El Gobierno regional cede en la normativa medioambiental en plena negociación para aprobar los presupuestos
El Partido Popular de la Región de Murcia ha aprobado una Declaración Ambiental Estratégica (DAE) que introduce modificaciones en la regulación medioambiental que afectan a la protección del Mar Menor. La nueva normativa reduce las medidas de control sobre la contaminación agrícola y ganadera en la cuenca de la laguna, flexibiliza los requisitos de trazabilidad en el uso de fertilizantes y disminuye las restricciones territoriales para la actividad agroindustrial. La DAE fue publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el sábado 15 de marzo, formalizando estos cambios normativos.
Las modificaciones introducidas en la DAE han generado preocupación entre científicos y organizaciones ecologistas, que advierten del impacto que estas medidas pueden tener en la salud del ecosistema. El Mar Menor ha sufrido un deterioro progresivo debido a décadas de vertidos de nitratos y fosfatos provenientes de la agricultura intensiva, lo que ha provocado episodios de anoxia y mortandad masiva de fauna marina. A pesar de la evidencia científica sobre la necesidad de reforzar la protección ambiental, la DAE opta por una regulación más laxa en varios aspectos clave, en consonancia con las propuestas de VOX para desregular la normativa del Mar Menor.
Menos control sobre la contaminación agrícola
Uno de los cambios más significativos es la exención del cuaderno de explotación para los pequeños agricultores, un registro que permitía controlar la cantidad de fertilizantes utilizados en cada finca. La Ley 3/2020 del Mar Menor imponía este requisito a todas las explotaciones del Campo de Cartagena, pero la nueva normativa deja fuera a numerosos pequeños productores, dificultando la trazabilidad de los nitratos que llegan al acuífero. Esta medida sigue la línea de la propuesta de reforma de VOX, que exigía la eliminación de «burocracia innecesaria» para los agricultores.
Tampoco se ha reducido el límite de 170 kg de nitrógeno por hectárea, pese a las recomendaciones científicas que instaban a endurecer esta restricción en las zonas más vulnerables. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) había solicitado una reducción de estos valores en áreas especialmente sensibles, pero la DAE mantiene los niveles actuales, alineándose con la propuesta de VOX de evitar cualquier reducción que «perjudique la competitividad agrícola».
Además, la eliminación de la obligatoriedad del cuaderno de explotación para pequeños agricultores también supone una dificultad adicional en la aplicación de sanciones, ya que las inspecciones tendrán menos herramientas para comprobar si se están superando los límites legales de fertilización.
Distancias de seguridad reducidas y vía libre para la ganadería intensiva
Otra de las modificaciones clave afecta a las distancias de seguridad entre explotaciones agrícolas y cauces de agua. Mientras que la Ley del Mar Menor imponía distancias variables en función de la pendiente del terreno y el riesgo de escorrentía, la nueva DAE fija una franja única de 5 metros sin fertilizar, independientemente de la inclinación del suelo. Esto supone una reducción de protección en zonas con alto riesgo de contaminación, donde anteriormente se exigían hasta 15 metros de distancia. Esta reducción es coherente con la propuesta de VOX, que planteaba relajar las restricciones sobre distancias de protección para facilitar la actividad agraria.
Este cambio es especialmente preocupante en las zonas de mayor pendiente, donde las lluvias pueden arrastrar con mayor facilidad los fertilizantes hasta los cauces que desembocan en el Mar Menor. Expertos en hidrología han advertido que reducir la distancia de seguridad en estos casos puede acelerar el transporte de contaminantes y agravar los episodios de eutrofización.
La normativa tampoco introduce nuevas limitaciones a la ganadería intensiva, un sector que había quedado bajo la lupa de la Ley 3/2020. La DAE no establece restricciones adicionales a la instalación de nuevas macrogranjas ni impone nuevos controles sobre las existentes, lo que permite la continuidad y posible expansión de estas explotaciones sin mayores restricciones. Esto contrasta con la tendencia en otras regiones de España, donde se han aprobado moratorias para evitar la proliferación de granjas intensivas en zonas vulnerables. VOX, en su reforma, abogaba por la eliminación de restricciones a la ganadería intensiva, argumentando que «las macrogranjas no contaminan más que cualquier otra explotación».
Modificación de criterios ambientales sin nuevas medidas de mitigación
El nuevo marco regulatorio tampoco refuerza las estrategias de mitigación de la contaminación en la cuenca del Mar Menor. A pesar de que la Ley 3/2020 promovía la creación y mantenimiento de humedales artificiales como filtros naturales de nitratos, la DAE no incluye planes específicos para la restauración o ampliación de estos ecosistemas, limitándose a una estrategia de reducción de contaminación sin soluciones adicionales para retener los nutrientes antes de que alcancen el acuífero. Esto encaja con la reforma propuesta por VOX, que planteaba eliminar la referencia a los humedales artificiales como una medida obligatoria de mitigación.
Los humedales artificiales han demostrado ser una herramienta eficaz para la reducción de la carga de nitratos en el agua, ya que permiten la desnitrificación natural antes de que los contaminantes lleguen a masas de agua sensibles. En otras regiones de Europa, estos sistemas han sido implementados con éxito, pero en la nueva regulación murciana se ha optado por no reforzar su papel.
Además, la DAE no introduce mecanismos adicionales de inspección ni endurece el régimen sancionador para quienes incumplan la normativa. En un contexto donde la falta de aplicación de la legislación ambiental ha sido un problema recurrente en la Región de Murcia, la ausencia de medidas más estrictas genera dudas sobre la efectividad real de la nueva regulación para frenar la degradación del Mar Menor. La propuesta de VOX también planteaba una reducción del régimen sancionador, defendiendo que «las multas ambientales son desproporcionadas y criminalizan al sector primario».
Un paso atrás en la protección del Mar Menor
La DAE aprobada por el Gobierno regional supone una reducción de la protección ambiental en varios aspectos fundamentales. La flexibilización en el control de fertilizantes, la reducción de distancias de seguridad y la ausencia de medidas complementarias de mitigación apuntan a una menor capacidad de control sobre la actividad agrícola y ganadera en la zona.
A pesar de los reiterados avisos de la comunidad científica sobre la necesidad de endurecer la regulación para evitar nuevos episodios de contaminación en el Mar Menor, la normativa aprobada apuesta por una mayor permisividad, en línea con las demandas de los sectores agrícolas y ganaderos. La consecuencia de estas decisiones será clave en los próximos años, cuando se evalúe si las medidas adoptadas han sido suficientes para revertir la crisis ecológica de la laguna o si, por el contrario, han facilitado un nuevo deterioro del ecosistema.
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