El juzgado no aprecia delito y desmonta la denuncia del alcalde Pedro J. Noguera: “No hubo amenazas, solo discrepancia ciudadana”
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Molina de Segura ha dictado sentencia absolutoria para dos vecinos de Las Torres de Cotillas, activistas de la plataforma Stop Biogás, que fueron denunciados por el alcalde del municipio, Pedro José Noguera Asensio, por presuntas amenazas durante los actos públicos del Día de la Hispanidad celebrados en octubre de 2024. El regidor, que se personó como acusación particular y ejerció su propia defensa, pedía para ellos siete años y medio de prisión, 12.000 euros de indemnización por daños morales y una orden de alejamiento de 500 metros.
Sin embargo, la magistrada encargada del caso ha fallado con rotundidad: no existen pruebas objetivas que permitan enervar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados, y ha declarado que el juicio “ha puesto de manifiesto una tensa situación social, no un delito”.
El fallo judicial desmonta la acusación: no hubo amenazas
Según la sentencia, los hechos denunciados se produjeron los días 11 y 12 de octubre de 2024 durante actos públicos organizados en el municipio. En ellos, la plataforma Stop Biogás, de la que los acusados son coordinadores, se manifestó de forma crítica contra la instalación de una macroplanta de biogás que consideran perjudicial para la salud, el medio ambiente y la calidad de vida del pueblo.
El alcalde denunció haber sido objeto de amenazas, pero tal como se recoge en la sentencia: “no existen razones para otorgar mayor credibilidad a la versión del denunciante”. Además, dos agentes de Policía Local y Guardia Civil presentes durante los hechos declararon en sede judicial que no escucharon amenaza alguna.
La jueza concluye que lo ocurrido se enmarca en un conflicto social legítimo, no en un acto delictivo. “Protestar no es un delito. Es un derecho constitucional”, afirmó uno de los absueltos tras conocerse la resolución, visiblemente emocionado.
Un intento de criminalizar la protesta ciudadana
Desde la plataforma Stop Biogás se ha valorado la sentencia como un triunfo no solo jurídico, sino también social y democrático. “Querían hacer de nosotros un escarmiento. Querían callarnos. Pero hoy la justicia ha corroborado que protestar no es un delito, es un derecho”, han manifestado.
A su juicio, la denuncia del alcalde respondía a una estrategia de intimidación contra quienes se atreven a levantar la voz contra proyectos impuestos sin consenso vecinal. “Esto no va solo de biogás. Va de democracia. De impedir que se use el poder político para silenciar al pueblo”, han recalcado desde la plataforma.
El caso ha generado una notable inquietud en el municipio. La petición inicial del regidor —con penas que sumaban más de siete años de prisión por un supuesto delito leve de amenazas— fue calificada de “desproporcionada y autoritaria” por numerosos vecinos, que ven en esta sentencia un alivio y un espaldarazo a la legitimidad de la movilización vecinal.
El alcalde se representó a sí mismo en un juicio sin precedentes
Uno de los aspectos más llamativos del proceso ha sido la decisión del propio Pedro José Noguera Asensio de ejercer personalmente su defensa y representación como acusación particular, sin presencia del Ministerio Fiscal. Una estrategia poco habitual que ha suscitado numerosas críticas. “Ha actuado como juez y parte, queriendo utilizar los tribunales como altavoz político para desacreditar a quienes piensan diferente”, ha denunciado uno de los activistas absueltos.
El fallo judicial, además de la absolución, declara de oficio las costas procesales y abre la posibilidad de que los absueltos reclamen daños morales por la situación sufrida durante meses.
Un precedente judicial con implicaciones políticas
La sentencia se ha convertido ya en un símbolo para los movimientos vecinales de Las Torres de Cotillas. La plataforma Stop Biogás ha anunciado que seguirá movilizándose de forma pacífica y legal contra la instalación de la planta, y exige al alcalde que pida disculpas públicas y se abstenga de judicializar la protesta ciudadana.
Por su parte, distintas voces en el municipio han comenzado a pedir explicaciones políticas al equipo de gobierno municipal. “No puede normalizarse que se usen los tribunales para amedrentar al pueblo”, sostienen.
Con esta sentencia, el juzgado devuelve a los vecinos el derecho a disentir sin miedo, y lanza un mensaje claro: la discrepancia no se reprime con querellas, se gestiona con diálogo y respeto democrático. Una lección que, según los vecinos, el alcalde todavía tiene pendiente de aprender.
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