Isabel Gadea reclama explicaciones sobre los controles del material sanitario y advierte de la incertidumbre de los pacientes ante las posibles irregularidades
El PSOE de la Región de Murcia ha exigido a Fernando López Miras que dé explicaciones y asuma responsabilidades políticas por el caso de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS). Su portavoz, Isabel Gadea, vincula esta reclamación con las declaraciones judiciales sobre el presunto uso de material no homologado y con la necesidad de aclarar tanto las consecuencias para los pacientes como el alcance del posible perjuicio económico.
«Que se investigue hasta el final, caiga quien caiga», reclama Gadea en la nota remitida por la formación. La portavoz sitúa en el centro de su denuncia la seguridad de las personas intervenidas y los controles sobre los productos adquiridos y utilizados en los hospitales.
La causa permanece en fase de investigación. Las diligencias tratan de esclarecer presuntas irregularidades en el suministro y la facturación de material sanitario, por lo que las sospechas y las declaraciones incorporadas al procedimiento deben distinguirse de los hechos que finalmente puedan considerarse probados.
La cifra de 6,9 millones de euros que menciona el PSOE corresponde al posible perjuicio económico investigado. Su determinación forma parte del procedimiento: el instructor acordó solicitar una prueba pericial a la Administración General del Estado para concretar el importe presuntamente defraudado, según la información judicial difundida en junio.
Declaraciones sobre material no homologado y dudas sobre su trazabilidad
Gadea sostiene que las comparecencias de antiguos responsables de compras del SMS refuerzan la necesidad de ofrecer explicaciones públicas. En su comunicado afirma que estos han reconocido ante el juez la utilización de prótesis vasculares no homologadas en distintos centros, entre los que cita Santa Lucía, Reina Sofía, Morales Meseguer, la Arrixaca y Quirón.
Las informaciones sobre las declaraciones de antiguos responsables de la Unidad de Aprovisionamiento recogen que estos atribuyeron al ámbito del quirófano el conocimiento del producto realmente implantado. También señalaron dificultades para identificar desde la unidad de compras qué material se utilizaba en cada intervención.
La posición de otros investigados ha sido distinta. En las comparecencias de esta semana, dos trabajadores de la Arrixaca defendieron que su labor consistía en introducir la información que recibían y explicaron que el sistema informático solo permitía incorporar referencias incluidas en el catálogo del SMS. Un comercial de una de las proveedoras negó, por su parte, que se enviaran productos caducados.
Estas declaraciones forman parte de una investigación que debe determinar las actuaciones y responsabilidades individuales. La identificación del material suministrado, su correspondencia con lo facturado y su eventual utilización en pacientes son cuestiones relevantes para esclarecer el caso.
El PSOE está personado como acusación popular. Su incorporación al procedimiento fue acordada tras acreditar la fianza fijada por el tribunal. Las diligencias previas incluyen la investigación de presuntos delitos de falsedad documental, malversación, prevaricación, contra la salud pública y organización criminal. Esa relación delimita el objeto de las pesquisas y no supone una declaración de culpabilidad.
Gadea cuestiona el nombramiento de Isabel Ayala como consejera
La portavoz socialista dirige su exigencia política al presidente regional. «Estamos hablando de pacientes que podrían llevar en su cuerpo material sin homologar y de 6,9 millones de euros de dinero público en juego», afirma.
Gadea reclama que López Miras explique la actuación de su Ejecutivo y responda por los mecanismos de supervisión del sistema sanitario. «¿Dónde está el presidente de la Región de Murcia? ¿Quién va a dar explicaciones?», pregunta en la comunicación del partido.
La dirigente también cuestiona el nombramiento de Isabel Ayala como consejera de Salud, después de haber ocupado la gerencia del SMS. El PSOE interpreta esa decisión como un premio político a quien dirigía el organismo durante parte del periodo al que se refieren las pesquisas.
Ese reproche constituye una valoración de la formación socialista. La responsabilidad política que reclama el partido se refiere a la gestión y a los controles administrativos, y debe diferenciarse de las responsabilidades penales que puedan determinar los tribunales.
«No estamos ante un simple problema administrativo. Estamos hablando de la seguridad de los pacientes y de la confianza en nuestra sanidad pública», sostiene Gadea. Su intervención plantea que la investigación económica vaya acompañada de explicaciones sobre el material utilizado y las garantías ofrecidas a las personas atendidas.
El Gobierno regional ha defendido la actuación del servicio de salud
El Ejecutivo regional ha mantenido públicamente una interpretación diferente sobre la actuación de Ayala. En el debate parlamentario de junio, López Miras defendió que el propio SMS había detectado las irregularidades, impulsado su investigación y trasladado el asunto a la Justicia. También respaldó a la consejera y rechazó las acusaciones políticas de la oposición.
La Consejería anunció asimismo en junio la puesta en marcha de un Registro Regional de Prótesis Implantables como herramienta para reforzar la trazabilidad. En aquella comunicación oficial, Salud insistió en que la denuncia del posible fraude había partido de la propia administración sanitaria.
Frente a esa defensa, Gadea insiste en que deben depurarse las responsabilidades que correspondan. «Con la salud de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia no se juega. Y quien haya fallado debe asumir las consecuencias», concluye. Su reclamación mantiene abiertas dos exigencias: esclarecer judicialmente las presuntas irregularidades y explicar públicamente cómo funcionaron los controles sobre el material sanitario.
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