El PSOE denuncia derivaciones ilegales del SMS a la sanidad privada por valor de 23 millones de euros

El PSOE denuncia derivaciones ilegales del SMS a la sanidad privada por valor de 23 millones de euros

Marisol Sánchez alerta de prácticas irregulares y acusa al Gobierno de López Miras de privatizar encubiertamente la sanidad pública regional

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La diputada socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, ha denunciado que las comparecencias en la Comisión de Investigación sobre las derivaciones del Servicio Murciano de Salud (SMS) a centros privados han confirmado prácticas al margen de la ley por parte del Gobierno regional. Sánchez ha alertado de que estas derivaciones podrían superar los 23 millones de euros en contratos y conciertos irregulares, según refleja un reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del hospital Virgen de la Arrixaca.

Sánchez ha acusado al Ejecutivo regional del PP de promover la privatización encubierta del sistema sanitario público mediante derivaciones ilegales y opacas, que han sido puestas en evidencia durante la Comisión de Investigación.

Nueva normativa para eludir controles

Cinco días antes del inicio de la Comisión de Investigación, el Servicio Murciano de Salud (SMS) aprobó una nueva normativa que permitiría contrataciones excepcionales con el sector privado sin licitación pública durante un periodo máximo de 12 meses. Según la diputada socialista, esta medida facilita aún más las derivaciones arbitrarias y pone en riesgo la transparencia en la gestión sanitaria pública.

Además, Sánchez ha recordado que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a realizar licitaciones transparentes para estos servicios, y que las comparecencias realizadas en la Comisión no han aportado ninguna prueba de que el SMS esté actuando conforme a la normativa.

Infraestructuras públicas infrautilizadas para favorecer la sanidad privada

Durante su intervención, Sánchez ha subrayado que existen infraestructuras sanitarias públicas claramente infrautilizadas. Como ejemplo, mencionó la sala de telemando del hospital Santa Lucía, que solo se utiliza los miércoles, derivando a pacientes a centros concertados mientras permanece cerrada el resto de días.

También se ha referido al caso del hospital Virgen de la Arrixaca, donde, según el Tribunal de Cuentas, se detectaron derivaciones ilegales que superan los 23 millones de euros, confirmando que la práctica se ha extendido a otros centros de la Región, afectando gravemente a la calidad asistencial pública.

Listas de espera disparadas y falta de recursos

Sánchez ha denunciado que, mientras el Servicio Murciano de Salud (SMS) deriva millones de euros a la sanidad privada, las listas de espera en la Región de Murcia siguen creciendo sin control, afectando a intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y citas con especialistas. Ha advertido que la precarización de la sanidad pública se agudiza al mismo tiempo que se fortalecen los vínculos con empresas privadas.

La diputada socialista también ha lamentado que el Gobierno regional continúe sin ofrecer soluciones reales a los problemas sanitarios, en especial en un contexto en el que la saturación de los centros de salud y hospitales públicos es cada vez más evidente para pacientes y profesionales sanitarios.

Privatización encubierta y falta de transparencia

Desde el PSOE denuncian que estas prácticas no son aisladas, sino que forman parte de una estrategia sistemática del Partido Popular para desmantelar el sistema público de salud. Sánchez ha calificado esta gestión sanitaria como «opaca y nefasta», asegurando que supone un grave peligro para la ciudadanía de la Región.

La diputada ha exigido explicaciones inmediatas al Gobierno regional y una auditoría rigurosa que aclare todas las derivaciones irregulares detectadas, además de solicitar medidas urgentes para fortalecer la sanidad pública y garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios esenciales.

El PSOE ha reiterado su compromiso para proteger la sanidad pública y garantizar que la gestión de los recursos sanitarios se lleve a cabo con la máxima transparencia, evitando cualquier intento de privatización encubierta por parte del Gobierno de López Miras.

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