El dictamen señala omisión de fiscalización en pagos por 178.607 euros y falta de justificación en la entrega de suministros a la Universidad de Murcia
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha emitido el dictamen 339/2024, en el que advierte diversas irregularidades en la gestión de fondos destinados a la conservación de la nacra (Pinna nobilis) en el Mar Menor. El informe, solicitado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, evalúa la propuesta de reconocimiento de obligaciones económicas con omisión de fiscalización previa en un contrato de emergencia valorado en 178.607,75 euros.
Según el dictamen, «el pago que se propone estaba sujeto a una fiscalización previa de la recepción de los suministros, trámite que se omitió». Además, se señala que estos fueron entregados a la Universidad de Murcia «sin que conste en el expediente el título jurídico en virtud del cual se hizo tal entrega».
Falta de fiscalización y retrasos administrativos
El Consejo Jurídico considera que la omisión de fiscalización se debe a la falta de comunicación a la Intervención General, lo que impidió la comprobación material de la inversión. Asimismo, destaca la demora desproporcionada en la tramitación del expediente, indicando que «la demora desproporcionada en tramitar el procedimiento no parece tener justificación alguna y se une a las ya acumuladas en la expedición y aprobación de la certificación».
Pese a estas irregularidades, el dictamen concluye que «la sola omisión del trámite de fiscalización previa no puede equipararse a una falta total y absoluta de procedimiento que determine la nulidad del acto». No obstante, recomienda que el Consejo de Gobierno autorice el reconocimiento de la obligación de pago, pero insta a completar el expediente con el documento que acredite el marco legal bajo el cual se realizó la entrega de suministros a la Universidad de Murcia.
Irregularidades en la gestión del contrato de emergencia
El dictamen también apunta que «en el expediente remitido, no queda debidamente justificado que la duración de la emergencia, así como el alcance de las prestaciones, fueran lo estrictamente limitado para la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido». Además, subraya que el contrato no detalla «la forma en que se va a realizar el pago de las prestaciones, número y periodicidad de las certificaciones, en caso de que se prevean pagos parciales».
Conclusiones y medidas a tomar
El Consejo Jurídico subraya que «procede elevar a Consejo de Gobierno la propuesta objeto de este Dictamen» y que «ha de regularizarse tal situación completando el expediente con el título jurídico en virtud del cual los suministros han sido entregados a la Universidad de Murcia».
Este dictamen pone en evidencia la necesidad de un mayor control en la gestión de los fondos destinados a la conservación del Mar Menor y abre la puerta a una revisión de los procedimientos administrativos dentro de la Consejería de Medio Ambiente. Se espera que las autoridades competentes tomen en cuenta estas recomendaciones para evitar futuros problemas en la gestión de recursos públicos destinados a la protección del medio ambiente.
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