La asociación plantea que los deslindes se integren en la ordenación territorial autonómica para dotarlos de rigor técnico, transparencia y justicia urbanística
La Asociación PROCABO ha remitido una propuesta formal al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con el objetivo de repensar los mecanismos de gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), especialmente en zonas del litoral murciano como Los Nietos o la Playa de Levante en Cabo de Palos, donde los procedimientos de deslinde han generado conflictos urbanísticos, jurídicos y sociales en los últimos años.
La propuesta no pone en cuestión el carácter público del litoral ni el principio constitucional de defensa del medio costero, sino que defiende una mayor eficacia y justicia en la aplicación de la Ley de Costas, especialmente en su parte operativa. Según PROCABO, la actual normativa —en vigor desde 1988— se ha quedado “desfasada” y permite que se tomen decisiones de alto impacto sobre edificaciones legales sin suficiente justificación técnica ni compensación económica, lo que genera inseguridad jurídica e incertidumbre para propietarios, vecinos y ayuntamientos.
Críticas al uso arbitrario de criterios técnicos sin base clara
Uno de los aspectos más cuestionados por PROCABO es la falta de definición de los criterios técnicos que se utilizan para declarar una zona como parte del DPMT. Por ejemplo, se menciona que la administración estatal ha recurrido en algunos deslindes a fórmulas como “el alcance de la ola en los últimos cinco años” sin detallar cómo debe medirse ese alcance ni con qué datos o metodología. Esta ambigüedad técnica, alerta la asociación, ha derivado en situaciones donde edificaciones consolidadas, con licencia y derechos adquiridos, han sido objeto de expropiación o desafección sin mecanismos claros de compensación.
PROCABO advierte de que estos procedimientos, además de afectar a la seguridad jurídica, minan la confianza ciudadana en la protección del litoral, ya que se perciben como intervenciones unilaterales, poco justificadas y sin diálogo institucional.
Una alternativa: integrar los deslindes en la ordenación territorial regional
La propuesta de la asociación no se limita a la crítica, sino que presenta una alternativa viable basada en la legislación autonómica ya existente. En concreto, se plantea que los procedimientos relacionados con el DPMT —como los deslindes o la delimitación de servidumbres— se coordinen con los instrumentos de planificación urbanística y territorial de las comunidades autónomas.
En el caso de la Región de Murcia, eso implicaría usar herramientas como la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística (LOTURM), los planes generales municipales de ordenación (PGMO) y las Directrices de Ordenación del Litoral, que ya contemplan mecanismos para delimitar usos del suelo, proteger espacios sensibles y garantizar procesos participativos. Estas herramientas, además, cuentan con evaluación ambiental estratégica, consultas públicas y mayor transparencia que los procedimientos actuales de Costas.
La idea, explican desde PROCABO, es que las actuaciones sobre el litoral se inserten dentro del marco global de ordenación del territorio, como ocurre con cualquier infraestructura o sistema general, permitiendo que se adopten decisiones con base científica, participación ciudadana y reparto justo de cargas y beneficios.
Coordinación entre administraciones y trabajo conjunto
Uno de los ejes centrales del planteamiento remitido al MITECO es la necesidad de una coordinación real entre administraciones públicas. En palabras de la asociación, se trata de abrir “una vía institucional” en la que Demarcación de Costas, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos colaboren desde el inicio en los procedimientos que afectan al litoral.
Este enfoque permitiría no solo una gestión más eficiente y transparente, sino también una visión compartida del territorio, donde los intereses ambientales, sociales y urbanísticos puedan equilibrarse con mayor legitimidad y coherencia. En definitiva, se apuesta por una gobernanza costera más integrada y moderna, en la que no se sacrifiquen derechos individuales ni la planificación territorial en nombre de la defensa ambiental.
Defender el litoral sin poner en peligro la seguridad jurídica
La propuesta de PROCABO llega en un contexto en el que diversos colectivos vecinales y plataformas ciudadanas del litoral murciano han expresado su malestar por la forma en que se están aplicando los deslindes en zonas consolidadas. En muchos casos, se han planteado recursos administrativos y contenciosos por falta de información, arbitrariedad en los límites establecidos o ausencia de procesos de alegación justos.
Por ello, desde la asociación se insiste en que la protección del litoral es una obligación pública que debe ejercerse con responsabilidad, pero también con proporcionalidad, rigor técnico y respeto por los derechos adquiridos. Lo contrario —advierten— solo alimenta la conflictividad, judicializa el urbanismo costero y retrasa las verdaderas soluciones de adaptación y resiliencia frente al cambio climático.
“Proteger la costa no debe hacerse a costa de la seguridad jurídica, ni de los derechos adquiridos, ni mucho menos de la calidad técnica y el buen gobierno”, concluyen desde la organización, que se ha ofrecido a colaborar con el Ministerio, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos para construir un modelo de gestión del litoral más justo, más transparente y más eficaz.
Un modelo replicable más allá de la Región de Murcia
Aunque la propuesta parte de la experiencia acumulada en la Región de Murcia —especialmente en Cabo de Palos, Los Nietos y otros núcleos del Mar Menor—, la asociación considera que este enfoque podría extenderse a otros puntos del litoral español, donde también existen tensiones entre la aplicación de la Ley de Costas y las realidades urbanísticas consolidadas.
En ese sentido, PROCABO llama al MITECO a abrir un proceso de diálogo estructurado con todas las comunidades autónomas, que permita adaptar la gestión del DPMT a los desafíos actuales: cambio climático, presión urbanística, protección ambiental y, sobre todo, la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en el derecho urbanístico.
Una planificación del litoral más participativa, más técnica y mejor coordinada no solo mejoraría la protección ambiental, sino que también evitaría conflictos innecesarios, litigios costosos y pérdida de valor urbano. Y en ese camino, iniciativas como la planteada por PROCABO marcan una hoja de ruta sensata, legalmente viable y socialmente justa.
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