El portavoz socialista cuestiona la cesión de los terrenos y reclama que el Ayuntamiento retire los residuos y complete los análisis ambientales

El secretario general del PSOE de Cartagena, Manolo Torres, ha acusado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, de retrasar durante más de tres años la Ciudad de la Justicia por los problemas acumulados en la preparación y cesión de los terrenos al Ministerio. El dirigente socialista sitúa entre esos obstáculos la segregación de la parcela, la planificación de los accesos y las actuaciones ambientales que, según denuncia, debe completar el Ayuntamiento.
Torres ha ampliado así sus críticas sobre la tramitación del proyecto, después de reclamar explicaciones por los requerimientos que la Comunidad Autónoma habría trasladado al Consistorio en agosto. Su nueva intervención también responde a las declaraciones del concejal del Gobierno municipal Ignacio Jáudenes sobre el estado del suelo y a la posición de Arroyo respecto a la retirada de residuos.
El portavoz socialista sostiene que la administración regional necesita que se realicen esos trabajos y nuevos análisis antes de pronunciarse sobre la situación ambiental de la parcela. Reclama que el Ayuntamiento explique lo que queda pendiente y asuma las actuaciones que le corresponden, en lugar de atribuir los retrasos al Gobierno de España.
Las acusaciones proceden de la nota difundida por el PSOE. El comunicado cita documentación técnica y administrativa, pero no incorpora los informes originales ni permite determinar por sí solo el peso de cada incidencia en el calendario del proyecto.
Segregación, accesos y preparación de la parcela
Torres describe la cesión de los terrenos como una sucesión de errores municipales. Según su relato, el Ayuntamiento pretendió inicialmente entregar una superficie que debía segregarse y que estaba vinculada a la ampliación del Instituto Hespérides.
A ese primer problema añade la falta de previsión de los accesos, que considera un elemento básico para desarrollar la infraestructura. El tercer bloque de su denuncia se refiere a la retirada y gestión de los residuos presentes en el emplazamiento.
«Las chapuzas se vienen acumulando desde el primer instante», afirma el dirigente socialista, que califica la tramitación de «una sucesión de disparates». Con esas expresiones cuestiona la gestión política de la alcaldesa y la preparación municipal de los terrenos.
Su argumento es que la disponibilidad de una parcela para una infraestructura de esta dimensión exige resolver las cuestiones urbanísticas, de acceso y ambientales que condicionan su utilización. El PSOE atribuye a la falta de resolución de estos asuntos parte del bloqueo que denuncia.
La nota no detalla las fechas de cada trámite ni identifica un calendario completo de subsanaciones. Tampoco aporta una previsión actualizada de cesión o de comienzo de las obras, por lo que la acusación de un retraso superior a tres años corresponde a la valoración formulada por Torres.
La controversia sobre los residuos y el estado del suelo
El portavoz socialista ha respondido a las declaraciones de Ignacio Jáudenes que, según recoge su comunicado, niegan que el suelo esté contaminado. Torres contrapone a esa posición un informe de la Universidad Politécnica de Cartagena que, de acuerdo con su explicación, identifica residuos contaminados que deben tratarse.
La distinción entre la presencia de residuos y la caracterización del suelo resulta relevante. La existencia de materiales que requieren gestión no permite determinar automáticamente el estado ambiental de toda la parcela; esa valoración depende de las comprobaciones y análisis que correspondan.
Precisamente, el PSOE sostiene que la Dirección General de Medio Ambiente ha requerido al Ayuntamiento retirar y gestionar los residuos y realizar nuevos análisis. Según Torres, la Comunidad Autónoma no puede emitir su pronunciamiento sobre la aptitud y el estado ambiental de los terrenos hasta que se completen esas actuaciones.
El dirigente exige que el Gobierno municipal aclare qué trabajos ha realizado desde agosto y qué documentación dispone para sostener que los problemas están resueltos. También cuestiona que los requerimientos se presenten como un mero trámite cuando, a su juicio, siguen condicionando la entrega de la parcela.
La nota socialista atribuye a Arroyo la consideración de estas exigencias como «un trámite técnico más y no un problema nuevo». Torres responde preguntando por qué no se informó antes de las actuaciones pendientes y por qué se dio por superada la situación ambiental.
Quién debe asumir la limpieza antes de la cesión
Otro de los puntos de confrontación es la administración que debe ejecutar la retirada de residuos. Torres rechaza la posibilidad, que atribuye a la alcaldesa, de que esos trabajos los realice el Ministerio.
El portavoz socialista afirma que el requerimiento autonómico se dirige al Ayuntamiento y defiende que el Consistorio debe resolver los problemas pendientes antes de entregar los terrenos. Su reclamación se centra en que se concreten responsabilidades y actuaciones, sin desplazar el conflicto a una disputa entre administraciones.
La información difundida no incluye los documentos que permitirían examinar las condiciones jurídicas de la cesión ni una respuesta íntegra del Gobierno municipal a estas acusaciones. Las posiciones de Arroyo y Jáudenes aparecen recogidas a través de la réplica socialista.
Torres mantiene que los requisitos técnicos deben explicarse y cumplirse, y acusa al Ejecutivo local de utilizarlos como argumento de confrontación con el Gobierno central. El PSOE reclama que el Ayuntamiento detalle el estado de la parcela, complete las actuaciones ambientales y ofrezca información sobre los pasos necesarios para que la Ciudad de la Justicia avance.
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