
El sindicato reclama un plan de choque para crear 6.400 nuevas plazas públicas y acabar con las listas de espera de hasta dos años

La Federación de Pensionistas de CCOO en la Región de Murcia ha lanzado una seria advertencia al Gobierno regional al denunciar que Murcia tiene la ratio más baja de plazas de residencia para personas mayores de todo el Estado. Según los datos manejados por el sindicato, la región cuenta con solo 2,5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, muy por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 4,4%, y aún más lejos del 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ante esta situación, CCOO reclama la creación urgente de al menos 6.400 nuevas plazas públicas y la puesta en marcha de un plan plurianual de construcción de 11 nuevas residencias, distribuidas de forma equitativa por toda la Región de Murcia, para hacer frente a un déficit estructural que afecta directamente a la calidad de vida de las personas mayores y sus familias.
Más de 1.500 mayores en lista de espera y un sistema que no da abasto
Actualmente, según los cálculos del sindicato, más de 1.500 personas mayores se encuentran en lista de espera para acceder a una residencia pública. Los tiempos de espera oscilan entre uno y dos años, y en muchos casos, según denuncia CCOO, cuando finalmente se concede la plaza “ya no hace falta”, bien por fallecimiento del solicitante o porque la familia ha tenido que recurrir a otras alternativas de urgencia.
“Esto está generando ansiedad, malestar y sensación de abandono tanto en las personas mayores como en sus familias, que no saben cómo gestionar una etapa vital para la que no encuentran recursos suficientes”, subraya Pepe Cánovas, responsable de Política Social y Pensiones de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO.
Un sistema privatizado y económicamente inaccesible
CCOO señala también que el sistema de atención residencial en la Región está profundamente privatizado: de las 6.300 plazas existentes, el 77% pertenecen a centros privados, y apenas 800 plazas privadas cuentan con algún tipo de prestación pública o subvención.
Esto se traduce en una barrera económica insalvable para buena parte de la población mayor. El sindicato calcula que el coste medio de una residencia privada oscila entre los 2.000 y los 2.500 euros mensuales, mientras que la pensión media en la Región de Murcia se sitúa en 1.162 euros al mes. “Esto deja fuera del sistema a miles de personas que no pueden asumir ese gasto y que tampoco encuentran respuesta en la red pública”, apunta CCOO.
Una red pública insuficiente y sin condiciones mínimas reguladas
En la actualidad, la Región de Murcia dispone de 63 residencias para mayores, pero solo una mínima parte son de titularidad pública. CCOO advierte que la situación de infrafinanciación y falta de personal en estas residencias también repercute en la salud y las condiciones laborales de las trabajadoras, y que muchas de ellas están desbordadas, sin medios suficientes y con plantillas agotadas.
Por ello, el sindicato reclama que se apruebe de inmediato el decreto regional que regule las condiciones mínimas de las residencias, incluyendo parámetros objetivos sobre:
- Número de profesionales por residente (con separación entre personal administrativo y asistencial).
- Espacios mínimos por persona usuaria.
- Servicios de atención integral y especializada.
- Información pública sobre precios y plazas concertadas.
CCOO pide una Mesa de Diálogo Social sobre dependencia
Ante la gravedad de los datos, CCOO exige la creación de una Mesa de Diálogo Social específica para abordar las necesidades del sistema de atención a la dependencia en la Región de Murcia. El sindicato considera imprescindible que se articule un espacio de trabajo conjunto entre administraciones, agentes sociales y expertos en políticas sociales que permita planificar a medio y largo plazo una red pública de atención residencial digna, accesible y suficiente.
Además, CCOO propone explorar nuevos modelos alternativos, como la creación de una red pública de viviendas compartidas con atención profesionalizada, especialmente dirigida a personas mayores con grados leves de dependencia, que desean mantener su autonomía sin renunciar a un entorno seguro.
Una responsabilidad institucional ineludible
“El Gobierno regional no puede seguir mirando hacia otro lado. Es su responsabilidad dotar de recursos y soluciones a una parte cada vez más amplia de la población que necesita apoyo en el tramo final de su vida”, concluye Cánovas.
Desde CCOO recuerdan que la población mayor de 65 años ya representa el 16,35% del total regional (más de 259.000 personas) y que esta cifra seguirá creciendo en los próximos años. “Si no se actúa ya, el sistema colapsará, y serán las familias —otra vez— quienes carguen con el abandono institucional”, advierten.
La organización sindical insiste en que los datos del propio IMSERSO confirman la urgencia del problema, y que no basta con ampliar conciertos privados, sino que es necesario apostar decididamente por una red pública que garantice el acceso universal a este derecho básico.
Con esta denuncia, CCOO pretende situar en la agenda política regional una cuestión que, afirman, afecta al bienestar presente y futuro de toda la ciudadanía, especialmente de quienes más necesitan cuidados dignos y accesibles.
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