Adjudicaciones a dedo, contratos verbales y licitaciones presuntamente irregulares componen el mapa de la contratación más opaca en gobiernos locales del Partido Popular
Desde adjudicaciones sin procedimiento hasta pagos sin consignación presupuestaria, una decena de contratos firmados por ayuntamientos gobernados por el PP en la Región de Murcia han suscitado dudas fundadas sobre su legalidad, transparencia y justificación. Esta investigación reúne los casos más significativos de los últimos cinco años, todos ellos basados en información pública, dictámenes oficiales o actuaciones judiciales en curso.
1. Alhama de Murcia: contratos a la pareja de la jefa de gabinete
Entre 2023 y 2025, el gobierno local del PP encabezado por María Cánovas adjudicó directamente más de 50.000 euros a Ismael Martínez Cánovas, pareja de Virginia Martí, quien en ese momento era jefa de gabinete de la propia alcaldesa. Las adjudicaciones se realizaron en su mayoría mediante contratos menores para servicios de gestión de redes sociales institucionales, producción de vídeos turísticos y dinamización cultural.
Estos contratos, aunque aparentemente legales por importe individual, fueron presuntamente fraccionados para eludir la obligación de convocar un concurso público. Parte de las adjudicaciones fueron firmadas directamente por la jefa de gabinete, lo que implica un potencial conflicto de intereses. La relación entre los beneficiarios y miembros del equipo de gobierno ha sido denunciada por la oposición y el caso ha sido trasladado al Tribunal de Cuentas por presunta responsabilidad contable.
2. San Javier: contrato del agua de 247 millones y conflicto de intereses
El Ayuntamiento de San Javier, con el popular José Miguel Luengo como alcalde, adjudicó en 2023 el ciclo integral del agua —uno de los contratos más importantes del municipio— a Aqualia por un importe superior a los 247 millones de euros. La polémica surgió porque la empresa que elaboró los pliegos técnicos y valoró la oferta, Ingeagua, había trabajado previamente para la adjudicataria. La consultora recibió un contrato menor de 15.000 euros, adjudicado sin concurso ni publicidad, para redactar los criterios de puntuación subjetiva, que otorgaban hasta 49 puntos. La empresa adjudicada recibió la máxima puntuación en todos los criterios, lo que motivó la denuncia por parte de la oposición y la apertura de diligencias judiciales. Finalmente, el Tribunal Administrativo anuló el procedimiento, aunque el gobierno local recurrió esta decisión.
3. Totana: adjudicaciones millonarias a filiales de Veolia
En 2024, el Ayuntamiento de Totana, bajo el mandato del alcalde popular Francisco José Sánchez, adjudicó tres contratos a empresas del grupo Veolia (Aquatec y Aquambiente) por un total superior a 14 millones de euros para la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento. Las adjudicaciones fueron objeto de fuertes críticas por parte de la oposición, que denunció que no se eligieron las ofertas más económicas y que los criterios de selección favorecían presuntamente a las empresas ganadoras. También se apuntó a una posible manipulación de los expedientes, como prórrogas sospechosas, caducidad de procedimientos y reinicios administrativos estratégicos.
4. Cartagena: contratación fraccionada en La Mar de Músicas
Durante la organización del festival La Mar de Músicas de 2022, el Ayuntamiento de Cartagena —entonces gobernado por el PP— adjudicó más de 130.000 euros en seis contratos menores para servicios de sonido, iluminación y técnicos. Según la normativa, este importe debía haberse licitado mediante procedimiento abierto. La oposición denunció un presunto fraccionamiento deliberado del contrato para evitar la licitación y favorecer a empresas concretas. El caso fue llevado a los tribunales y se abrieron diligencias por posible prevaricación contra el concejal de Cultura, Carlos Piñana. La instrucción judicial sigue abierta.
5. Murcia capital: contratos con bajas temerarias
En 2025, el Ayuntamiento de Murcia adjudicó el mantenimiento de instalaciones deportivas municipales a la empresa Serveo Servicios por 174.000 euros, una cifra muy por debajo del resto de las ofertas presentadas. En concreto, la oferta ganadora era un 45% más económica que la media. Vox denunció una presunta baja temeraria. Aunque la adjudicación fue legal, no se han hecho públicos los informes técnicos que justifiquen la viabilidad económica del contrato.
6. Murcia capital: uso masivo de contratos menores en 2021
En 2021, durante el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos en Murcia capital, el vicealcalde Mario Gómez (Cs) firmó 700 contratos menores por un total de 3,3 millones de euros. El PP denunció públicamente la contradicción entre el discurso de transparencia del vicealcalde y la realidad de su gestión. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) abrió una investigación para esclarecer si se produjo fraccionamiento de contratos o favoritismo. Aunque el PP no firmó directamente los contratos, el gobierno era conjunto y el alcalde era José Ballesta (PP).
7. Caravaca: contrato verbal en el Museo de los Caballos del Vino
En 2024, el Ayuntamiento de Caravaca, gobernado por el popular José Francisco García, encargó obras por valor de 12.903 euros a Salazar Materiales SL sin expediente formalizado, lo que constituye una contratación presuntamente verbal. El Consejo Jurídico de la Región de Murcia dictaminó la nulidad de pleno derecho y recomendó investigar la posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.
8. Caravaca: jardín vertical sin contrato ni crédito
Ese mismo año, el Ayuntamiento impulsó la creación de un jardín vertical de 100.000 euros sin tramitar contrato ni tener consignación presupuestaria. El Consejo Jurídico volvió a declarar la nulidad del procedimiento y recomendó abrir expediente de depuración de responsabilidades. Aunque la obra fue ejecutada por Construcciones Torres Bernal 2015 SLU, no constaba ningún contrato firmado, lo que supone una actuación presuntamente fuera de la legalidad administrativa.
9. Las Torres de Cotillas: gastos festivos sin tramitación
En 2023 y 2024, el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, liderado por Pedro José Noguera (PP), aprobó más de 37.800 euros en contratos sin tramitación administrativa ni consignación presupuestaria adecuada. El Interventor municipal alertó de un posible fraccionamiento de contratos, y el Consejo Jurídico recomendó la nulidad de varios expedientes. El PSOE denunció públicamente que se han acumulado más de 350.000 euros en contratos sin justificar, lo que plantea dudas fundadas sobre la legalidad de las prácticas administrativas.
10. Cartagena: contratos de promoción turística en sospecha
Entre 2023 y 2024, el Ayuntamiento de Cartagena adjudicó varios contratos menores a empresas de comunicación presuntamente vinculadas al entorno político del gobierno municipal. Aunque no se ha probado ilegalidad, sí se ha denunciado falta de transparencia y reiteración de adjudicatarios. La oposición reclama auditorías técnicas para verificar si existió fraccionamiento o trato de favor.
Conclusiones
Estos casos ilustran un patrón de prácticas presuntamente cuestionables en la contratación pública local: abuso del contrato menor, adjudicaciones sin licitación y falta de transparencia. Aunque no todos los casos derivan en delito, comparten el rasgo común de opacidad. Reforzar la fiscalización municipal y garantizar el acceso público a los expedientes resulta esencial para recuperar la confianza en las instituciones.
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