El relator de la ONU denuncia en el Congreso Ibérico de Gestión del Agua la opacidad de los acuerdos con grandes tecnológicas
“Estoy alarmado por la emergencia de los centros de datos: hay una opacidad inaceptable sobre lo que suponen en materia de agua y energía”. Así de contundente se mostró Pedro Arrojo, relator especial de Naciones Unidas para el derecho humano al agua potable y al saneamiento, durante su intervención en el XIII Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, que se celebra en Salamanca del 24 al 26 de abril. El experto internacional advirtió de los riesgos de una planificación hídrica subordinada a los intereses corporativos y denunció la falta de datos públicos sobre el verdadero impacto de estas infraestructuras.
Centros de datos y sequía: un escenario de riesgos sin transparencia
Según Arrojo, la llegada masiva de centros de datos a territorios como Aragón, promovida por incentivos públicos, se está produciendo sin un debate abierto ni mecanismos de control democrático sobre sus consumos. “Nos enfrentamos a una situación impuesta por las grandes corporaciones y aceptada por la mayoría de los gobiernos”, aseguró el relator, que puso como ejemplo el caso de Irlanda, país que subsidió la instalación de estos centros tecnológicos hasta tal punto que, en 2025, la demanda eléctrica estimada de los mismos superará el 30% del consumo doméstico nacional, lo que ha llevado a su Gobierno a prohibir nuevas instalaciones.
Arrojo se preguntó qué ocurrirá en un escenario de sequía severa, cuando el uso del agua entre hogares y corporaciones entre en conflicto: “Los acuerdos firmados con estas empresas no son públicos, y eso genera una gobernanza opaca e inaceptable”.
Para el relator de la ONU, esta dinámica refleja una priorización económica por encima del derecho humano al agua, en un contexto donde el desarrollo tecnológico “puede volverse contra la sostenibilidad si no se regula con principios éticos y sociales claros”. Y fue aún más claro: “Podemos matar eficientemente al planeta, y también podemos acabar con los derechos humanos siendo eficientes”.
Una transición hídrica pendiente en el sur de Europa
La intervención de Arrojo abrió la primera sesión plenaria del Congreso, que este año lleva por lema “Desde la escasez hacia la reasignación social y ambiental del agua”. En ella, expertos de varios países coincidieron en señalar que la adaptación al cambio climático exige repensar de raíz los modelos de distribución y consumo del agua, alejándolos de una lógica puramente mercantil.
Dionisio Pérez Blanco, de IMDEA-Agua, abogó por un enfoque resiliente en las políticas públicas hídricas, en lugar de actuar de forma reactiva ante las crisis: “Necesitamos prepararnos para gestionar la escasez estructural que ya es una realidad en España y Portugal”.
También intervino Joan Corominas, presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), quien criticó la desigualdad en el acceso al recurso hídrico. “Un 20% de los agricultores consumen el 80% del agua”, señaló. “Esto hay que corregirlo con una redistribución justa”. Corominas recordó que fenómenos como la última DANA en el Mediterráneo, o la guerra en Gaza, donde el agua se usa como arma, deben obligarnos a repensar nuestras estrategias: “Estamos gestionando muy mal el espacio fluvial”.
Por su parte, Javier Sierra, copresidente del comité organizador y profesor de la Universidad de Salamanca, defendió el valor del conocimiento científico en un contexto de desinformación creciente: “En tiempos donde se cuestiona la ciencia, debemos reivindicar el papel de las universidades y la sociedad civil como generadoras de soluciones reales”.
Los retos del derecho al agua en Europa
En la mesa participaron también representantes de redes europeas que trabajan por la gestión pública y democrática del agua. Aura Vidal Carrasco, de Enginyeria Sense Fronteres, recordó que en Europa todavía hay 16 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable, y pidió evitar la privatización del recurso hídrico. Desde Aqua Publica Europea, Milo Fiasconaro remarcó la necesidad de articular políticas públicas eficaces en todos los niveles.
El congreso, que cumple 27 años desde su primera edición en Zaragoza, ha reunido en Salamanca a más de 150 expertos de 15 países, con una clara vocación por combinar investigación académica, compromiso social y gobernanza democrática del agua.
Las sesiones continuarán hasta el viernes, y concluirán con una mesa científica de alto nivel. Además, el sábado se han programado visitas de campo a espacios naturales y patrimoniales de la provincia de Salamanca, como parte de una apuesta por vincular reflexión académica y conocimiento del territorio.
Con una mirada crítica, el congreso insiste en una idea fundamental: la transición hídrica no puede reducirse a una cuestión técnica o de infraestructuras. Es, ante todo, una cuestión de derechos, justicia social y sostenibilidad a largo plazo. En palabras de Pedro Arrojo: “No se puede confiar ciegamente en la tecnología. Hay que gobernar el agua con principios democráticos y al servicio de las personas, no de los balances empresariales”.
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