Miguel Ortega reclama ampliar la investigación desde 2018 y cuestiona la presentación del Plan de Salud coincidiendo con las declaraciones judiciales
El PSOE ha reclamado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que asuma responsabilidades políticas por el caso de las prótesis vasculares investigado en el Servicio Murciano de Salud (SMS). El candidato socialista al Congreso, Miguel Ortega, ha anunciado que su formación mantendrá las actuaciones judiciales para esclarecer los hechos y ha cuestionado la respuesta del Ejecutivo regional ante unas presuntas irregularidades que afectan tanto al uso de recursos públicos como a las garantías de los pacientes.
Según la nota remitida por el partido, el PSRM ha solicitado al juzgado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigue las prótesis vasculares implantadas en la Región desde 2018, tanto en centros públicos como privados. También ha pedido que se cite a declarar a la consejera de Salud y a los responsables del SMS durante el periodo investigado.
Estas actuaciones son solicitudes de la formación socialista. La documentación facilitada no incorpora una resolución judicial que confirme su aceptación ni permite atribuir una condición procesal determinada a las personas cuya comparecencia reclama.
Ortega enmarca su exigencia en el inicio de una nueva fase de declaraciones judiciales y en la presentación del Plan Regional de Salud 2026-2032. El dirigente socialista interpreta la coincidencia como un intento de desplazar la atención política, una valoración que corresponde al PSOE y que no acredita una relación entre ambas convocatorias.
La investigación y las demandas de información de los afectados
El candidato socialista sostiene que la causa exige explicaciones políticas adicionales a la depuración de las posibles responsabilidades penales. Su formación afirma estar personada como acusación popular y asegura que utilizará los instrumentos legales disponibles para conocer el alcance de las irregularidades.
«El Partido Socialista está personado porque vamos a llegar hasta el final con la trama de las prótesis. Es un escándalo sanitario contra la salud de las personas mayúsculo», afirma Ortega en el comunicado.
La investigación judicial sigue abierta. Por ello, las acusaciones deben distinguirse de los hechos que finalmente puedan quedar acreditados y de las responsabilidades que determine la Justicia. También resulta necesario separar las posibles irregularidades en la adquisición, facturación o utilización de material sanitario de la acreditación de daños clínicos concretos.
Aunque Ortega plantea dudas sobre posibles consecuencias para pacientes, la nota socialista no aporta informes periciales que permitan vincular fallecimientos con las prótesis investigadas. Esa relación no puede darse por demostrada a partir de sus declaraciones.
El procedimiento también ha movilizado a personas que solicitan información sobre el material utilizado en sus intervenciones. La Asociación de Afectados anunció concentraciones ante la Ciudad de la Justicia los días 4, 5 y 6 de noviembre, coincidiendo con las declaraciones previstas. Asimismo, comunicó que había recurrido la fianza de 5.000 euros exigida para ejercer la acusación popular y denunció dificultades para obtener respuestas a sus solicitudes de información. Estas reclamaciones fueron expuestas por sus representantes en declaraciones recogidas por Radio Murcia. Cadena SER
López Miras sí ha hablado públicamente del caso
Ortega acusa al presidente regional de no ofrecer explicaciones suficientes y cuestiona que Isabel Ayala continúe al frente de la Consejería de Salud. La demanda socialista de responsabilidades políticas se dirige así tanto a la gestión del caso como a la continuidad de quienes han ocupado puestos de dirección sanitaria.
Sin embargo, la afirmación de su comunicado de que López Miras no ha realizado declaraciones sobre el asunto debe matizarse: el presidente sí se ha pronunciado públicamente y compareció en la Asamblea Regional el pasado 22 de septiembre.
En aquella intervención defendió el nombramiento de Ayala, recordó que el SMS estaba personado como perjudicado y anunció que utilizaría los mecanismos administrativos y jurídicos disponibles para recuperar los fondos que se determinasen indebidamente empleados si se confirmaba el presunto fraude. También sostuvo que los controles internos detectaron las irregularidades y las trasladaron a la Fiscalía. beta-web.europapress.es
Además, en una entrevista emitida el 3 de noviembre por Onda Cero, López Miras volvió a defender la actuación de la inspección del SMS y afirmó que ninguno de los investigados era un cargo político. Según la información publicada por la emisora, aseguró igualmente que los servicios clínicos estaban a disposición de los posibles afectados para atenderlos e informarlos. Onda Cero Radio
Estas declaraciones constituyen la posición pública del presidente y no una respuesta específica al comunicado de Ortega. Para esta información no se ha solicitado por correo, teléfono o gabinete una valoración adicional del Ejecutivo regional.
El Plan de Salud y los acuerdos sanitarios entran en la disputa política
La crítica socialista coincide con la tramitación del Plan Regional de Salud 2026-2032. La agenda parlamentaria anunciada por la Asamblea situaba su debate para el miércoles 4 de noviembre, a las 9:30 horas. Por su parte, el portal autonómico de participación recoge que la consulta pública sobre el documento comenzó el 30 de diciembre de 2025 y se prolongó hasta el 16 de enero de 2026. El proceso de elaboración, por tanto, era anterior a esta jornada de declaraciones judiciales. amp.murcia.com
Ortega denuncia que la planificación sanitaria regional acumula once años de retraso y considera insuficientes los anuncios del Gobierno. También cuestiona la financiación de los compromisos alcanzados con los profesionales.
El Ejecutivo, por su parte, presentó el acuerdo revisado con cinco sindicatos del SMS como un paquete de 38 actuaciones para desarrollar en dos años, con una inversión de casi 50 millones de euros. La reunión con las organizaciones firmantes se celebró el 3 de noviembre en San Esteban.
El PSOE vincula estas críticas con las elecciones generales del 29 de noviembre y rechaza extender el modelo de gestión sanitaria que atribuye al PP. Mientras continúa la confrontación política, las peticiones de ampliar diligencias y citar a nuevos responsables quedan pendientes de las decisiones judiciales, que deberán delimitar los hechos y las posibles responsabilidades sin sustituir las garantías del procedimiento por acusaciones partidistas.
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