Unive Abogados advierte desde Murcia de que suspender los pagos sin revisar las medidas judiciales puede generar una deuda por atrasos
Que un hijo alcance la mayoría de edad o empiece a trabajar no resuelve por sí solo si debe seguir percibiendo una pensión de alimentos. La cuestión depende de su situación económica real y de las medidas fijadas en la sentencia o en el convenio aprobado judicialmente. Unive Abogados ha difundido esta advertencia a partir de consultas recibidas en Murcia sobre las consecuencias que tiene la incorporación de los hijos al mercado laboral.
El despacho señala que deben examinarse los ingresos, su continuidad, las necesidades del hijo y las circunstancias de convivencia. Un trabajo ocasional o una remuneración insuficiente no equivalen necesariamente a independencia económica. Del mismo modo, una situación de autonomía efectiva puede justificar que se solicite la revisión de la pensión.
La distinción tiene consecuencias para las familias: considerar que existen motivos para extinguir una obligación no permite asumir que basta con dejar de pagarla. Cuando la pensión está establecida judicialmente, el cambio debe trasladarse al procedimiento correspondiente para adaptar las medidas a las nuevas circunstancias.
«El problema no es solo comprobar si el hijo ha empezado a trabajar. Hay que valorar si puede sostenerse con sus ingresos y tramitar el cambio de la pensión», explica Olga Pérez, directora de Unive Abogados Murcia, en la nota remitida por el despacho.
La independencia económica exige valorar más que un contrato
El artículo 152 del Código Civil contempla el cese de los alimentos cuando quien los recibe puede ejercer una actividad profesional o dispone de una situación económica que hace innecesaria la pensión para su subsistencia. La norma vincula esta causa de extinción a la desaparición de la necesidad de recibir alimentos.
Por ello, el análisis que propone el despacho no se limita a comprobar si existe un contrato de trabajo. También incluye determinar qué ingresos proporciona, si tienen continuidad y hasta qué punto permiten atender las necesidades del hijo.
La información sobre la convivencia es otro de los elementos que deben revisarse. El escenario puede variar si el hijo continúa en el domicilio del progenitor que percibe la pensión o si ha iniciado una vida independiente. Estas circunstancias deben ponerse en relación con el contenido de la resolución judicial que regula la contribución económica.
La nota de Unive insiste en evitar respuestas automáticas. Ni cumplir 18 años ni obtener el primer salario permiten, por sí solos, decidir cómo debe quedar una pensión concreta. La revisión puede concluir que procede mantenerla, reducirla o extinguirla, dependiendo de las circunstancias acreditadas.
El planteamiento afecta también a la documentación necesaria. Antes de promover un cambio, el despacho recomienda revisar la sentencia y el convenio regulador para conocer con precisión las obligaciones establecidas y valorar cómo encaja en ellas la nueva situación familiar.
La modificación de medidas evita decidir unilateralmente sobre los pagos
El artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la modificación de las medidas definitivas cuando han variado sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta al aprobarlas. El procedimiento contempla tanto las solicitudes de común acuerdo como aquellas en las que existe una discrepancia que debe resolver el tribunal.
Unive recuerda que el acuerdo entre los progenitores puede facilitar la tramitación de una solución, pero el cambio debe formalizarse por la vía correspondiente. Si no hay consenso, será necesario plantear la petición y acreditar las circunstancias que justifican la modificación solicitada.
La advertencia principal del despacho se dirige a quienes suspenden el abono por iniciativa propia al conocer que su hijo trabaja. «Dejar de pagar sin revisar antes la resolución puede convertir una situación que tenía solución en un conflicto por atrasos», señala Pérez.
Para preparar esa revisión, la firma recomienda reunir los justificantes de pago y la información disponible, obtenida lícitamente, sobre el empleo, los ingresos y la convivencia del hijo. También considera conveniente documentar las variaciones relevantes en la capacidad económica de los progenitores.
El objetivo de esa recopilación es permitir una valoración fundada de la situación. La existencia de un cambio laboral puede ser relevante, pero deben analizarse su alcance y sus efectos sobre la necesidad de mantener la contribución.
La devolución de cantidades depende de las circunstancias del caso
La nota menciona la sentencia 232/2024 del Tribunal Supremo, de 21 de febrero, que reconoció la devolución de cantidades en un supuesto concreto. Según el resumen oficial del Gabinete Técnico de la Sala Primera, la hija mayor de edad se había incorporado al mercado laboral, había optado por una vida independiente y había dejado de convivir con su madre.
El elemento decisivo fue la pérdida sobrevenida de legitimación de la progenitora para continuar percibiendo la contribución. El Supremo confirmó la sentencia de primera instancia que ordenaba devolver las cantidades cobradas durante el periodo examinado, al haber desaparecido las circunstancias que justificaban su percepción conforme al artículo 93.2 del Código Civil.
Unive subraya que esta resolución no convierte en recuperable cualquier pago realizado después de que un hijo empiece a trabajar. Tampoco permite trasladar su resultado a todas las familias sin comprobar si concurren las mismas circunstancias. La fecha de efectos y una eventual devolución requieren un análisis específico.
La recomendación del despacho ante un cambio económico familiar es revisar primero las medidas vigentes, reunir la documentación y determinar qué modificación procede solicitar. La incorporación de un hijo al empleo puede abrir esa revisión, pero la decisión sobre la pensión exige conocer si sus ingresos le permiten sostenerse y cómo debe quedar formalizada la nueva situación.
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