Denuncian que la promotora del proyecto sustituyó las distancias reales por viarias para evitar un estudio obligatorio de riesgos, afectando a industrias peligrosas cercanas
La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Polvorista ha solicitado este viernes la paralización inmediata de las obras de la planta de biogás que promueve la empresa HEYGAZ SPAIN S.L. (Efedós), tras revelarse que el expediente administrativo incluye distancias falseadas a instalaciones industriales peligrosas. Los empresarios también han interpuesto un recurso contra la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Molina de Segura y exigen una investigación independiente sobre las responsabilidades técnicas y políticas en la tramitación del proyecto.
Según la información publicada por la periodista Rosa Roda en el medio RRNEWS, la promotora habría sustituido en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) las distancias reales en línea recta por distancias viarias, con el objetivo de evitar el preceptivo estudio del “efecto dominó” que la normativa exige cuando se construyen instalaciones potencialmente peligrosas a menos de un kilómetro de otras industrias de riesgo.
En el entorno inmediato de la planta se encuentran una gasolinera a solo 500 metros y las empresas Probelte Factories S.A.U. y Francisco Aragón S.L., situadas a 766 y 800 metros respectivamente, ambas dedicadas a la fabricación y manipulación de productos peligrosos. En opinión de la Asociación, esta alteración de datos representa una “maniobra de ocultación” que pone en riesgo la seguridad del polígono industrial y de su entorno.
Señalan omisiones en los informes preceptivos de Salud Pública y Seguridad
Los empresarios han mostrado su “más firme rechazo y preocupación” por el hecho de que ni la Dirección General de Salud Pública y Adicciones ni la Dirección General de Seguridad y Emergencias hayan emitido el informe obligatorio sobre riesgos industriales, pese a la presencia acreditada de instalaciones sensibles en las proximidades.
A pesar de ello, la Dirección General de Medio Ambiente, dirigida por Juan Antonio Mata Tamboleo, emitió la Declaración de Impacto Ambiental favorable, sin advertir —o sin querer revisar— lo que la asociación considera como “omisiones e informaciones incorrectas” en el expediente.
“El riesgo de accidente no circula por rotondas ni respeta señales de tráfico”, advierten los empresarios en alusión al uso de distancias viarias como criterio de medida del peligro, subrayando que los efectos de un incendio, una fuga tóxica o una explosión no se atenúan por seguir el trazado de una carretera.
Más de 6.000 trabajadores y cientos de escolares expuestos
La asociación ha recordado que en el polígono de La Polvorista trabajan a diario más de 6.000 personas, distribuidas entre más de 300 empresas, y ha advertido que la ubicación de la planta también afecta a tres centros educativos cercanos y a miles de familias residentes en urbanizaciones situadas a menos de dos kilómetros del proyecto.
“El tejido económico de Molina de Segura no puede quedar expuesto a un riesgo industrial de esta magnitud por un proyecto basado en datos erróneos y validados por la inacción e incompetencia de las autoridades”, afirman en el comunicado, en el que también se exige la revisión completa del expediente administrativo y la depuración de responsabilidades.
Reclamación de paralización y revisión del expediente
Además del recurso ya presentado contra la licencia urbanística, los empresarios piden:
- La paralización inmediata de las obras actualmente en marcha.
- La revisión completa del expediente administrativo de la planta de biogás.
- La apertura de una investigación independiente que esclarezca si ha existido negligencia o responsabilidad técnica y política en la tramitación del proyecto.
- La aplicación de la legislación en materia de seguridad industrial, ambiental y urbanística con todos sus efectos.
Desde la Asociación insisten en que la seguridad, la legalidad y el respeto al entorno empresarial deben prevalecer sobre cualquier interés particular o económico, y se reservan el derecho a emprender nuevas acciones legales o de movilización si no se atienden sus demandas.
El caso, que ha generado un creciente malestar entre empresarios y vecinos del entorno, se suma al debate social y político sobre el modelo de implantación de plantas de biogás en la Región de Murcia y la necesidad de reforzar los mecanismos de control administrativo ante proyectos que puedan implicar riesgos para la salud pública y la actividad económica local.
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