A pesar de ser obligatorios por ley, los informes de fiscalización de la Intervención General siguen sin ver la luz pública en el Portal de la Transparencia
El Gobierno de la Región de Murcia sigue sin publicar los informes de auditoría realizados por la Intervención General sobre la gestión económico-financiera de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad Autónoma, a pesar de que la ley autonómica y la legislación estatal en materia de transparencia obligan expresamente a poner esta información a disposición de la ciudadanía mediante publicidad activa.
Los informes de fiscalización son documentos elaborados por la Intervención General que recogen, tras una auditoría exhaustiva, posibles incumplimientos normativos, deficiencias contables o prácticas irregulares en el uso de fondos públicos. Estos informes afectan a entidades como Región de Murcia Deportes SAU, el Instituto de Fomento (INFO), el Instituto de Turismo (ITREM), la Entidad de Saneamiento (ESAMUR) o el Consorcio de las Vías Verdes, entre otras muchas dependientes del sector público regional.
Pese a que la mayoría de los informes correspondientes al ejercicio 2023 están finalizados —y algunos incluso han sido remitidos a la Asamblea Regional—, a fecha de hoy no figuran publicados en el Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contraviniendo lo establecido por las normas que regulan el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
Un incumplimiento flagrante de la ley autonómica de transparencia
La omisión en la publicación de estos informes supone, según fuentes jurídicas consultadas, una clara vulneración de la Ley 1/2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, cuyo artículo 14 obliga a los órganos del Gobierno regional a publicar activamente la información sobre la gestión económico-financiera, incluyendo expresamente los informes de auditoría y fiscalización del sector público institucional.
Además, esta ley establece que dicha obligación se extiende no solo a la Administración General, sino a todo el conjunto de entidades, organismos y sociedades dependientes del Ejecutivo autonómico, independientemente de su forma jurídica.
A esta norma se suma la Ley estatal 19/2013, que establece idéntico mandato de transparencia en su artículo 8, reforzando la necesidad de que los informes elaborados por los órganos de control financiero estén a disposición del conjunto de la ciudadanía sin necesidad de solicitud previa.
Sin motivos legales para el silencio: la información debe ser pública
Ni la Ley de Transparencia ni la normativa de control financiero contemplan excepciones automáticas a la publicación de este tipo de documentos. Solo podrían quedar exentos de publicidad aquellos informes que contengan información sujeta a protección especial (como datos personales especialmente sensibles), lo que no se aplica en términos generales a los informes de fiscalización, cuyo contenido es de interés público.
De hecho, el contenido de muchos de estos informes ha trascendido a través de filtraciones o comparecencias parlamentarias, lo que confirma que su redacción ha sido completada y su conocimiento es accesible para los poderes públicos. Por tanto, su no publicación solo podría explicarse por una decisión política deliberada de opacidad, no por razones técnicas ni jurídicas.
Un sector público opaco: decenas de millones sin rendición de cuentas
En los últimos años, los informes de la Intervención han destapado prácticas preocupantes en el entramado institucional de la Región de Murcia: contrataciones sin expediente, fraccionamiento de contratos, pagos sin fiscalización previa, ausencia de justificación técnica y económica, o subvenciones concedidas sin criterios objetivos.
Estos informes afectan a un volumen de gasto de decenas de millones de euros anuales, canalizados a través de empresas públicas, fundaciones y consorcios que —a pesar de manejar fondos públicos— escapan del escrutinio directo de la ciudadanía si no se publica esta documentación.
Ocultar estos informes implica una ruptura del principio de rendición de cuentas, erosiona la confianza en las instituciones y coloca a la Región de Murcia en una posición alarmantemente alejada de los estándares democráticos en transparencia administrativa.
El Consejo de la Transparencia podría intervenir
Ante esta situación, las entidades ciudadanas o cualquier persona interesada podrían solicitar formalmente el acceso a los informes a través del Portal de Transparencia. Si la administración regional se niega o no responde, cabe la posibilidad de interponer una reclamación ante el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, que ya ha amonestado previamente al Gobierno regional por incumplimientos similares.
Además, el artículo 23 de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia prevé la responsabilidad administrativa de los altos cargos que incumplan sus deberes de publicidad activa, lo que podría traducirse en sanciones, reproches públicos o incluso responsabilidad disciplinaria, si se demuestra la ocultación deliberada de información.
Una exigencia democrática pendiente
En un momento en que la ciudadanía demanda más control, más eficiencia y más transparencia en el uso del dinero público, la negativa del Gobierno regional a publicar los informes de fiscalización de sus entes públicos no es una simple negligencia, sino un bloqueo deliberado a uno de los mecanismos más importantes para prevenir la corrupción y la mala gestión.
Publicar estos documentos no es una opción política, es una obligación legal y democrática. Si el Gobierno regional tiene algo que ocultar, lo está logrando. Si no tiene nada que ocultar, entonces no hay excusa para seguir incumpliendo la ley.
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