El vínculo entre la directiva pública y la empresa beneficiaria queda reflejado en los registros mercantiles y la documentación oficial publicada en la web del ITREM
La política de subvenciones públicas en la Región de Murcia se enfrenta a un caso inédito de posible conflicto de intereses tras confirmarse que Caravanings Costa Cálida SL, propietaria del conocido camping Villas Caravaning de La Manga, recibió en 2021 una subvención de 193.055,20 euros otorgada por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) cuando María del Mar Martínez Ballester ya ejercía como Directora de la Oficina de Promoción Turística del propio organismo.
La relación entre Ballester y la sociedad no es nueva: antes de figurar como apoderada en el registro mercantil desde 2017, constó como administradora de la empresa, según la información disponible tanto en el propio registro mercantil como en su perfil público de LinkedIn. Esta vinculación se mantenía vigente, al menos en su rol de apoderada, en el momento de la concesión de la ayuda.
Un posible conflicto de intereses en la concesión de fondos públicos
La situación adquiere especial relevancia al analizar la legislación sobre subvenciones y buen gobierno, que exige que los altos cargos públicos se abstengan de intervenir, directa o indirectamente, en la concesión de ayudas a empresas con las que mantienen vínculos de representación. Aunque no consta en la documentación pública si Martínez Ballester participó en el proceso de valoración y adjudicación de la ayuda, su condición de apoderada en la empresa beneficiaria y alto cargo del organismo que gestiona las ayudas constituye un hecho objetivo, acreditado en el Registro Mercantil, su historial profesional y en el propio expediente de concesión de la subvención.
En enero de 2021, María del Mar Martínez Ballester fue nombrada Directora de la Oficina de Promoción Turística del ITREM, según consta en el directorio institucional. Ese mismo año, Caravanings Costa Cálida SL recibió la mayor ayuda regional concedida a un camping dentro de la convocatoria destinada a la reactivación de alojamientos turísticos tras la pandemia: 193.055,20 euros. La documentación oficial de la ayuda —a la que ha tenido acceso LasNoticiasRM— confirma que la empresa figuraba como beneficiaria en esa convocatoria mientras Martínez Ballester ostentaba simultáneamente ambos cargos.
El camping Villas Caravaning: antecedentes de incidentes y situación actual
Caravanings Costa Cálida SL gestiona desde hace años el camping Villas Caravaning, situado en las proximidades de La Manga. El recinto ha sido noticia en repetidas ocasiones, tanto por los graves incendios registrados en 2021 y ejercicios anteriores, como por los daños sufridos durante la DANA de 2019, que obligaron a evacuar a numerosos residentes y provocaron importantes pérdidas materiales. Además, el camping ha sido objeto de inspecciones municipales por deficiencias en seguridad y cumplimiento urbanístico, hasta desembocar en la clausura parcial decretada recientemente por el Ayuntamiento de Cartagena. Las autoridades municipales justificaron esta medida ante la existencia de instalaciones y módulos fuera de normativa, así como informes técnicos que advertían del riesgo para la seguridad de los usuarios.
Cabe destacar que la concesión de la ayuda regional a Caravanings Costa Cálida SL en 2021 se produjo pese a estos antecedentes, algunos de ellos ya conocidos públicamente y documentados por los propios organismos competentes.
Ausencia de la subvención en la Base de Datos Nacional: una obligación de transparencia incumplida
Un elemento especialmente llamativo del caso es que la subvención concedida a Caravanings Costa Cálida SL por el ITREM en 2021, por un importe de 193.055,20 euros, no aparece registrada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Esta base, gestionada por la Intervención General de la Administración del Estado, es el repositorio oficial y obligatorio en el que todas las administraciones públicas deben publicar las ayudas y subvenciones concedidas, tal como exige la Ley General de Subvenciones y las normativas de transparencia y control del sector público.
La ausencia de esta ayuda en la BDNS supone un incumplimiento de la obligación de publicidad y transparencia que rige para todos los organismos públicos, y dificulta el control ciudadano y periodístico sobre el destino y la gestión de los fondos públicos autonómicos. Además, este hecho añade un elemento más de opacidad al expediente, dificultando la trazabilidad y supervisión de las subvenciones concedidas por el ITREM en el marco de las ayudas para la reactivación del sector turístico tras la pandemia.
La correcta publicación en la BDNS no es solo un requisito formal, sino una garantía básica de acceso público a la información sobre el uso de fondos públicos, cuyo incumplimiento puede acarrear responsabilidades administrativas para el organismo concedente. Hasta el momento, no consta justificación pública de esta omisión por parte del ITREM ni de la Consejería de Turismo.
El vínculo en registros oficiales y la transparencia administrativa
El vínculo entre la directiva pública y la empresa beneficiaria no es una hipótesis, sino un hecho acreditado documentalmente: María del Mar Martínez Ballester figura como apoderada (y anteriormente como administradora) de Caravanings Costa Cálida SL en el Registro Mercantil y, al mismo tiempo, ocupaba un cargo directivo en el ITREM cuando la empresa recibió la ayuda. El expediente de concesión de la subvención detalla que el importe fue transferido a la empresa en el marco de las ayudas a alojamientos turísticos reglados por el organismo regional en 2021.
En este punto, la normativa vigente —tanto estatal como autonómica— obliga a los altos cargos públicos a abstenerse y a declarar cualquier incompatibilidad o conflicto de intereses que pudiera afectar a la imparcialidad en la gestión de fondos públicos. No existe constancia pública de que en el expediente de concesión de la subvención a Caravanings Costa Cálida SL se hayan registrado mecanismos de abstención, declaración de incompatibilidad o control específico derivados de la condición de apoderada de la actual directora de Promoción Turística.
Intentos reiterados de recabar la versión del ITREM y de la directora
Desde LasNoticiasRM hemos realizado múltiples intentos de recabar la posición oficial tanto del ITREM como de la propia María del Mar Martínez Ballester sobre los hechos relatados en esta noticia. Se han remitido varias solicitudes de información, tanto al director del organismo como a su gabinete de comunicación, además de haber intentado recabar la opinión directa de la afectada. En ninguno de los casos se ha recibido respuesta alguna a nuestras peticiones, que incluso han sido reiteradas en distintos momentos del proceso de redacción de este artículo.
Un caso que plantea interrogantes sobre ética y control en la administración regional
El caso pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y control en la gestión de fondos públicos en la Región de Murcia. La compatibilidad entre ejercer un alto cargo directivo en la administración turística y figurar simultáneamente como apoderada —y anteriormente como administradora— de una empresa beneficiaria de subvenciones del mismo organismo exige, como mínimo, un escrutinio riguroso y una revisión administrativa de todo el proceso de concesión.
Hasta la fecha, la falta de explicaciones públicas por parte de los responsables institucionales añade aún más inquietud sobre los estándares de integridad y ejemplaridad exigibles en la gestión de los recursos públicos autonómicos. La ciudadanía merece saber si se cumplieron todas las garantías legales y éticas, y si las autoridades actuaron con la diligencia y la transparencia que la situación requería.
Mientras tanto, el caso de Caravanings Costa Cálida SL y la dirección del ITREM se convierte en un ejemplo paradigmático de los riesgos que supone la opacidad en la gestión pública, y en un argumento más para reclamar controles efectivos en la asignación de ayudas, especialmente cuando median vínculos personales o profesionales con los altos cargos encargados de gestionarlas.
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