Alfonso Martínez denuncia un perjuicio económico de 258 millones y reclama responsabilidades políticas ante la Comisión de Investigación
El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños ha denunciado que la Comunidad Autónoma ha pagado 401 millones de euros por el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, cuando una sentencia judicial fija su valor real en tan solo 143 millones, lo que supone un sobrecoste de 258 millones de euros que, según el PSOE, constituyen un grave perjuicio económico para las arcas públicas.
Martínez Baños ha realizado estas declaraciones tras la comparecencia del funcionario Miguel Nebreda —instructor del expediente de liquidación— en la Comisión de Investigación sobre la fallida concesión del aeropuerto. “Estamos hablando de uno de los mayores escándalos económicos en la historia reciente de la Región. Exigimos saber qué ha pasado con esos 258 millones de euros de diferencia”, ha afirmado.
El parlamentario ha recordado que la Comunidad reclama a la empresa concesionaria hasta 400,9 millones de euros en gastos directos e indirectos, que incluyen el aval de 182,6 millones, una indemnización por daños y perjuicios de 212,3 millones y otros 6 millones correspondientes a costas judiciales. “Esas son las cifras oficiales que ha admitido la propia CARM. La pregunta ahora es: ¿dónde está el dinero?”, ha subrayado.
Doce años de negligencia y dilaciones por parte del Gobierno del PP
El diputado socialista ha centrado parte de su intervención en criticar lo que considera una cadena de negligencias del Gobierno regional del Partido Popular en la gestión de la concesión. Según explicó, desde que se rescindió el contrato hasta que se aprobó la primera liquidación pasaron seis años, y fue anulada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia al considerarla caducada. La segunda liquidación se ha producido doce años después de la rescisión, una demora que, en opinión del PSOE, “no tiene justificación y solo puede explicarse por la inacción del Ejecutivo autonómico”.
Además, Martínez Baños reveló que durante la comparecencia se conoció que la empresa concesionaria no entregó mensualmente las certificaciones de obra, un requisito obligatorio en todo contrato público. “Y lo más grave es que el Gobierno regional lo permitió, lo que constituye una falta de control institucional absolutamente inaceptable”, denunció.
“La empresa hizo bien su trabajo dilatando los plazos, pero el Gobierno regional no hizo el suyo, y eso ha permitido una pérdida millonaria que ahora pagamos todos los ciudadanos de la Región de Murcia”, añadió.
Corvera y Escombreras: los dos grandes ‘pufos’ del PP
Martínez Baños no dudó en comparar este caso con el de la Desaladora de Escombreras, calificando ambos como “los mayores pufos que han llevado a cabo los gobiernos del Partido Popular en esta Región”. A su juicio, tanto el aeropuerto como la desaladora explican una parte sustancial de la deuda estructural que arrastra la Comunidad Autónoma y son el resultado de una gestión caracterizada por la opacidad, el despilfarro y el desprecio por el dinero público.
“Estos casos no son errores puntuales, son consecuencias de una forma de gobernar que ha puesto los intereses partidistas por delante del interés general”, insistió el diputado, quien exigió al Gobierno de López Miras que deje de mirar hacia otro lado y asuma las responsabilidades políticas correspondientes.
El PSOE pide la comparecencia de los expresidentes y exconsejeros implicados
Ante la gravedad de los hechos, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia de todos los responsables políticos vinculados a la concesión y liquidación del aeropuerto de Corvera, incluidos todos los consejeros de Fomento y expresidentes del Gobierno regional desde el inicio del proceso, así como del administrador concursal.
“No vamos a permitir que este escándalo quede sin esclarecer. Alguien tiene que responder por estos 258 millones que se han esfumado sin que nadie haya dado una sola explicación creíble”, concluyó Alfonso Martínez.
Con esta comparecencia, el PSOE intensifica su presión para que el caso Corvera vuelva al centro del debate público regional, no como una infraestructura terminada, sino como un símbolo de los excesos, la mala gestión y la falta de control que ha marcado las grandes operaciones del PP en la Región de Murcia.
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