a protestar.
Un presidente debería esforzarse especialmente en mantener esa distinción. Para eso tiene una tribuna que la mayoría de los ciudadanos nunca tendrá.
La tranquilidad de quienes pueden esperar
El 29 de octubre, UGT Servicios Públicos denunció restricciones a la contratación temporal, sobrecarga de las plantillas y compromisos pendientes del Gobierno regional. Es la posición del sindicato, que debe contrastarse y discutirse, pero contiene reclamaciones identificables sobre gestión autonómica. No hace falta buscar una conspiración para entender que los empleados quieran respuestas.
La exigencia de tranquilidad resulta mucho más fácil desde un puesto de poder. Quien dispone de seguridad económica puede pedir paciencia sin preguntarse qué factura vencerá antes. Para otras personas, esperar tiene un precio diario. Y llega un momento en que seguir esperando se parece demasiado a aceptar que nada va a cambiar.
No quiero una Región en la que la buena educación consista en soportarlo todo. Quiero poder discrepar de una huelga y respetar a quienes la hacen. Quiero que un votante del PP pueda reclamar un servicio público sin sentirse obligado a proteger a su partido. Quiero que quien vota a la izquierda exija responsabilidades a un Gobierno socialista cuando incumple. Esa autonomía ciudadana debería incomodar a cualquier poder que se acostumbre demasiado a mandar.
Por eso tampoco me sirve una defensa de la protesta que dependa de quién gobierne. El malestar por la vivienda exige respuestas a todas las administraciones competentes. Los problemas de los salarios no desaparecen porque mejoren los indicadores generales. Ningún presidente debería utilizar las dificultades de las familias únicamente como munición contra su adversario.
López Miras puede criticar a Sánchez, defender su programa y pactar con Vox. Tendrá enfrente a quienes consideramos que ese acercamiento desplaza al PP hacia posiciones cada vez más reaccionarias. Esa discusión forma parte de la democracia. También forma parte de ella que un trabajador se plante, que una familia reclame y que un ciudadano diga que está cansado.
Lo que le pediría al presidente es algo elemental: que escuche ese cansancio antes de buscarle un director de campaña. Que contemple la posibilidad de que las personas a las que gobierna sepan perfectamente por qué están enfadadas. Que entienda que conservar la confianza exige algo más que señalar a Madrid.
Porque quien sale a protestar puede ser tu vecino, tu hermana o la persona que mañana te atienda cuando necesites ayuda. Puede haber votado cualquier cosa. Puede tener miedo y aun así haber decidido salir. Merece que se discutan sus razones con respeto. Bastante difícil es levantar la cabeza cuando la vida aprieta como para que, desde el poder, te hagan sentir sospechoso por hacerlo.
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