El PSOE denuncia que la nueva fiscalidad golpea a familias y negocios, y acusa al alcalde de incoherencia y falta de transparencia
La entrada en vigor de la mayor subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que ha vivido Molina de Segura ha encendido la indignación ciudadana y ha puesto al gobierno local, liderado por el Partido Popular con el respaldo de VOX, en el centro de la polémica. A lo largo de este mes, los vecinos han comenzado a recibir los recibos con incrementos nunca vistos, consecuencia de una decisión que, según denuncia el PSOE, contradice de forma flagrante las promesas electorales y los compromisos públicos asumidos por el alcalde, José Ángel Alfonso.
La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha sido rotunda al calificar la medida como una “carga fiscal sin precedentes” que afecta a familias, pedanías, urbanizaciones, comercios y empresas de todo el municipio. Gadea recuerda que el propio Alfonso, durante la campaña electoral, llegó a firmar ante notario que no subiría los impuestos, una promesa que ha sido rápidamente quebrantada con la aprobación de la que ya se considera la mayor subida fiscal de la historia local.
Subida acumulada: el IBI urbano aumenta un 10% y el rústico un 29%
Según explica el PSOE, la subida se articula en dos vías que agravan la presión sobre la economía local. Por un lado, la actualización catastral aprobada implica para muchos inmuebles un incremento adicional del 10% anual durante la próxima década, una circunstancia que se añade a la subida directa de los tipos impositivos: un 10% para el IBI urbano y un 29% para el rústico. Con este movimiento, Molina de Segura pasa a situarse entre los municipios con el IBI rústico más elevado de España, una circunstancia especialmente gravosa para el tejido agrícola y para quienes viven en el entorno rural.
La portavoz socialista alerta de que “el resultado es que muchos vecinos verán cómo su contribución se dispara muy por encima de esos porcentajes iniciales”, advirtiendo que pequeños negocios y empresas afrontan un sobrecoste difícilmente asumible. Este golpe fiscal, sostiene Gadea, reduce la capacidad de invertir y crecer de los comercios locales, afectando de forma directa al empleo y a la economía de proximidad.
Críticas a la gestión y exigencia de revertir la subida
La indignación no se limita al ámbito económico. Desde el PSOE se denuncia también la “falta de coherencia” del alcalde José Ángel Alfonso, quien defendía públicamente que “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”, pero ha acabado “subiéndose el sueldo al máximo legal y reduciendo su dedicación al Ayuntamiento al 75% para continuar con sus negocios privados”. Para la oposición, esta decisión evidencia un doble discurso que debilita la confianza de la ciudadanía en sus representantes públicos y agrava el descrédito de las instituciones.
El PSOE exige responsabilidad y la reversión inmediata de una medida que considera “abusiva y desproporcionada”, reclamando al equipo de gobierno del PP y VOX que rectifique y cumpla con su palabra. Según los socialistas, la subida del IBI se suma a otros recortes en servicios públicos y a decisiones que, lejos de responder al interés general, benefician intereses particulares y debilitan la calidad democrática del municipio.
La noticia ha generado un fuerte malestar entre asociaciones vecinales y colectivos empresariales, que han comenzado a organizarse para exigir mayor transparencia y participación en la toma de decisiones fiscales. Desde la oposición aseguran que seguirán denunciando públicamente cada retroceso en derechos y servicios, y advierten de que la presión social será creciente mientras el gobierno local no rectifique una política fiscal que consideran injusta y ajena a las necesidades reales de Molina de Segura.
La versión del gobierno municipal no ha sido posible recabarla antes del cierre de esta edición, a pesar de haber contactado con el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Molina de Segura tanto por correo electrónico como por vía telefónica.
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