PP y Vox rechazan ayudas de 36.000 euros para comprar la primera vivienda en Murcia

PP y Vox rechazan ayudas de 36.000 euros para comprar la primera vivienda en Murcia

El PSOE proponía financiar el plan con fondos autonómicos. Miguel Ortega reclama también contener los alquileres y ampliar el parque público

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PP y Vox han votado contra una iniciativa del PSOE para instar al Gobierno de la Región de Murcia a conceder ayudas directas de 36.000 euros destinadas a comprar la primera vivienda habitual. Según la información facilitada por el Grupo Parlamentario Socialista, la propuesta defendida por Miguel Ortega en el pleno de la Asamblea Regional no ha salido adelante. El plan planteaba utilizar fondos propios de la Comunidad Autónoma para facilitar el acceso a la vivienda.

Ortega, diputado regional y candidato socialista al Congreso, ha vinculado la propuesta con las dificultades para reunir el dinero necesario para la entrada. Durante su intervención, ha acusado al Ejecutivo de Fernando López Miras de mantener unas políticas que, a su juicio, dificultan tanto la compra como la capacidad de ahorro de jóvenes y familias.

«Con las políticas de López Miras, ni se va a poder comprar una vivienda, ni se va a poder ahorrar para pagar la entrada», ha manifestado el parlamentario, según recoge la nota socialista.

El rechazo parlamentario deja sin respaldo esta petición al Gobierno regional. La iniciativa buscaba que la Comunidad pusiera en marcha un plan de ayudas, por lo que los 36.000 euros constituían el importe propuesto por el PSOE para ese programa.

Una ayuda directa para acceder a la primera vivienda habitual

La propuesta socialista se centraba en la adquisición de la primera residencia habitual y reclamaba financiación autonómica. La información difundida por el grupo no detalla requisitos de renta, límites sobre el precio de compra ni una dotación presupuestaria global para el plan.

Ortega ha defendido la necesidad de actuar sobre las dificultades inmediatas de quienes buscan una casa. Su intervención ha combinado esa reclamación de ayudas con la construcción de vivienda pública, la contención de precios y la protección de los inquilinos.

«Construir es necesario, pero no basta con construir si las viviendas siguen teniendo precios que la mayoría no puede pagar. Quien necesita una casa hoy no puede esperar años. Hay que construir vivienda pública, contener los precios y proteger a los inquilinos», ha afirmado.

El diputado ha cuestionado que el aumento de la oferta, por sí solo, permita resolver las dificultades de acceso. Según su planteamiento, las nuevas promociones deben acompañarse de medidas que hagan asumibles los precios para la población y permitan responder a quienes necesitan vivienda actualmente.

En ese contexto ha acusado al Gobierno regional de llevar una década sin construir vivienda pública. También le ha reprochado la insuficiencia de las ayudas al alquiler, la falta de movilización de suelo y la devolución de fondos que, según ha sostenido, podrían destinarse a promociones asequibles.

Estas críticas corresponden al balance político presentado por Ortega. Para esta información no se ha recabado una respuesta directa del Gobierno autonómico ni de los grupos parlamentarios del PP y Vox.

El PSOE señala la concentración de viviendas y la distancia entre precios y salarios

Durante el debate, Ortega ha aportado cifras con las que cuestiona la distribución de la propiedad residencial en la Región de Murcia. Según los datos expuestos por el diputado, 956 contribuyentes acumulan 35.214 viviendas. De ellos, 551 serían empresas, entidades u otras personas jurídicas.

La nota socialista no identifica la fuente, la fecha de referencia ni los criterios empleados para elaborar ese recuento. El parlamentario ha utilizado esas cifras para reclamar medidas frente a la concentración de inmuebles y para cuestionar el papel de los grandes propietarios en el mercado.

Ortega ha acusado al PP y Vox de favorecer los intereses de los fondos de inversión frente a las necesidades de la ciudadanía. También ha reclamado actuaciones que eviten la expulsión de inquilinos y las subidas de alquiler que considera abusivas.

Otro de sus argumentos ha sido la evolución desigual de los ingresos y de los precios residenciales. Según la comparación trasladada por el diputado, desde 2015 los salarios han subido un 28 %, mientras que comprar una vivienda se ha encarecido un 80 % y alquilarla, un 87 %.

El parlamentario ha señalado además que en 2025 más de 85.200 personas buscaron activamente vivienda en la Región sin conseguir cambiarse. La comunicación del PSOE tampoco precisa la fuente de este dato, que Ortega ha incorporado a su diagnóstico sobre las dificultades de acceso.

La diferencia entre salarios y precios sirve al diputado para defender que las políticas públicas deben atender tanto a la compra como al alquiler. Su reclamación de ayudas para la entrada se integra así en una propuesta más amplia de intervención sobre el mercado residencial.

Críticas a las posiciones del PP y Vox sobre la protección de los inquilinos

Ortega ha extendido el debate al ámbito estatal y ha reprochado al PP y Vox su oposición a medidas del Gobierno de España sobre vivienda. Entre las actuaciones que ha defendido figuran la protección de personas vulnerables frente a desahucios, la estabilidad de los contratos y las medidas dirigidas a contener los alquileres.

También ha mencionado los préstamos para acceder a la primera vivienda, las deducciones para inquilinos y los incentivos a propietarios que reduzcan las rentas. El diputado ha presentado ese conjunto de actuaciones como parte de la respuesta que defiende el PSOE.

La confrontación ha incluido críticas a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes Ortega responsabiliza políticamente de obstaculizar las soluciones que propone su partido. El parlamentario ha cuestionado asimismo los anuncios de derogación de medidas de protección a los inquilinos que atribuye al líder del PP.

En el plano regional, el resultado del pleno deja rechazada la iniciativa socialista para promover ayudas directas de 36.000 euros. Ortega mantiene su exigencia de que la Comunidad destine recursos propios al acceso a la primera vivienda y acompañe esas ayudas de promociones públicas y medidas sobre los precios del alquiler.

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